Puigdemont denuncia en la UE «la persecución» de Cataluña mientras negocia la amnistía
El expresident pregunta en el Parlamento Europeo por las omisiones en el Informe sobre el Estado de Derecho 2023
Carles Puigdemont durante una rueda de prensa en Bruselas. | Europa Press
La Comisión Europea volvió a tirar de las orejas a España en julio. El Informe sobre el Estado de Derecho 2023 insistía en la urgencia de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la de separar los mandatos de la Fiscalía General del Estado y del Gobierno. Los eurodiputados Clara Ponsatí, Antoni Comín y Carles Puigdemont acaban de registrar una pregunta en el Parlamento Europeo para denunciar que el documento omite «la persecución política del pueblo catalán por parte de España». La protesta se produce en plenas negociaciones por la investidura de Pedro Sánchez y una eventual amnistía para los encausados del procés.
«El capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en España, del Informe sobre el Estado de Derecho en 2023, no menciona una vez más varios casos de persecución política flagrante y sistémica de los catalanes por parte de España. A modo de ejemplo, aunque menciona brevemente el uso del programa espía Pegasus en lo que respecta a los periodistas, no hace referencia específica al asunto CatalanGate», afirma Puigdemont en la pregunta registrada el pasado 17 de octubre.
La cuestión, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, sostiene que en el denominado CatalanGate, el movimiento nacionalista por la autodeterminación, fueron espiados al menos 65 personas, entre las que figuraban políticos y abogados catalanes. Además, recuerda que el Parlamento Europeo aprobó una recomendación en la que pedía a España «que llevara a cabo una investigación completa, justa y eficaz».
La pregunta de Puigdemont
Puigdemont y sus compañeros también denuncian que el informe omitió otros casos, entre ellos las órdenes de detención «aún en vigor contra políticos catalanes exiliados y los procedimientos judiciales en curso contra ciudadanos y funcionarios catalanes de menor rango que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa recomendó abandonar». El expresident catalán, como Ponsatí y Comín, dejó España tras los sucesos del 1-O para no someterse a la justicia española.
El dirigente independentista fue detenido en Alemania, Bélgica e Italia, pero las autoridades locales rechazaron su entrega hasta que no existiera una resolución firme de la justicia comunitaria. El juez Pablo Llarena, instructor del procés en el Tribunal Supremo, dejó sin efecto las euroórdenes en enero a la espera de que se resolviera la cuestión de la inmunidad. El Tribunal General de la UE (TGUE) falló en julio en contra, pero Puigdemont recurrió ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que tendrá la última palabra.
Los eurodiputados independentistas preguntan por qué la Comisión Europea no informó «sobre esta persecución política» y por qué omitió en el informe casos como el CatalanGate. Lo hacen en plenas negociaciones para la investidura de Sánchez, que necesita el voto de Junts per Cataluña, el partido de Puigdemont, para seguir como presidente del Gobierno y evitar unas nuevas elecciones.
Como contrapartida por su apoyo, el expresident catalán exige una amnistía de largo alcance, que beneficie a todos los encausados del procés. Un petición que genera controversias en la sociedad española, aunque los expertos coinciden en que no existe ninguna mención de esa medida de gracia en la Constitución, lo que no impide desarrollar una ley. El Gobierno argumenta la decisión por la convivencia en Cataluña. Lo considera la mejor solución para supera el conflicto catalán.
Amnistía al procés
Se trata de un instrumento jurídico del poder legislativo que impide el enjuiciamiento penal. A diferencia del indulto, la amnistía olvida los delitos y extingue la responsabilidad de sus autores. Los constitucionalistas consultados sostienen que esta figura se suele utilizar para pasar de un régimen dictatorial a otro democrático, como ocurrió en España en 1977. El Gobierno promulgó entonces una Ley de amnistía que benefició a todos los presos, muchos de ellos con delitos de sangre.
La respuesta a Puigdemont podría tardar varios meses. El expresident catalán ya preguntó el año pasado por la operación de espionaje contra personajes catalanes. El Informe sobre el Estado de Derecho 2022 mencionaba que el Defensor del Pueblo había iniciado una investigación y los eurodiputados independentistas afearon que el texto no especificara que las pesquisas solo se centraban en las 18 personas que habrían sido investigada conforme a la ley.
El último Informe sobre el Estado de Derecho, publicado en julio, reclamaba a España que solucionara la renovación del CGPJ «teniendo en cuenta los estándares europeos» y separe los mandatos de la Fiscalía General del Estado y del Gobierno.
Se trata de las mismas reivindicaciones que había hecho un año antes, tras no observar progreso alguno. Es el cuarto año que la Comisión Europea alerta a nuestro país sobre la necesidad de renovar el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato caducó hace cinco años.
El informe reconocía avances en otros campos, como la mejora en el acceso a la información mediante la propuesta de reforma de la Ley de Secretos Oficiales, de la que llegó a existir un proyecto de ley, aunque quedó en un cajón tras la convocatoria de elecciones. También aplaudía el esfuerzo para legislar sobre los grupos de presión al incluir un registro obligatorio de lobbies.
