Investigan si empresarios vinculados a Tsunami financiaron con criptomonedas a Puigdemont
THE OBJECTIVE accede a un informe de la Guardia Civil que incluye numerosas referencias y pagos con esa divisa
El auge de las criptomonedas no solo coincidió con el procés, también pudo ir de la mano. La Guardia Civil encontró numerosas referencias y pagos con esa divisa en el material que requisó a varios de los empresarios vinculados a Tsunami Democràtic, la plataforma creada por el independentismo para protestar contra la sentencia del 1-O, según informes policiales del caso a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. La investigación apunta indicios de que esa moneda digital sirvió para financiar los gastos del expresidente catalán Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica) y otras actuaciones encaminadas a la independencia.
Los investigadores sostienen que Jaume Cabaní, que fue el primer contable del entramado asociativo de Puigdemont en Bruselas; Josep Campmajó; Xavier Vinyals y otros empresarios estuvieron relacionados con el uso de criptomonedas y con la Casa de la República, la residencia oficial del expresidente catalán a las afueras de la capital belga. Así consta en un informe policial aportado al Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona y que posteriormente fue trasladado a la Audiencia Nacional, según documentos de una causa sobre la que se levantó el secreto de sumario recientemente tras cuatro años sellado a cal y canto.
La Guardia Civil registró el domicilio de Campmajó a finales de octubre de 2020 con el fin de encontrar evidencias sobre una posible malversación de caudales públicos y su relación con las actividades subversivas que vivió Cataluña tras la declaración unilateral de independencia. Tras analizar su ordenador, los agentes encontraron archivos relacionados con el corte de la autopista para protestar contra la sentencia del 1-O.
Puigdemont en Waterloo
El empresario catalán también disponía de mensajes que hacían referencia al uso de criptomonedas, una de las pistas que siguen los investigadores para dilucidar el alcance del desvío de fondos públicos para financiar y promocionar el procés, aunque la futura ley de amnistía podría dejar esos delitos sin efecto. Tres facturas evidencian que la sociedad luxemburguesa Stratorn, representada por Andreu Giró, habría pagado 60.000 euros a la Fundación Universitaria de Girona para realizar cursos de criptodivisa.
«Se desconoce el origen de los fondos para el pago de esos cursos, pero dispone de la cuenta en Luxemburgo Xavier Vinyals (cesado en 2016 como cónsul de Letonia en Barcelona por su cercanía a Puigdemont), quien ha obtenido cuantiosas subvenciones públicas» a través de plataformas ligadas al procés, señala el informe. En el desarrollo de esos cursos se acredita la participación del exconsejero Xavier Vendrell, quien daba cuenta a Puigdemont, Campmajó y Giró.
En uno de los mensajes intervenidos, Vendrell comenta que «el jueves cena con el presi (en posible referencia a Puigdemont) y el viernes vendremos a reunirnos con los de la Universidad de Girona. Me iría bien tener el convenio para enseñarlo el jueves, puede ser?». Campmajó responde que puede contar con ello. En otra conversación, Giró solicita a Vinyals 25.000 euros para pintar la casa. El dinero lo devolverá «en moneda digital». Los investigadores sospechan que el elevado importe fue destinado a otra finalidad.
«Esta conversación cobra especial interés ya que el uso de criptomoneda (…) fue uno de los pilares en los que se fundamentó la petición de intervenciones telefónicas, entre ellas las del dispositivo utilizado por Vinyals», aclara el documento. De hecho, en una charla entre dos antiguos cargos de Junts, Víctor Tarradellas le explica a David Madí que fue el propio Puigdemont quien «me estuvo explicando todo lo que estaba haciendo en base a criptomoneda» durante su último encuentro en Waterloo.
Emisarios rusos
La exconsejera Elsa Artadi declaró el año pasado al juez que Puigdemont le encargó hablar de criptomonedas con emisarios rusos antes de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Tuvo varias reuniones con unos interlocutores que, aseguró, estaban preocupados por la financiación de una república independiente y ofrecieron pagar la deuda pública a cambio de una legislación sobre este tipo de divisas.
El informe remitido al Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona relata que Cabaní había creado una sociedad en Tallín (Estonia) llamada Catalitza Oü, que recibió un pago en criptomonedas por «servicio consultoría posicionamiento» para financiar «billetes a pepito». Los investigadores no descartan que se trate del servicio de una persona que tuviera que desplazarse en avión para determinar la existencia de aparatos de vigilancia encubiertos en la casa en la que reside Puigdemont en Waterloo.
Entre los archivos encontrados en el ordenador de Campmajó existía un PDF denominado Blockchain para monedas de curso legal con información sobre criptomonedas, lo que revela el interés del empresario por esas divisas. Además, existe otro archivo que incluye un presupuesto para la sociedad Stratorn.
A los investigadores les llama la atención que ese documento esté en poder de Campmajó. Creen que eso «le vincula a las gestiones en torno a las criptomonedas (…) para evitar controles técnicos sobre conversaciones y personas». De hecho, en el informe elaborado por la Guardia Civil se observan peticiones de fondos en clave a este empresario catalán a través de aplicaciones de mensajería seguras, aunque se desconoce en qué se empleó el dinero.
Mensajes con Valtònyc
En uno de los mensajes que recuperaron los agentes un desconocido comenta a Campmajó que tiene un problema: no sabe si otras dos personas han negociado con el propietario de una nave el monto del alquiler, pero que él no tiene dinero para pagar la mensualidad hasta que no lo paguen lo que les deben de la Universidad de Girona. Para los investigadores, ese texto refuerza su tesis y el pago del alquiler a través de la sociedad de Cabaní, relacionada con el uso de criptomonedas.
Campmajó también intercambia mensajes con Valtònyc, que huyó a Bélgica en mayo de 2018, un día antes de entrar en prisión por injurias a la Corona, enaltecimiento del terrorismo y amenazas en las letras de sus canciones. El rapero, que volvió a España el pasado mes tras prescribir la pena, facilitó una cuenta alemana a su nombre al empresario catalán para realizar el pago, aunque los investigadores desconocen a lo que se refiere. El banco elegido operaba con criptomonedas.
No es el único que pide fondos a Campmajó. Otro perfil, con el nombre As de Copes, le solicita el pago de la cantidad solicitada a través de criptomonedas. Los agentes sostienen que el contenido de los mensajes, difundidos a través de aplicaciones seguras, «suscita dudas razonables para creer que esos pagos tengan un origen público, o así la finalidad que pretenden».
Las criptomonedas pudieron servir para financiar a Puigdemont, pero también para pagar gastos del procés o actos organizados por Tsunami Democràtic, ya que las conversaciones intervenidas reflejan la participación de Campmajó y otros empresarios en el empleo frustrado de drones durante un partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid o en una marcha que tenía como objetivo bloquear los accesos al aeropuerto de Barajas. Los agentes también encontraron archivos que vinculaban al empresario catalán con los Comités de Defensa de la Revolución (CDRs), las organizaciones civiles que se arrogaron la defensa del 1-O.