'Caso Tsunami': el juez desoye al fiscal y admite como víctimas de terrorismo a dos policías
El juez da traslado a los agentes, que alegan ser víctimas de «terrorismo callejero», del recurso del Ministerio Público
Imagen de archivo de los disturbios alentados por Tsunami Democràtic en 2019. | Europa Press
El juez Manuel García Castellón ha aceptado la solicitud de los dos agentes de Policía Nacional que pidieron personarse en el caso Tsunami Democràtic como perjudicados por los presuntos delitos de terrorismo investigados. En una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el magistrado de la Audiencia Nacional ha acordado darles traslado del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía el pasado 10 de noviembre contra la imputación de una decena de empresarios, activistas y políticos independentistas. Entre ellos, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y la número dos de ERC, Marta Rovira.
El Juzgado Central de Instrucción número 6 admite la personación como acusación particular de los agentes de la Policía Nacional que resultaron heridos de gravedad durante los disturbios generados en 2019 por Tsunami Democràtic en Cataluña. Uno de ellos se encuentra incapacitado para trabajar desde entonces y ha sido jubilado con 45 años por las lesiones sufridas. Habían solicitado su personación el 14 de noviembre, alegando ser víctimas de un posible delito de «terrorismo callejero», tal y como adelantó este diario, cuatro días después de que la Fiscalía desacreditase la investigación y redujese la causa a meros delitos de desórdenes públicos.
Ambos agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP), según la denuncia interpuesta en su representación por el despacho Fuster-Fabra Abogados, resultaron heridos en el marco de una protesta de Tsunami Democràtic en la plaza de Urquinaona de Barcelona por manifestantes independentistas que asediaron durante la tarde del 18 de octubre de 2019 los alrededores de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona. Aseveran que las lesiones producidas por los manifestantes convocados a una huelga general aquel día por la plataforma independentista fueron consecuencia de «actos de terrorismo callejero» y «kale borroka».
Giro del fiscal en el ‘caso Tsunami’
La Fiscalía recurrió el 10 de noviembre la decisión de García Castellón de llamar a declarar como imputados a una decena de investigados por sus supuestos vínculos con Tsunami Democràtic. Después de cuatro años de investigación bajo secreto de sumario, el Ministerio Público desacreditó el auto del juez en el que se daban por acreditados suficientes indicios de terrorismo. Acciones que habrían tenido por objetivo «provocar grandes perjuicios económicos a las principales estructuras del sistema económico» de España, mediante bloqueos y protestas en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, la frontera terrestre con Francia y otras infraestructuras críticas. Hechos que quedarán impunes cuando se apruebe la ley de amnistía pactada por PSOE y Junts que ha sido registrada en el Congreso por el partido de Sánchez.
Desde 2019 la Fiscalía había apoyado sin fisuras continuar con la investigación al apreciar indicios de delito de terrorismo señalados en ingentes y extensos informes de la Guardia Civil. Sin embargo, el pasado 10 de noviembre, justo después de culminarse las negociaciones entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez a cambio de la amnistía al independentismo y los líderes del procés, el Ministerio Público dejó de ver indicios de terrorismo. Y, en un giro de 180 grados, pidió reducir la tipificación de los posibles delitos a meros desórdenes públicos -incluidos en la amnistía- para dar carpetazo al caso Tsunami en la Audiencia Nacional y remitir las actuaciones a los juzgados de Barcelona.
«Entiende este Ministerio que lo actuado en este tiempo, cuatro años desde la incoación de las presentes diligencias no ha arrojado elementos indiciarios que permitan sostener la existencia de una organización o grupo criminal ni tampoco su carácter terrorista que sería el que justificase la competencia de la Audiencia Nacional», señaló la Fiscalía en su recurso. Palabras que dio por reproducidas una semana después, al recurrir de nuevo directamente en apelación contra la decisión del juez García Castellón de plantear al Tribunal Supremo que asuma la causa por tratarse de delitos de terrorismo y por estar entre los investigados dos personas que podrían estar aforadas: el propio Puigdemont y el diputado autonómico catalán Rubén Wassenberg.
La Sala de lo Penal decidirá
A pesar de que hasta en dos ocasiones la Fiscalía ha recurrido ya ante la Sala de lo Penal para evitar la imputación por terrorismo de Puigdemont, Rovira y el resto de independentistas investigados en el caso Tsunami Democràtic, el juez sigue con su hoja de ruta. Sin esperar a que la Sala de lo Penal decida sobre la pertinencia o no de mantener las imputaciones por terrorismo, García Castellón ha aceptado la personación de los dos agentes de la Policía Nacional que denuncian ser víctimas de terrorismo callejero promovido por Tsunami y sus presuntos responsables. Y lo hace sin esperar tampoco a que el tribunal dilucide sobre si la causa debe seguir en la Audiencia Nacional, ser elevada al Tribunal Supremo o continuar -como pide la Fiscalía- en los juzgados de Barcelona.
El escrito presentado por los dos agentes heridos en Urquinaona apunta en la dirección opuesta a lo señalado por la Fiscalía. En su relato de los hechos, ambos explican que formaron parte del dispositivo puesto en marcha para evitar un asalto a la Jefatura Superior de Policía. Alegan que fueron objeto de lo que describen como «terrorismo callejero» y actos de «kale borroka». Aquel 18 de octubre de 2019, la plataforma Tsunami Democràtic había convocado a una huelga general y a distintos actos de protesta contra la sentencia del Tribunal Supremo por la que fueron condenados los líderes del procés independentista.
