El Supremo confirma la condena al 'Pequeño Nicolás' por falsificar el DNI para la selectividad
La Audiencia Provincial de Madrid le sancionó con un año y nueve meses de prisión por falsedad documental
El Pequeño Nicolás departe con sus abogados antes de un juicio. | A. Martínez Vélez (Europa Press)
La primera de las sanciones que cercan al Pequeño Nicolás ya es firme. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de un año y nueve meses de prisión y multa de 2.700 euros a Francisco Nicolás Gómez Iglesias por delito de falsedad en documento oficial por falsificar su DNI para que otra persona pudiera presentarse en su lugar a la prueba de selectividad en septiembre de 2012. El joven, de 29 años, se ha enfrenado a cinco juicios. En cuatro de ellos ha sido condenado a 12 años y medio de prisión por diversos delitos, aunque ha recurrido las penas.
El Pequeño Nicolás puso la foto de otra persona en su documento de identidad para que esta hiciera los exámenes de acceso a la universidad en su nombre. La Sala desestima íntegramente los argumentos del escrito de adhesión presentado por Gómez Iglesias al recurso de otra de las acusadas. El acusado reprochaba a la sentencia no contar con suficiente motivación y proporcionalidad, así como vulneración del derecho de defensa y a un juicio justo con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva.
El Supremo sí estima el recurso presentado por la funcionaria del Ministerio del Interior que llevó a cabo «la refabricación por deterioro» del DNI del Pequeño Nicolás, operación en la que se incluyó la foto de la persona que iba a presentarse por él en la selectividad. En cambio, anula la multa de 2.700 euros por el delito de falsedad en documento oficial cometido por una funcionaria pública por imprudencia grave.
La primera condena del Pequeño Nicolás
La sentencia, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, destaca que no había quedado acreditado que la mujer se hubiese percatado de que la foto no era del Pequeño Nicolás, sino de la otra persona, ni que se hubiera concertado con el primero ni directamente ni por persona interpuesta, ni que esta obrara a sabiendas de la falsedad del documento emitido.
El Supremo no considera probados los hechos que las acusaciones presentan: la existencia de un concierto previo para falsificar un documento de identidad, los hechos fundantes del alternativo delito de imprudencia, desligándose de los invocados por las acusaciones (tales como el eventual parecido entre el aspecto que presentaba el Pequeño Nicolás el día de los hechos con la fotografía que aportó o las posibilidades de las que la acusada disponía para descubrir la añagaza), puedan ser incorporados al relato de los probados, supliendo así indebidamente las funciones que corresponden a la acusación, con los demoledores efectos que ello proyecta sobre el derecho de defensa».
La Audiencia Provincial de Madrid ya consideró probado en junio de 2021 que en el examen de selectividad de septiembre de 2012, el Pequeño Nicolás planeó la suplantación con un amigo, para lo cual pidieron un duplicado del DNI del primero, pero usando la foto del segundo. Los jueces no consideraron probado entonces que la funcionaria de Policía se percatara de que la foto no era del titular del documento «pese a que se hallaba en condiciones de hacerlo de haber prestado una mínima atención» ni que formara parte del plan.
Eso sí, el tribunal reconoció que la causa se había dilatado de forma indebida, dado que se inició en 2015 y el auto de apertura de juicio oral se dictó en 2018, aunque no se celebró hasta mediados de 2021. La Audiencia Provincial también condenó al amigo que hizo el examen en nombre del Pequeño Nicolás, Manuel A.S., a un año de prisión por el mismo delito, mientras que a la funcionaria de Policía que permitió la falsificación le impuso una condena de nueve meses de prisión, ahora revocada.
El Pequeño Nicolás se ha enfrentado a cinco juicios. Ha sido condenado en cuatro de ellos a un total de 12 años y medio de prisión, aunque ha recurrido todas las condenas al Tribunal Supremo. Se le acusa, entre otras cosas, de usurpación de funciones públicas y un delito de falsedad documental al haberse hecho pasar por un enviado del Gobierno de Mariano Rajoy y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en la venta de un inmueble. Solo por ese caso fue condenado a tres años y medio.
