Tensión en el CGPJ: los progresistas rechazan valorar las críticas del Gobierno a los jueces
Los vocales se reunirán el 2 de septiembre para desbloquear la elección del presidente
Los vocales del CGPJ reunidos durante la sesión constitutiva. | EFE
Un mero trámite se ha convertido en la enésima prueba del distanciamiento que existe en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los vocales conservadores han reclamado este lunes sin éxito incluir un punto en el orden del día para defender a los jueces que han sido atacados por el Gobierno. El bloque progresista ha rechazado la propuesta al entender que excedía sus competencias al no tratarse de un tema reglado y no responder a una cuestión de urgencia. El Pleno ha aprobado 112 acuerdos sobre asuntos «urgentes e inaplazables» y ha convocado una nueva reunión el 2 de septiembre para elegir a su presidente, aunque las partes siguen alejadas.
«Desde la constitución de este CGPJ, el día 25 de julio de 2024, se han producido declaraciones públicas de miembros del Gobierno de la Nación, que consideramos exceden de lo que es el legítimo uso de la libertad de expresión y de las críticas moderadas y racionales a las resoluciones judiciales, siempre susceptibles de impugnación por los cauces legales dispuestos al efecto», afirma la propuesta que los vocales conservadores han llevado al Pleno de este lunes. Los progresistas han rechazado incluirla en el orden del día, por lo que ni siquiera se ha debatido.
El texto, al que ha accedido THE OBJECTIVE, subraya que «afirmar que el Tribunal Supremo se extralimita al interpretar una ley, cuando esta es la función principal que le atribuye la Constitución a los órganos judiciales, o atribuirle una actuación que no hay por donde cogerla, y anunciar que la interpretación realizada no prevalecerá sino que lo único que van a conseguir de esta manera es retrasar la implantación y la implementación de una ley a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie, junto con el resto de descalificaciones vertidas ante los medios de comunicación, son manifestaciones fuera de los límites que exige la separación de poderes y el respeto entre los mismos».
Un presidente para el CGPJ
El ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró la semana en RNE que «los tribunales no pueden extralimitarse en su interpretación de la amnistía». Criticaba así la decisión de los jueces del Supremo, que rechazan amnistiar los delitos de malversación en el procés. La postura complica el futuro de la ley, en vigor desde el pasado 11 de junio. El dirigente socialista reprochó a los jueces sus «valoraciones políticas» y anticipó que las discrepancias con el Gobierno las acabaría resolviendo la corte de garantías. Lejos de desacreditar sus palabras, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, insistió en los ataques a los jueces, aunque rebajó el tono.
«En su día ya mostramos nuestra discrepancia con los argumentos jurídicos y con las valoraciones políticas que hacía el Tribunal Supremo», aseguró Bolaños el pasado martes en Almería ante la atenta mirada de Puente. A continuación, instó a que la sala de apelaciones del Supremo se pronuncie sobre los «potentes» argumentos jurídicos que propone la ley de amnistía. Los jueces consideran que esas declaraciones esconden el relato del lawfare que lanzaron desde la tribuna del Congreso los diputados independentistas al inicio de esta legislatura. Eso ha llevado a los vocales conservadores del CGPJ a pedir que este se pronuncie.
En opinión de este bloque del CGPJ, con estas manifestaciones solo se consigue «el desgaste de la justicia y el cuestionamiento de su independencia». E insisten: «No hay democracia ni Estado de Derecho sin un Poder Judicial independiente que se perciba como tal por los ciudadanos. Resulta especialmente grave las referidas manifestaciones no solo por provenir de personas con altas responsabilidades institucionales, sino, también, y especialmente, por obviar los llamamientos que tanto el Pleno como la Comisión Permanente de este órgano vienen realizando».
Los vocales progresistas han rechazado incluir la propuesta en el orden del día al entender que el tema excede las competencias de un CGPJ que carece de presidente. Además, sostiene que no se trata de un tema reglado y tampoco de una cuestión de urgencia, los dos requisitos necesarios que han acordado ambas partes para adoptar decisiones en la situación actual. Eso es lo que han hecho este lunes al aprobar 112 acuerdos en relación con asuntos considerados urgentes e inaplazables, según señala un informe elaborado por el Gabinete Técnico.
Nueva reunión en septiembre
La mayoría de los acuerdos aprobados están relacionados con el régimen jurídico de jueces y magistrados: excedencias voluntarias para el cuidado de hijo, reingreso al servicio activo en la Carrera Judicial, solicitudes de inclusión en planes anuales de sustitución; licencias por asuntos propios, por estudios relacionados con la función judicial o por enfermedad; solicitudes de compatibilidad, jubilaciones y prolongaciones en el servicio activo. Los vocales volverán a reunirse con la intención de elegir al nuevo presidente del CGPJ el 2 de septiembre, tres días antes del inicio del año judicial.
El bloqueo para nombrarlo es absoluto: los progresistas defienden que el cargo recaiga en una mujer, pero los conservadores se niegan a apoyar a sus candidatas. Tras una decena de votaciones, ningún aspirante ha obtenido el apoyo de tres quintos del pleno, lo que supondría el respaldo de 12 vocales. Se trata del requisito que incluyeron PSOE y PP en el pacto que alcanzaron a finales de junio para reforzar las mayorías. Quienes más votos han obtenido hasta ahora son Pilar Teso y Pablo Lucas, 10 cada uno. Para que exista fumata blanca, al menos dos miembros del CGPJ deben cambiar de bando.
