El juez del 'caso Koldo' cita como testigo al comisario de confianza de Marlaska
El magistrado también llama a declarar a los autores de la auditoría de Transportes sobre la compra de mascarillas
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, este martes en el Consejo de Ministros. | Gustavo Valiente (Europa Press)
El juez del caso Koldo impulsa la investigación. Ismael Moreno ha dictado este martes tres autos en los que acuerda citar a declarar como testigo al director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez González. Conocido en los ambientes policiales como Lenin, se trata de uno de los comisarios de confianza del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El magistrado también llama a declarar a los autores de la auditoría del Ministerio de Transportes que señalaba a José Luis Ábalos por la compra de mascarillas y solicita documentos a los servicios sanitarios de Baleares y Canarias.
En tres autos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el juez del caso Koldo ha resuelto las últimas peticiones de las acusaciones populares y de la Fiscalía Anticorrupción en la investigación por las presuntas comisiones en las adjudicaciones de mascarillas durante la pandemia. Una de las personas que tendrá que declarar es Rodríguez González, considerado una de las personas de confianza de Marlaska.
El asesor del exministro Ábalos, Koldo García, ofreció el contactos de la empresa investigada, Soluciones de Gestión, al director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. No obstante, las gestiones las hizo Daniel Belmar, subdirector de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios de la Secretaría de Estado de Seguridad durante la pandemia, ya jubilado.
Impulso al ‘caso Koldo’
Belmar apuntó a Rodríguez González durante su declaración ante la Guardia Civil y en la comisión de investigación del Senado. Preguntado por qué cumplió una orden de este alto cargo pese a no ser su superior, señaló que lo hizo porque lo que decía Lenin «es como si me lo dijera el ministro». El 20 de abril de 2020, la Secretaría de Estado del departamento que dirige Marlaska adjudicó un contrato a Soluciones de Gestión para la compra de un millón de mascarillas por 3,5 millones de euros. I
El juez del caso Koldo también solicita un oficio a la Policía para que informe «sobre el número exacto de evidencias digitales intervenidas, así como del estado del clonado y extracción de información» de los dispositivos intervenidos. Además, accede a la petición de Liberum, que avanzó este diario, para la práctica de testificales que esclarecezcan la falta de justificación de la recepción de las mascarillas que compró Ábalos a la empresa investigada. Esta acusación popular solicitó al magistrado que citara a declarar a los autores y colaboradores de la auditoría elaborada por el departamento que dirige Óscar Puente para «que informen sobre la ausencia de albaranes o actas de recepción y entrega» de los cubrebocas.
El informe solo acredita el reparto de cinco millones de mascarillas de los 13 que se compraron a Soluciones de Gestión. Liberum también pidió que se citara a declarar al propietario de Raminatrans, la empresa encargada del transporte, a lo que ahora accede el juez. También llama a declarar al jefe de Presupuestos y Contratación del Ministerio de Transportes, Jorge Meana, y al secretario general y del Consejo de Correos, Julio González García.
El magistrado Ismael Moreno accede a la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción y solicita a los Servicios de Salud de Baleares y de Canarias una copia de los correos electrónicos corporativos de varios altos cargos en el momento en el que se compraron las mascarillas. Esta diligencia llega después de que el Tribunal Supremo indicara que el órgano competente para indagar sobre las actividades de la trama en estas comunidades era la Audiencia Nacional y no la Fiscalía Europea.
«Ninguna incidencia»
La petición se centra en los documentos de Antonio Mascaró, que entonces era subdirector de Compras y Logística de Baleares. Se trata de la persona que firmó el 12 de agosto de 2020 un certificado en el que constaba, a petición de Soluciones de Gestión, que no se tenía «conocimiento» en ese momento «de ninguna incidencia» y que los suministros realizados durante ese año habían sido satisfactorios. También solicita los emails del director general de la Consejería de Salud balear, Julio Miguel Fuster, y de la directora de Recursos Económicos de Canarias, Ana María Pérez Afonso.
El instructor del caso Koldo también ordena que le remitan toda la documentación sobre los contratos adjudicados por ambas comunidades a Soluciones de Gestión que no se hubiesen proporcionado a la Fiscalía Anticorrupción. Respecto a otro de los principales investigados, el empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama, el juez ha pedido a la Agencia Tributaria que investigue las cuotas que ni él ni la empresa investigada habrían pagado a Hacienda.
