El padre que cerca a un alto cargo de Justicia: «La manipulación se hizo en el ministerio»

Un padre coraje. Pablo Martínez se ha ganado el calificativo a pulso tras años de dura batalla. Este abogado leonés mantiene desde 2022 una lucha titánica por la custodia de sus tres hijos. Durante dos años y medio ha tenido que visitarles en las dependencias de la Asociación para la Protección del Menor (Aprome) ante la presencia de un funcionario como intermediario. La condena se alargó cinco meses más de lo necesario porque una juez ocultó en un cajón un informe del fiscal que le era favorable.

Martínez pudo disfrutar de sus hijos el pasado fin de semana. Después de tanto tiempo, había motivos para celebrar. La fecha coincidió con el cumpleaños de su hijo mayor, el protagonista de la historia que le ha llevado a poner en jaque al sistema. El origen de los hechos se remonta a marzo de 2022, cuando el menor compareció en un proceso de custodia ante el Juzgado de Violencia de la Mujer número 1 de Valladolid, del que entonces era titular Emilio Vega.

El juez solicitó a los presentes, excepto a un funcionario que nunca se identificó, que abandonaran la sala para no coartar al menor. Vega se basó en su testimonio para darle la custodia exclusiva a la madre y limitar los encuentros con el progenitor. La grabación de la sesión está en perfecto estado, excepto la parte que corresponde al niño, que entonces tenía 12 años. El audio fue alterado presuntamente de forma artificial mediante lo que se conoce como «ruido rosa», según constató un informe pericial.

Denuncia contra Justicia

Al percatarse de que era inaudible e irrecuperable, Martínez denunció lo sucedido ante la Guardia Civil en Madrid, donde se ubica la Dirección General de Transformación Digital. La titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid imputó a su director general, Aitor Cubo, subordinado de Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, por la presunta manipulación del audio. Su declaración debió producirse el pasado martes, pero el juicio se suspendió tras alegar que no disponía de una copia de la grabación.

PREGUNTA.- Usted está inmerso en un proceso contra un alto cargo de Justicia, ¿por qué?

RESPUESTA.- El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid está investigando el borrado y la manipulación de la grabación de la declaración que hicieron a mi hijo en un juzgado. Mi hijo fue al juzgado a declarar y su grabación fue borrada y manipulada de forma premeditada. Estos hechos gravísimos los puse en conocimiento de la Guardia Civil y esta ha sido la que ha hecho su correspondiente denuncia y lo ha trasladado al juzgado que a día de hoy está investigando.

P.- ¿Quién manipula el audio judicial y por qué?

R.- Esa es la pregunta que quiero que conteste el juzgado de Instrucción. Los hechos son gravísimos. Mi hijo fue al juzgado, fue a declarar, a contar lo que él quiso contar, y su declaración fue borrada y manipulada. ¿Por qué? Esa es la contestación que yo quiero que me den.

P.- ¿Por qué a su hijo?

R.- Eso quiero saber. Pero igual que le ha ocurrido a mi hijo, le puede ocurrir a cualquier persona o ciudadano que vaya a un juzgado. La manipulación de la grabación y el borrado se han hecho desde el propio Ministerio de Justicia. Así está constatado con un informe pericial que se aportó en su momento a la Guardia Civil y esta ha trasladado al juzgado de Instrucción.

P.- ¿Y por qué no se repite la declaración?

R.- No se puede. Mi hijo ya no va a volver a tener 12 años ni va a volver a estar en una situación como la que estaba. Él tuvo una oportunidad, la aprovechó y contó lo que quiso contar. Pero ha habido alguien que planificó que su declaración fuese borrada, que la borró. Lo que no sabemos es por qué lo hizo o qué buscaba.

«Hubo alguien que planificó que su declaración fuese borrada, que la borró. Lo que no sabemos es por qué lo hizo o qué buscaba»

P.- ¿Por qué sufre esta situación?

R.- Al principio, cuando me informaron de lo que estaba pasando, no daba crédito. Que en un país como España, donde hay una democracia aparentemente consolidada, donde hay un Estado de derecho y las administraciones deberían funcionar, esté ocurriendo esto, en la sede del Ministerio de Justicia… Que se pueda borrar la declaración de un chaval de 12 años, pues la pregunta que yo me hago es: ¿esto puede pasar en otras circunstancias, en otros pleitos y con otras personas? Por lo que hemos conocido, la respuesta es sí. Y es gravísimo.

P.- ¿Y ahora qué?

R.- Eso es lo que el juzgado de Instrucción debe aclarar. Tiene que investigar y llegar hasta el final. Si se puede hacer esto, en este caso aparentemente sí, porque tenemos prueba de ello, si se ha podido repetir y si se puede repetir en el futuro.

P.- ¿En qué situación está el procedimiento?

R.- La investigación de la manipulación sigue adelante, como no puede ser de otra manera. Aitor Cubo está imputado y declarará ante la juez porque en un Estado de derecho se debe actuar así. Mire, de esa prueba dependía el futuro de mis tres hijos, aunque solo declaró el mayor. Acto seguido, sus vidas cambiaron radicalmente. Dejó el vaso de leche por la mañana a medio beber porque llegábamos tarde al colegio y no ha podido volver a casa en más de dos años y medio, con las secuelas que eso le ha causado. Mi hijo debe saber quién y por qué le han destrozado la vida.

P.- Parece muy duro.

R.- Queremos saber qué decía el niño. Quién ha ordenado borrar el contenido. Una pericial realizada por dos ingenieros informáticos ha concluido que fue sobregrabado de forma premeditada para que su voz no se pueda escuchar, lo que quiere decir que alguien ha tenido la voluntad de intervenir y borrar lo que dijo un menor. Esta barbaridad no puede quedar impune.

P.- ¿Se siente víctima de un acoso institucional?

R.- Yo no soy la víctima. La víctima es mi hijo. Yo soy un padre que pelea por su hijo, como hacen todos los padres y madres de España que cada día se esfuerzan por sus hijos. La Guardia Civil hizo suya la denuncia que interpuse y por eso hoy estamos en este punto.

P.- La Abogacía del Estado pretende defender al alto cargo imputado, ¿qué le parece?

R.- La Abogacía del Estado no debe intervenir. Solo puede actuar, según la norma, cuando defiende a una autoridad como consecuencia del legítimo desempeño de sus funciones o cargos. O cuando hubiera cumplido orden de la autoridad competente. Manipular una grabación en ningún caso forma parte del legítimo desempeño de su cargo como director general de transformación. Por eso es por lo que se le está investigando. Aun en el hipotético caso de que le hubieran dado una orden, por un superior jerárquico, la orden sería igual de ilegal. Y también habría que investigarlo.

P.- ¿Ha pensado alguna vez en tirar la toalla?

R.- En ningún momento he pensado abandonar ni en tirar la toalla. Creo que los que sean padres me entenderán. Por un hijo haces cualquier cosa. Cualquier cosa. Tengo muy claro cuáles son las reglas y cuál es el camino adecuado. Soy abogado en ejercicio. Sé perfectamente cuáles son los mecanismos que un Estado como España me brinda para poder perseguir y exigir que se aclare y se busque la verdad. Y es lo que estoy haciendo.

«Tengo muy claro cuáles son las reglas y cuál es el camino adecuado. Soy abogado en ejercicio»

P.- ¿Comparte la idea de que existe lawfare en España, como han expresado algunos miembros del Gobierno?

R.- Los jueces en España son independientes y profesionales. Tengo la suerte de tratar a diario a jueces y fiscales que son magníficas personas, pero es fundamental que cuando se ejercen estas profesiones exista neutralidad y objetividad. Y sobre todo, que se admitan las pruebas. Si no existe igualdad de armas en un proceso, mal vamos.

P.- ¿Entonces?

R.- En mi opinión, el Gobierno debería ser el primero en respetar al Poder Judicial. Y aún más importante, que no se inmiscuya en su labor, que promueva y defienda su respeto, pero cuando hay desmanes hay que aplicar también la ley y no encubrirlo. Y ahora, el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid investiga al director general de Transformación Digital del Ministerio de Justicia por borrar y manipular el audio de la declaración que mi hijo hizo en sede judicial.

P.- Continúe.

R.- En su departamento, que depende directamente de Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes Óscar Puente, se graban todas las declaraciones judiciales que se producen en las 640 salas que dependen del Ministerio de Justicia.

P.- ¿Qué quiere decirme?

R.- Pues que es muy importante que la juez llegue hasta el final en esta investigación porque, hoy por hoy, nadie puede garantizar que desde el departamento de Aitor Cubo no se hayan hecho otras manipulaciones o borrados. No es un problema mío, es un problema de todos los españoles. Significa que el Gobierno se está inmiscuyendo en las investigaciones judiciales.

P.-  Ya que habla de Óscar Puente, ¿le ha denunciado por injurias?

R.- Puente se ha personado como denunciante en una causa contra mí por presuntas injurias por haber retuiteado unas noticias. También me ha denunciado por injurias su hermana, Sofía Puente, que como sabe es la número dos de [Félix] Bolaños y la jefa directa de Aitor Cubo.

P.- ¿A dónde quiere llegar?

R.- A usted todo esto le puede parecer extraño. Hasta que yo le diga que el fiscal que actuó en el caso de mis hijos es el marido de Sofía Puente y el cuñado del ministro. Me refiero a Manuel Javato, a quien tuve que poner una denuncia en la Fiscalía General del Estado.

P.- ¿Y el ministro?

R.- Óscar Puente, como ministro, creo que debería ser el primer defensor de la libertad de expresión. A los españoles nos costa que la ejerce todos los días en redes sociales. A mí me parece bien que opine con libertad, pero creo que desconoce lo que ocurre con mis hijos.

P.- ¿Qué mensaje le enviaría?

R.- Él es padre como yo. Estoy seguro de que si en su proceso de divorcio le hubieran hecho lo que le han hecho a mi hijo mayor reaccionaría igual que yo, buscando la verdad. Sin embargo, parece que esté intentando tapar con esta denuncia absurda lo que ha pasado en el departamento que dirige su hermana. Nadie, ni siquiera el Gobierno, puede interferir en los asuntos judiciales.