Aldama admitió a su socio venezolano en 2020 que trabajaba para montar una trama
Giménez le habló de una supuesta «red Ábalos» y el comisionista del ‘caso Koldo’ le reveló que «algo se estaba haciendo»
El exministro José Luis Ábalos, el empresario venezolano Jorge Giménez y Víctor de Aldama. | Ilustración de Alejandra Svriz
El juez del caso Koldo ha dado el primer paso para imputar a José Luis Ábalos. Ismael Moreno ha enviado una exposición razonada al Tribunal Supremo al considerar que el exministro de Transportes tenía un «papel principal» en la trama. Entre otros delitos, el magistrado le acusa de tráfico de influencias, ya que «consta acreditada» su intervención en la adjudicación de los contratos de las mascarillas a Soluciones de Gestión en marzo de 2020. Dos meses más tarde de aquella operación, el empresario Víctor de Aldama admitió a un socio venezolano que «algo se estaba haciendo» para montar una supuesta red de negocio.
Aldama transmitió el 20 de mayo de 2020 al empresario Jorge Andrés Giménez que tenía una información relevante que contarle. Seis días más tarde, sin mediar contexto alguno, el actual presidente de la Federación Venezolana de Fútbol le remitió una captura de pantalla que exponía una supuesta «red Ábalos». El empresario le desmintió la existencia de esa estructura: «No te creas todo lo que dice la prensa». No obstante, le señaló que «algo se estaba haciendo». Eso sí, le instó a abordar el asunto en persona.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que ese mensaje denota la adopción de medidas de seguridad. Hay que recordar que Aldama otorgaba una gran importancia a este tema, hasta el punto de que los miembros de la trama llegaron a comunicarse de forma segura a través de teléfonos móviles de «usar y tirar». El propio Ábalos habría utilizado uno de esos terminales, según los investigadores.
Los pagos de Aldama
El juez que instruye el caso Koldo también imputa al exministro un presunto delito de cohecho. Los agentes de la UCO afirman que Ábalos, al que los miembros de la trama se referían como «el jefe», habría recibido «contraprestaciones» por su «mediación» para beneficiar a Aldama con las adjudicaciones de los contratos de mascarillas. El que fuese número tres del PSOE también habría usado su influencia a través de su asesor, Koldo García, para beneficiar al empresario en un proyecto para realizar test PCR y ayudarle a obtener una licencia en el sector de hidrocarburos.
La auditoría que publicó a finales de agosto el departamento que lidera Óscar Puente puso en un brete a Ábalos. Transportes solo ha podido acreditar con documentos el reparto de cinco millones de mascarillas de los 13 millones que se compraron a Soluciones de Gestión, la empresa investigada en el caso Koldo. El informe revela que el exministro amplió la cantidad de mascarillas del primer pedido de cuatro a ocho millones de unidades en apenas 38 minutos tras modificar la orden ministerial del 20 de marzo de 2020.
El negocio de los cubrebocas solo fue el principio. Los tentáculos de la trama Koldo alcanzaron a distintas administraciones regionales para realizar pruebas PCR. El Gobierno riojano rechazó la operación, como sucedió meses antes con la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión. Sin embargo, logró introducirse en Canarias con tres contratos por 5,3 millones de euros y otro en Baleares por valor de 1,1 millones.
Aldama se apoyó para semejante tarea en sus socios Ignacio Díaz Tapia, Javier Serrano y César Moreno, los mismos que le habrían ayudado a despatrimonializar sus bienes en España a través de un complejo entramado. El comisionista de las mascarillas volvió a ser arrestado el pasado 7 de octubre junto a otras 13 personas por un presunto fraude de 182 millones en el sector de los hidrocarburos. Los investigadores subrayan que el empresario tiró de la influencia de Ábalos para conseguir una licencia a favor de Villafuel.
Ayuda del empresario venezolano
Los investigadores sostienen que existía un patrón general de comportamiento por el que el comisionista de la trama pagaba «de manera recurrente y periódica» a Koldo García una cantidad fija de 10.000 euros mensuales. Gracias a esos pagos, el empresario se favorecía de la influencia de Ábalos, que «actuaba en beneficio de Aldama y de sus empresas». Sin embargo, esas retribuciones pusieron en más de una ocasión en apuros a Aldama, que tuvo que recurrir a varias fuentes de financiación «al carecer de un flujo constante de dinero en metálico».
Giménez fue uno de los acompañantes de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en su polémico viaje a Madrid en enero de 2020. Las fuentes consultadas apuntan a que, presuntamente, sería su testaferro. Sea como fuese, el empresario no era un socio cualquiera de Aldama. El comisionista de la trama de mascarillas le solicitó dinero en metálico el 12 de mayo de 2020 «para seguir alimentando la máquina». La petición se produjo poco después de que Soluciones de Gestión consiguiera las adjudicaciones. «Que me va a pagar lo tengo claro, pero ya sabes cómo funciona el Gobierno para pagarte», le insistió.
El empresario venezolano está vinculado al chavismo. Según los medios del país latinoamericano, se trata del deudor más grande de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA). Las facturas impagadas a través de las compañías Panglobal Energy SMC LTD y Ripple Oil Trading LTD superarían los 1.200 millones de dólares. Giménez cuenta con dos líneas de negocios, el petrolero y la importación de alimentos con sobreprecio. En estas operaciones opacas se intercambian millones de euros en petróleo por alimentos tras la autorización de un funcionario.
El socio de Aldama tendría el monopolio de ambas actividades. Las fuentes consultadas afirman que su modus operandi es muy similar al que empleó Alex Saab, ministro de Industrias e investigado desde 2017 como presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. También ha sido mencionado en otras investigaciones, como los Panama Papers o Pandora Papers. Saab, que estuvo en el punto de mira de las autoridades de Colombia y Estados Unidos, se enriqueció gracias al negocio de proveedores de materiales de un programa nacional de vivienda.
