Los partidos políticos que se presentan a las elecciones del 21D en Cataluña han comenzado este martes una campaña electoral marcada por la insólita ausencia de dos de los candidatos a la Presidencia del Gobierno catalán
En los últimos días, los partidos que se presentan a las elecciones autonómicas de Cataluña del 21 de diciembre han publicado las listas con sus representantes para estos comicios. Las listas de ERC y Junts per Catalunya han sido las más esperadas desde que anunciaron que entre sus miembros habría algunos de los exconsellers que se encuentran en prisión o en Bruselas, así como la de la CUP, que decidieron presentar una candidatura única tras una votación celebrada el día 12 de noviembre.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho que está seguro de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Fiscalía van a investigar los tuits ofensivos sobre la muerte del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que falleció el sábado en Buenos Aires, Argentina.
Indicios de conexión entre la CUP y la Rusia de Putin o sobre todo una implicación rusa en las tramas digitales del secesionismo catalán dan la medida de una toxicidad viral de conflicto programado que contrasta con el arcaísmo de un Puigdemont que, al modo de un conspirador decimonónico, busca refugio en feudos flamencos mientras en Cataluña el artículo 155 rehace de pies a cabeza la constitucionalidad.
La CUP concurrirá a las elecciones catalanas del próximo 21 de diciembre. El 64% de militantes han decidido participar en los comicios a través de una amplia candidatura de izquierdas aunque los consideren «ilegítimos».
Este bloque, según el miembro de ERC, debería contemplar puntos “compartidos” en cuanto a temas como “la defensa de las instituciones, la amnistía de los presos y la República
El presidente de Junts pel Sí, Lluís Corominas, pedirá que el viernes “que ante la agresión del 155 sea continuar con el mandato del pueblo de Cataluña”, es decir, que se declare la independencia de manera unilateral . Lo ha hecho durante una sesión del Parlament de Cataluña, reunido este jueves por la tarde para debatir, como único punto del día, la aplicación del artículo 155 de la Constitución en la región, pendiente de ser aprobado por el Senado y que entraña en vigor el sábado, y sus posibles consecuencias. El pleno ha convocado por Junts pel Sí y la CUP y, a pesar de que estaba previsto, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha declinado comparecer.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha solicitado este viernes retrasar al martes su comparecencia en el Parlament para dar explicaciones sobre el 1 de octubre, después de que el Tribunal Constitucional suspendiera pleno que se iba a celebrar el lunes sobre el referéndum.
La novela que nos gusta y el periodismo clásico compartían una premisa precisa: contar una historia. Y contarla bien. En el ámbito del marketing político ha hecho fortuna el término storytelling, que no es otra cosa que transmitir un relato con fines persuasivos. O sea la Biblia de toda la vida pero en eslóganes torcidos. No hay que negarle eficacia a la estrategia nacionalista de construir, en los tres últimos siglos, y de manera intensísima en los últimos cuarenta años, un relato áureo que desafiaba, manipulaba y en último término tergiversaba los hechos más elementales de la historia.
La Guardia Civil ha requisado más de 1,3 millones de carteles, dípticos y folletos de diverso tamaño durante la inspección de una empresa de distribución de propaganda en la localidad barcelonesa de Montcada i Reixac, han informado a través de un comunicado.
El pleno del Tribunal Constitucional ha suspendido este martes la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado jueves al admitir a trámite el recurso que ha interpuesto el Gobierno. La admisión del recurso conlleva la suspensión de la vigencia de esta norma durante al menos cinco meses. Con esta Ley JxSí y la CUP quieren consumar la ruptura de Cataluña del resto de España si gana el ‘sí’ en el referéndum ilegal del 1 de octubre.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, enviaron este jueves una carta a todos los alcaldes de Cataluña para instarles a ceder para el referéndum del 1 de octubre los locales que habitualmente se utilizan como puntos de votación. Más de 500 ya han respondido firmando el documento y dando su apoyo a una iniciativa, que de llevarse a cabo, incurrirá en un delito, según lo dispuesto por el Tribunal Constitucional tras la admisión a trámite de los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno contra la ley del Referéndum en Cataluña.
Tras una intensa sesión plenaria, el Parlament de Catalunya ha aprobado la Ley de Transitoriedad Jurídica, con la que pretende establecer un marco jurídico para la ruptura con el resto de España en el caso de que, si se celebra el referéndum del 1 de octubre, gana el sí. Lo ha hecho después de que la Mesa del Parlament decidiera alterar la orden del día para tramitar el texto, provocando la indignación de la oposición, como ya ocurrió el miércoles con la Ley del Referéndum.
Tras una intensa sesión plenaria, el Parlament de Cataluña ha aprobado la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica, con las que pretende establecer un marco jurídico para la celebración de un referéndum secesionista y la eventual separación de la Comunidad Autónoma. Lo ha hecho después de que la Mesa del Parlament decidiera incluir en la orden del día el trámite de ambos textos.
Junts pel Sí (JxS), coalición que gobierna Cataluña, y los independentistas radicales de la CUP, que apoyan al ejecutivo en el parlamento regional, han presentado en el Parlament la llamada ‘Ley de Transitoriedad Nacional’. Esa norma es la principal de las leyes que regularían el marco legal para la «desconexión» de España en el caso de que ganara el «sí» en el referéndum independentista previsto para el 1 de octubre, al que se opone el Gobierno español y el Tribunal Constitucional. Estaba previsto que se conociera a finales de julio pero su presentación se aplazó al haber discrepancias en el calendario de aprobación.
Desde que el nacionalismo catalán emprendió su huida hacia delante ha proporcionado sobradas muestras de su afán por interceder en el máximo número de eventos y espacios comunicativos, institucionales y sociales posibles. Las fuerzas políticas declaradas independentistas han acrecentado una constante politización de la vida civil catalana. Una politización, cabe decir, esencialmente orientada a alentar un debate binario al que van a morir la práctica totalidad de los asuntos públicos. Sin embargo, no es la ausencia de matices el componente más iliberal del ‘procés’ y su actual deriva.
En las últimas semanas no han faltado hazañas protagonizadas por la última fuerza representada en el parlamento autonómico catalán, la CUP. Su mayor o menor recorrido mediático no es óbice, sin embargo, para que la fotografía conjunta de todas esas iniciativas permita al lector hacerse una idea bastante precisa de lo que persiguen los integrantes de la -¿formación?-.
La izquierda independentista catalana, integrada por Candidatura de Unidad Pupular (CUP), Arran y Endavant entre otros colectivos, ha presentado este jueves el cartel con el que pedirá el voto para el ‘sí’ en el referéndum convocado por la Generalitat para el próximo 1 de Octubre, informan varios medios. «¡Barrámoslos! Desobediencia y autodeterminación. Países Catalanes», reza el cartel, en el que aparece una mujer barriendo a diversos personajes de la actualidad española. El cartel está inspirado en un dibujo de la Rusia bolchevique en el que se ve a Lenin barriendo a la monarquía, la Iglesia y el capitalismo.
El Gobierno central denunciará en los tribunales los ataques contra los intereses turísticos del país y se personará en las diligencias judiciales abiertas por sucesos ocurridos en los últimos días en Barcelona. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha instado a la Abogacía General del Estado a actuar en este sentido después de que varios miembros del grupo juvenil anticapitalista Arran, afín a la CUP, causaran daños hace unos días a bicicletas públicas y un autobús turístico en Barcelona para quejarse de la masificación de visitantes que sufre la ciudad desde hace años.
Con 72 votos a favor y 63 en contra, el pleno del Parlamento catalán ha aprobado este miércoles una polémica reforma del Reglamento presentada por Junts pel Sí y la CUP que permitirá sacar adelante leyes express. Para los grupos de la oposición, se trata de una propuesta “antidemocrática” dirigida a permitir la aprobación de leyes de ‘desconexión’ de Cataluña y una ley de referéndum en lectura única.
La constatación de que un grupúsculo antisistema como la CUP puede determinar los presupuestos generales de Generalitat y las facetas más escabrosas del proyecto de secesión da una idea de la azarosa circunstancia que la sociedad catalana lleva viviendo desde hace tiempo. La CUP dio su apoyo a Junts pel Sí –es decir, Convergència y ERC- a cambio de que descabalgasen a Artur Mas y le sustituyeran, ya mucho más allá del principio de Peter, por Carles Puigdemont, aunque ambos comparten una aparatosa ignorancia sobre el Estado de Derecho y sobre la política y, en concreto, sobre la historia política de Cataluña y de toda España. Estamos en el ámbito del mito, irracional y primario. Los 300.000 votos de la CUP y sus diez escaños condicionan el futuro inmediato de una sociedad que por su parte ya ha desconectado de la desconexión, al contrario del microcosmos político nacionalista.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales las partidas de los presupuestos catalanes destinadas al referéndum soberanista que el Gobierno de Cataluña quiere convocar el 1 de octubre. La decisión de este miércoles, que se ha acordado por unanimidad, responde a un recurso presentado por el Gobierno el pasado 4 de abril contra la Ley de Presupuestos de la Generalitat, que el tribunal ha aceptado parcialmente.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha hecho este miércoles un llamamiento a la serenidad en Cataluña frente a los «delirios autoritarios» del gobierno de Carles Puigdemont y sus socios soberanistas.
Cataluña declarará «inmediatamente» su independencia de España si gana el sí en el referéndum de autodeterminación que el gobierno regional quiere celebrar el 1 de octubre, ha afirmado este martes una diputada catalana, hablando en nombre de la coalición de poder. «Si la mayoría de votos emitidos son favorables a crear la república catalana, obviamente e inmediatamente se tendrá que declarar la independencia», ha afirmado Gabriela Serra, de la CUP, al presentar la ley, que todavía es un borrador y que servirá para organizar la consulta.
Muchas conquistas sociales han llegado gracias a la solidaridad y la lucha colectiva, y muchas tantas otras de la fortaleza de hombres y mujeres que han ido a contracorriente, rompiendo tabús y haciendo frente a las masas.
Anna Gabriel, apellido arcangélico aunque le duela. Activista de oficio, de beneficio. Diputada en la que reside la soberanía autonómica -«a todo se llega degenerando», que decía «el Guerra»- . Gabriel es de las que cardan la lana, la fama, y los huevos que se lanzan contra la sede del colonialismo español -léase constitucionalismo-.
Si políticamente son una generación banal, hipersensible y victimista, unas plañideras de mesa camilla y vaso de Cola Cao, culturalmente son intrascendentes.
Y cito:
“Desobediencia es, según el Instituto de Estudios Catalanes, el “rechazo colectivo a obedecer alguna ley o norma para hacer presión pacíficamente sobre el poder constituido”. Desobediencia es la palabra más exigida por la CUP desde que se inició el proceso. Desobediencia es por lo que ha sido inhabilitado Mas. Y Joana Ortega. E Irene Rigau. A ojos de la justicia, los primeros desobedientes de Cataluña han sido ellos.
En junio de este año, el 42,4% de los encuestados estaba en contra de la independencia de Cataluña, frente al 47,7% que la deseaba, lo que supone una variación de dos puntos a favor de que la Comunidad siga formando parte de España, e indica que la opción independentista va perdiendo apoyos con el paso del tiempo.
Así se desprende también de la encuesta cuando pregunta por las preferencias de voto si se celebraran elecciones ahora en Cataluña. En este sentido, Junts pel Sí bajaría de los 62 escaños que tiene ahora en el Parlament y pasaría a una horquilla de entre 59 y 61 diputados. La CUP también bajaría y obtendría entre seis y ocho escaños, frente a los diez que tiene en este momento. En el mejor de los casos, ambas formaciones independentistas sumarían 65 escaños, por debajo de los 68 diputados necesarios para la mayoría absoluta.
También Ciudadanos perdería entre uno y tres escaños. En la actualidad tiene 25 escaños y se quedaría con 22-24 diputados. El PSC obtendría entre uno y dos escaños más de los 16 actuales mientras que el PP se quedaría con los 11 que tiene o uno más. El partido que más subiría si hubiera ahora elecciones es Catalunya Sí Que Es Pot (CQSP), donde están Podemos e Iniciativa per Catalunya, que subiría de 11 a 14-15 diputados, según la encuesta.
Mireia Vehí y Eulàlia Reguant son dos de las diputadas de la CUP que han encabezado la protesta en el Parlament de Catalunya. Junto a ellas estaban también los diputados Anna Gabriel, Gabriela Serra, Joan Garriga, Benet Salellas y Josep Garganté. Vehí ha asegurado que no darán «ni un paso atrás» y que «ni el Gobierno ni el conseller acabarán con el referéndum». Esquerra Republicana ha querido desmarcarse de las críticas de la CUP y ha organizado su propia muestra de disconformidad con la Justicia española. A la Audiencia Nacional de Madrid irán miembros del Senado como Mirella Cortès, Bernat Picornell y Xavier Castellana.
La decisión del TC, adoptada por unanimidad, responde a la iniciativa del Gobierno central que, el pasado viernes y, a través de la Abogacía del Estado, presentó un «escrito de formulación de incidente de ejecución de sentencia», por considerar «inaceptable» y un «desafío» al Estado de Derecho y a la «unidad de España» la decisión adoptada por la Cámara autonómica un par de días antes.
En su escrito, el TC «advierte» a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a los demás miembros de la Mesa del Parlamento y al Secretario General del Parlamento de Cataluña, así como al Presidente, Carles Puigdemont, y resto de miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña «de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir». El alto tribunal da un plazo de 20 días para que los interesados presenten alegaciones y demuestren que el Parlament actuó con forme a lo establecido por la legislación vigente. A pesar de esta advertencia la diputada de la CUP, Mireia Vehí ha asegurado que «pese a la suspensión, seguiremos con el despliegue del proceso constituyente y no acataremos la resolución del tribunal».