CUP

La decisión del TC, adoptada por unanimidad, responde a la iniciativa del Gobierno central que, el pasado viernes y, a través de la Abogacía del Estado, presentó un “escrito de formulación de incidente de ejecución de sentencia”, por considerar “inaceptable” y un “desafío” al Estado de Derecho y a la “unidad de España” la decisión adoptada por la Cámara autonómica un par de días antes.
En su escrito, el TC “advierte” a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a los demás miembros de la Mesa del Parlamento y al Secretario General del Parlamento de Cataluña, así como al Presidente, Carles Puigdemont, y resto de miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña “de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir”. El alto tribunal da un plazo de 20 días para que los interesados presenten alegaciones y demuestren que el Parlament actuó con forme a lo establecido por la legislación vigente. A pesar de esta advertencia la diputada de la CUP, Mireia Vehí ha asegurado que “pese a la suspensión, seguiremos con el despliegue del proceso constituyente y no acataremos la resolución del tribunal”.