La policía alemana ha detenido este viernes al presunto autor del ataque con explosivos contra el autobús del equipo de fútbol alemán Borussia Dortmund, ha informado la fiscalía alemana, que ha precisado que el móvil del atacante era económico y no «terrorista».
Agentes de la Policía Nacional española han detenido este miércoles por la mañana en un hotel de Cabrils, cerca de Barcelona, al mexicano Javier Nava Soria, presunto colaborador del exgobernador del estado de Veracruz Javier Duarte, arrestado en Guatemala por cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos. El cuerpo de policía español no ha informado hasta este jueves de la detención.
El candidato de la derecha a las elecciones presidenciales francesas, François Fillon, ha asegurado que era objetivo de los presuntos yihadistas arrestados el martes en Marsella, sospechosos de preparar un atentado «inminente» durante la campaña.
Dos hombres, fichados por los servicios secretos por su radicalismo islámico, han sido detenidos este martes en Marsella ante las sospechas de que preparaban un atentado «inminente» en vísperas de las elecciones presidenciales francesas del próximo día 7 de mayo, pero cuya primera vuelta se celebra este domingo 23 de abril. «Se ha conseguido prevenir un acto terrorista seguro», ha subrayado en una declaración a la prensa el ministro del Interior, Matthias Fekl, que ha señalado que el arresto lo llevaron a cabo agentes de la Dirección General de la Seguridad Interior (DGSI), apoyados por el RAID, el cuerpo de elite de la policía. La operación, ha precisado Fekl, seguía en marcha a primera hora de la tarde en el distrito tercero de Marsella, donde se estaba efectuando un registro con la intervención de los artificieros. De hecho, el canal «BFMTV» ha informado que se encontraron allí explosivos de tipo TATP.
La Unión Europea ha instado este lunes al Gobierno de Moscú que ponga en libertad «sin demora» a los manifestantes detenidos este domingo durante una protesta pacífica contra la corrupción política, según un comunicado hecho público este lunes.
Un hombre de 30 años fue detenido este domingo en Birmingham en relación con el atentado del pasado miércoles frente al Parlamento británico en Londres, informó la Policía Metropolitana. El hombre, cuya identidad no ha sido facilitada, es sospechoso de preparar actos terroristas, según las informaciones oficiales.
La investigación sobre el agresor del aeropuerto parisino de Orly, abatido este sábado al arrebatar el arma a una militar que patrullaba en la terminal, ha dado un giro tras conocerse que Ziyed Ben Belgacem, de 39 años, había consumido cannabis, cocaína y alcohol
Los legisladores filipinos y el gobierno han criticado este viernes al Parlamento Europeo por inmiscuirse en sus asuntos, tras la aprobación de una resolución el día anterior en la que se pide al gobierno de Manila que modifique la polémica guerra contra las drogas emprendida por el presidente Rodrigo Duterte y persiga a los narcotraficantes en vez de a los consumidores.
Agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción, Número 1, y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, han detenido este miércoles a un hombre de nacionalidad marroquí, M.E.J., de 43 años y residente en Arbúcies (Girona) por financiar al autoproclamado Estado Islámico. La investigación comenzó a principios del año pasado cuando los investigadores detectaron una operativa consistente en el envío de fondos a combatientes enrolados en las filas del grupo terrorista. Utilizando diversas identidades e intermediarios y limitando los envíos a cuantías que no llamasen la atención, consiguieron hacer llegar a Siria diferentes cantidades de dinero.
Tres funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social de Guatemala han sido arrestados acusados de homicidio culposo y maltrato de menores, en el marco de la investigación abierta en relación con el incendio en un centro de menores en el que murieron 40 niñas
La Policía alemana detuvo este sábado a dos personas tras obtener «indicios concretos» de que se iba a perpetrar un atentado contra un centro comercial en Essen (oeste), complejo que ha permanecido cerrado todo el día por seguridad.
Leila de Lima, una de las personas más beligerantes contra la polémica política antidrogas emprendida por el presidente de Filipinas, ha sido detenida este viernes acusada de narcotráfico. La senadora del Partido Liberal y abogada ha anunciado que seguirá luchando contra el «sociópata asesino en serie», en alusión a Rodrigo Duterte.
La manifestación de París, convocada espontáneamente y sin permiso de las autoridades, reunió a unas 400 activistas, según la delegación del Gobierno, y desembocó en enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.
Desde que se divulgó el caso de Théo, varias zonas urbanas de Francia, sobre todo de París, han registrado incidentes a raíz de manifestaciones de apoyo al joven que han resultado en centenares de detenciones. Para mucho, los tumultos, que suceden a menos de diez semanas de las presidenciales francesas, pueden acabar como la revuelta de 2005, caracterizada por el incendio de coches y por violentos enfrentamientos entre cientos de jóvenes y la policía francesa.
El juez, que figura entre las 41.000 personas detenidas en Turquía en las purgas emprendidas por el ejecutivo turco tras la intentona golpista, está encargado de examinar el recurso de revisión presentado por el ex ministro ruandés Augustin Ngirabatware, condenado a 30 años de cárcel por la Corte Penal Internacional (CPI) por su participación en el genocidio de 1994.
El MTPI ha recordado que Turquía está «obligado» a responder la decisión del tribunal como lo dispone la resolución 1966 del Consejo de Seguridad de la ONU.
El alcalde republicano busca, con esta medida, la simpatía del presidente Trump, que ordenó el miércoles cortar los fondos federales a las cerca de 300 «ciudades santuario» del país que se niegan a arrestar y contribuir a la deportación de inmigrantes sin papeles.
Ciudades santuario como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Chicago anunciaron que, pese a las amenazas de Trump, van a continuar protegiendo a los inmigrantes, pero el alcalde de Miami siempre ha rechazado esta etiqueta que le impuso el año pasado el Departamento de Justicia de «ciudad santuario». Su presencia en esta lista se debe a que la policía local se negaba -hasta este jueves- a detener a los inmigrantes indocumentados requeridos por el gobierno federal a menos que Washington pagara los costes de su encarcelamiento. La decisión de Giménez fue saludada efusivamente por el nuevo presidente estadounidense: «El alcalde de Miami-Dade abandonó la política de los santuarios. Buena decisión. ¡Fuerte!», escribió Trump en su Twitter.
El alcalde ha explicado al diario Miami Herald que su decisión de ordenar la detención de los inmigrantes requeridos por el FBI, yendo a contracorriente de la mayoría de las «ciudades santuario» del país, es financiera, no ideológica. «Me quiero asegurar de que no pongamos en peligro los millones de dólares en fondos que obtenemos del gobierno federal por un asunto de 52.000 dólares», explicó Giménez, quien votó por la demócrata Hillary Clinton. Esa cantidad, 52.000 dólares, es lo que le habría costado al condado el año pasado detener a los inmigrantes en prisiones locales.
Según el centro de estudios Migration Policy Institute, Florida alberga 650.000 inmigrantes indocumentados. Es el cuarto estado del país con mayor número de personas sin papeles después de California, que tiene más de 3 millones, Texas, con 1,5 millones, y Nueva York, con 870.000.
Donald Trump ha levantado la polémica una vez más al afirmar que el método de tortura basado en el ahogamiento simulado funciona, y que estaría dispuesto a reintroducir esta técnica en los interrogatorios.
En una entrevista en la cadena estadounidense ABC, Trump dijo: “quiero mantener nuestro país seguro”. Además, añadió que ha hablado “con gente de los más altos niveles de los servicios de inteligencia y les he preguntado ‘¿funciona?’, y la respuesta fue ‘sí, absolutamente”.
A pesar de estar de acuerdo con utilizar este método de tortura, Trump aseguró que consultaría antes con James Mattis, Secretario de Defensa, y con Mike Pompeo, director de la CIA, y dijo que “si no quieren hacerlo, está bien”.
“Esta violación fue emitida en directo en un grupo de Facebook”, ha explicado la policía. Fueron varias personas de las que vieron el vídeo las que denunciaron este ataque. Tras la denuncia, la policía llevó a cabo una redada en un apartamento de la ciudad, donde encontraron a la víctima y que acabó con la detención de tres chicos de entre 19 y 25 años.
Un testigo que vio la agresión en directo declaró que, en el momento de la emisión, había unos 60 usuarios presenciándola, y que algunos incluso reían y comentaban. Los medios locales afirman que el vídeo ha sido retirado de Facebook y la policía ha pedido que cualquiera que tenga una copia, la entregue. Este vídeo ha causado una gran polémica sobre la falta de límites que Facebook impone a las emisiones en directo, que cualquier usuario puede realizar desde su teléfono móvil.
Los investigadores observaron que el hombre «utilizaba una cuenta bajo seudónimo en una conocida red social para difundir material propagandístico de diversos grupos yihadistas, apoyando tanto la difusión de la ideología como la ejecución de acciones terroristas en zona de conflicto». Los expertos en lucha antiterrorista reconocen que las redes sociales se han convertido en medios de «vital importancia» para que grupos terroristas como Daesh y Al Qaeda hagan publicidad de sus acciones y capten nuevos integrantes, «constituyendo el primer paso en los procesos de radicalización y captación de simpatizantes».
La detención de este martes se añade a la practicada 24 horas antes en la localidad guipuzcoana de San Sebastián, de un marroquí residente en España que «lideraba una célula de captación y envío de combatientes extranjeros a Turquía, donde recibían instrucciones de la organización terrorista DAESH para atentar posteriormente en territorio europeo». La peligrosidad e importancia de este detenido dentro de la estructura de DAESH quedó acreditada, según Interior, «tras establecerse su conexión con un tercer miembro de la célula, arrestado el pasado 20 de noviembre de 2016 en Estrasburgo por las autoridades francesas». El número de detenidos en España por presunta vinculación con el terrorismo islamista asciende a 182 desde 2015.
El tribunal deberá decidir ahora si emite o no la orden de detención del vicepresidente de Samsung Electronics. Lee Jae-Yong había sido interrogado la semana pasada durante 22 horas, por presunta corrupción. Si, finalmente el tribunal acepta la petición de la Fiscalía, se convertiría en el primer dirigente empresarial en ser detenido en el marco de este escándalo que ya le costó el cargo a la propia presidenta, en la peor crisis política del país que se recuerda.
Este escándalo ha ido creciendo como una bola de nieve tras la inculpación el año pasado de Choi Soon-Sil, confidente y amiga de la presidenta. La llamada ‘Rasputina surcoreana’ está siendo juzgada actualmente por haber utilizado su relación con Park para obtener enormes cantidades de dinero de grandes imperios empresariales surcoreanos que pagaron millones de dólares a fundaciones privadas creadas por ella. Samsung, el mayor grupo industrial del país, fue el más generoso, donando 20.000 millones de wons (17 millones de dólares) a las fundaciones de Choi, por delante de Hyundai, SK, LG y Lotte.
Las autoridades turcas han difundido fotos del atacante tomadas en diferentes ocasiones, una de ellas en una casa de cambio de Laleli, un barrio conservador de Estambul, probablemente varios días antes del atentado. Sin embargo, hasta el momento no han difundido su nombre ni han confirmado su relación con el Estado Islámico.
El asesino que, tras la matanza del día 1 logró huir, estaba entrenado para el combate urbano y fue «especialmente elegido» para perpetrar el ataque contra la discoteca Reina, afirma el cronista cercano al gobierno turco, Abdulkadir Selvi. El yihadista utilizó cargadores dobles para optimizar el tiempo de recarga y apuntó siempre al torso de las víctimas, han publicado los diarios Hurriyet y Haberturk, citando fuentes de la investigación. Según el diario Haberturk, el atacante llegó en noviembre pasado a Konya, en el sur del país, con su mujer y sus dos hijos «para no llamar la atención». La esposa del yihadista, según el diario, está entre las 12 personas detenidas en relación a la matanza.
Se trata de las primeras detenciones relacionadas con el atentado, que dejó 39 muertos – 27 de los cuales eran extranjeros – y 65 heridos, aunque la policía mantiene un amplio operativo para localizar al autor de la masacre. En este sentido, el diario Hürriyet ha publicado que las autoridades siguen la pista del Estado Islámico y que el asesino podría ser oriundo de Kirguistán o Uzbekistán. Tras la matanza, el atacante se cambió de ropa y huyó.
El ministro del Interior, Suleyman Soylu, aseguró el domingo que se estaban llevando a cabo intensas operaciones de búsqueda y que el autor sería «capturado rápidamente». Según algunos medios, los investigadores estiman que el asaltante podría estar vinculado a la célula que cometió el triple atentado suicida del aeropuerto Atatürk de Estambul, que en junio pasado dejó 47 muertos, atribuido por las autoridades a Daesh.
La detención se ha realizado en colaboración con la Jefatura de Información de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 1 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Las dos arrestadas, sobre las que la Guardia Civil había emitido una Orden Internacional de Detención, habían permanecido en el epicentro del territorio controlado por DAESH «incardinadas en sus estructuras», explica el ministerio, añadiendo que el nivel de adoctrinamiento en el extremismo terrorista experimentado durante ese tiempo por las ahora detenidas y su vinculación con miembros muy destacados y conocidos del autodenominado Estado Islámico, «las convierte en elementos extraordinariamente valiosos para la organización terrorista, especialmente en el entorno español y marroquí».
La operación incluyó registros en cinco domicilios. España está en el nivel 4 de alerta desde 2015 como consecuencia de los atentados terroristas cometidos en diferentes ciudades europeas, el último de los cuales hace diez días, se produjo en la ciudad alemana de Berlín, cuando un camión conducido por un tunecino leal al grupo terrorista Daesh arrolló a una multitud que visitaba un mercado navideño. Esta acción, que acabó con la vida de 12 personas, ha llevado a las autoridades españolas a incrementar la seguridad en lugares públicos con la colocación de bolardos para evitar un atentado de similares características. Las fuerzas de seguridad han detenido desde 2015 a un total de 175 terroristas yihadistas.
Por otro lado, el Ministerio del Interior ha emitido un comunicado en el que niega un inminente atentado en España durante el Fin de Año, como se ha extendido en las redes sociales en las últimas horas. «Las informaciones que se están difundiendo a través de algunas redes sociales y otros canales de comunicación como WhatsApp sobre la comisión de un posible atentado en España, carecen de toda credibilidad y solo pretenden provocar estados de temor a la población y de alarma ciudadana u otros fines malintencionados que son totalmente ajenos a la seguridad», dice el comunicado del ministerio.
Los 29 acusados están siendo juzgados en la mayor sala de audiencias de Turquía, en un edificio situado frente a la prisión de Silivri, a las afueras de Estambul. Las primeras audiencias, que durarán cuatro días, comenzaron con la lectura de la identidad de los comparecientes y los delitos de los que se les acusa, antes de dar paso a los argumentos de la defensa, según la agencia de noticias progubernamental Anadolu.
Los policías están acusados de haberse negado a obedecer las órdenes de defender al presidente Erdogan la noche del golpe. De ellos, 21 podrían ser condenados hasta a tres cadenas perpetuas por «tentativa de revertir el orden constitucional» y «tentativa de derrocar al gobierno o de impedirle cumplir con sus deberes». Los ocho restantes podrían ser condenados a penas de prisión de hasta 15 años por «pertenencia a una organización terrorista armada».
Los investigadores están investigado cuál era el nivel de preparación de este ataque y si otras personas estaban implicadas en el proyecto, según el comunicado emitido por la Policía de Essen. La información oficial añade que la policía, alertada por los servicios de inteligencia, había desplegado el jueves a las fuerzas de seguridad en los alrededores del centro comercial y en el mercado de Navidad cercano. El blanco es uno de los centros comerciales más grandes de Alemania, con 250 tiendas con gran afluencia durante el periodo de Navidad, que se encuentra en una antigua acería de Oberhausen, una localidad cercana a Essen, en la antigua cuenca industrial del Ruhr.
El portavoz explicó que el grupo había planeado apuñalar a un agente en una comisaría y esperar a que la multitud se congregara delante para cometer un atentado suicida durante las vacaciones de Navidad. El plan se supo porque otro miembro del grupo detenido previamente el miércoles delató al resto y confesó dónde estaban. La operación se ha producido apenas dos semanas después de que la policía arrestara a cuatro islamistas que preparaban un atentado contra los guardias apostados en el palacio presidencial.
Los hombres en South Tangerang estaban vinculados con este último grupo, dijo Rikwanto. Algunos de ellos son miembros de un grupo radical local que ha jurado lealtad al Estado Islámico. Indonesia, el país con la mayor población musulmana del mundo, ha sufrido numerosos atentados, entre ellos los de Bali en 2002, que mataron a más de 200 personas.
El detenido está considerado como «muy peligroso» y «no se descarta que pueda tener acceso a armas de fuego», informa la Guardia Civil. Tras un seguimiento sobre la persona, cuya identidad no ha sido hecha pública, y su entorno, los agentes comprobaron «su firme adhesión al ideario yihadista». Además, el arrestado había viajado a zonas de conflicto en Afganistán, Siria y Palestina, donde dijo haber estado dispuesto a cometer atentados suicidas si hubiera tenido la ocasión.
Muy activo en redes sociales en favor de organizaciones yihadistas, en los últimos meses se había radicalizado manifestando su apoyo a las acciones terroristas cometidas en Europa. Los investigadores creen que podría estar dispuesto a cometer un atentado terrorista suicida de carácter indiscriminado contra medios de transporte en España.
Según la CNN Turca, la policía ha realizado una acción simultánea en 12 provincias en busca de sospechosos entre los cuales hay numerosos profesores y académicos de universidad, además de algún dirigente de un partido opositor minoritario.
Desde la fallido golpe de Estado, 36.000 personas han sido encarceladas y están pendiente de juicio, y más de 100.000 han sido expulsadas o suspendidas de empleo en la administración pública, en el ejército, en la judicatura y otras instituciones como parte de las investigaciones del gobierno de Ankara en relación con el golpe de 15 de julio, en el que más de 240 personas perdieron la vida.
Son muchas las voces que claman sobre la falta de derechos humanos en China, pero el informe de HRW revela por primera vez los testimonios directos de las víctimas del shuanggui. Se trata de un sistema que carece de base legal pero que la Comisión Central para la Investigación de la Disciplina (CCDI), el brazo policial del Partido, tiene libertad para ejercer los métodos que considere oportunos contra cualquiera de los 88 millones de miembros del PCCh de los que sospeche, incluyendo torturas y ejecuciones que suelen ser enmascaradas como suicidios. Según relata el informe, el inicio de una investigación de shuanggui suele estar marcado por la desaparición de un individuo. Los miembros de la familia no reciben ninguna notificación de la detención o ubicación de la persona, ni ningún tipo de información sobre la presunta infracción o la duración de su cautiverio. Los detenidos no tienen acceso a abogados y permanecen reclusos indefinidamente, a menudo hasta que confiesen. Se suelen utilizar habitaciones en hostales con características especiales, como paredes acolchadas y sin ventanas, para evitar suicidios o fugas y los reclusos son vigilados las veinticuatro horas por turnos de funcionarios. Además de palizas, interminables interrogatorios y coacciones, muchas de la víctimas relatan la incomodidad como parte de la tortura: “Soy una persona grande y me obligaron a sentarme en un taburete de plástico pequeño, viejo y cojo. Tenía que estar en la misma posición exacta que me exigían, a veces en solo un tercio de aquel taburete enano… Así estuve sentado durante 10 o 20 horas, hasta que las nalgas se me despellejaron y empezaron a supurar”, narra un detenido.
La operación ‘Vulpes II’, que ha permitido que las armas incautadas llegaran al mercado negro para su posterior uso en la comisión de delitos, se inició en abril cuando la Guardia Civil intervino 23 pistolas y 450 cartuchos y detuvo a una persona en la provincia de Albacete que se dedicaba a adquirir armas detonadoras en países del Este.
El total de material incautado incluye 17 armas cortas de fuego – pistolas y revólveres – 5 armas largas, incluida una escopeta de cañones recortados, 6 silenciadores, 14.100 cartuchos de diferentes calibres, 6 kilos de pólvora, una plantación de marihuana, documentación y equipo informático. Las detenciones se han producido en Sevilla, Barcelona, Madrid, Murcia, Granada, Córdoba, Huelva, Alicante, Tarragona, Badajoz, A Coruña y Almería.
En unas declaraciones realizadas ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Meron ha dicho que Turquía había ignorado sus peticiones para visitar al juez Aydin Sedaf Akay, desde que fue detenido el 21 de septiembre, lo que supone una violación de las independencia judicial de Akay. «La Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Legales ha solicitado su liberación y el cese de todas las acusaciones legales contra él», ha explicado Meron. Se cree que esta detención es la primera en la que se viola la inmunidad de un juez de la ONU.
Otras 25 personas de diferentes provincias están también implicadas por su supuesta vinculación con esta operación en la que se han recuperado 25 ejemplares de mono Tití que se vendían en tiendas de mascotas a particulares, llegando a pagarse por cada uno entre 1.800 y 2.000 euros. Los agentes estiman que sólo con la venta de estos monos, que eran criados en domicilios por particulares relacionados con las tiendas, los responsables de la trama podían haber obtenido un beneficio de 130.000 euros.
De los 25 primates intervenidos, cinco estaban muertos. Además de titís de pincel blanco y negro, había un mono verde de Guinea y tres monos chinos. En cuanto al resto de las especies, el SEPRONA ha recuperado cuatro loros Yaco de cola roja, dos guacamayos, una serpiente Boa Constrictor, siete tortugas de tierra, cuatro piezas de coral y un estornino blanco. “La importancia de esta operación recae en que la tenencia y, más aún, la crianza de primates por particulares, está prohibida en España, siendo sólo posible llevarla a cabo estando en posesión de un permiso específico para creación de núcleo zoológico”, ha explicado la Guardia Civil. Los monos y el resto de las especies se encuentran ya en los Centros de recuperación AAP Primadomus, en Villena, y Arca de Noé de Alicante. La investigación, informa el instituto armado, “sigue abierta y no se descarta que haya más investigados y se puedan recuperar más especies en las próximas semanas”.
Los agentes fueron enviados a la confluencia entre las calles Capital y 18 sobre las 19.42 horas, después de que la central recibiese el aviso de una persona que aseguraba haber sido atracada, pistola en mano, por un grupo de hombres. Después de inspeccionar la zona, la patrulla dio el alto a tres varones que «coincidían con la descripción» que había hecho la víctima. Tyree King estaba entre ellos, pero en lugar de identificarse se dio a la fuga a través de un callejón junto a uno de sus acompañantes. Cuando los policías les alcanzaron e intentaron detenerles, el menor sacó un arma de su cinturón. En ese momento, y según la información difundida por la Oficina de Columbus, el policía le «disparó y golpeó varias veces» bajo la mirada de varios testigos. El joven fue llevado a un hospital infantil, donde finalmente falleció.
El alcalde de Columbus, Andrew Ginther, ha expresado su extrañeza por el hecho de que el adolescente hubiera podido adquirir la réplica de un arma de fuego. “Algo va mal en nuestra sociedad. A causa de nuestra locura de las armas y la tendencia a la violencia tuvo que morir un joven de 13 años”, ha declarado el alcalde. El agente que mató al menor se encuentra en estado de shock y está recibiendo asistencia psicológica.
Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia detuvieron el martes al político opositor Carlos Melo, del partido Avanzada Progresista, quien un día antes había advertido vía Twitter que esto sucedería «y que sembrarían armas». Este arresto se suma al del dirigente Yon Goicoechea, de Voluntad Popular, acusado de transportar detonantes para explosivos, así como a la orden de captura del alcalde de Maturín, Warner Jiménez. Además, el exalcalde Daniel Ceballos, quien permanecía en arresto domiciliario debido a problemas de salud, fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad bajo sospecha de que quería escapar. La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, ha rechazado la «persecución» política emprendida por el gobierno venezolano. A horas de la “Toma de Caracas”, al país sudamericano han llegado el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y el exmandatario panameño Martín Torrijos, quienes impulsan, junto al exgobernante dominicano Leonel Fernández, un diálogo político propuesto por el presidente Maduro y que cuenta con el respaldo de la Unión de Naciones Suramericanas.
El ministro de Exteriores, Mevlut Cavusoglu, dijo durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo iraní, que un total de 208 diplomáticos fueron convocados como parte de la investigación sobre el golpe de Estado, pero 32 de ellos abandonaron Turquia. «Hemos contactado con los países donde huyeron para solicitar su extradición», explicó.
Las autoridades turcas han arrestado, detenido y despedido a decenas de miles de personas entre militares, funcionarios, jueces, profesores y periodistas tras la asonada del 15 de julio que, según el presidente Tayyip Erdogan, fue orquestada por una red liderada por un clérigo residente en Estados Unidos, Fethullah Gülen. Miembros del gobierno turco no disimulan su malestar por lo que consideran una falta de simpatía de sus homólogos occidentales que, según dicen, parecen más preocupados por las duras medidas adoptadas que por el golpe militar.
Moraes ha explicado que la policía actuó porque el grupo había estado discutiendo sobre el uso de armamento y las tácticas de guerrilla que deberían aplicar en el caso de cometer un atentado durante los Juegos, que comienzan el 5 de agosto. Las detenciones se han producido en los Estados de Sao Paulo y Paraná. El ministro ha añadido que, en principio, no habrían concretado ningún objetivo.
La semana pasada, el Gobierno de Brasil tuvo conocimiento, a través de un mensaje amenazante, de que un grupo formado por brasileños leales al líder del autodenominado Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, amenazaban con atentar durante los Juegos de Río. El dispositivo de seguridad para los JJOO de Río contará con 85.000 efectivos policiales y las medidas de control se han incrementado en los aeropuertos del país.
“Mucha gente ha sido arrestada, pero esto no ha llegado a un fin. Estas detenciones nos proveerán de muchos nombres durante los próximos días”, ha dicho Erdogan. En total, unas 60.000 personas, entre soldados, policías, jueces, funcionarios públicos y maestros han sido suspendidos, detenidos o se encuentran bajo investigación, tras el golpe fallido. Sólo el Ministerio de Educación ha suspendido a 6.500 de sus empleados, mientras que unos 626 centros educativos, la mayor parte de ellos privados, han sido cerrados.
Según ha informado el Instituto Armado, uno de ellos ha sido un traficante y blanqueador de capitales holandés, J.M.K.L, que fue localizado y detenido en la localidad de Beniarbeig (Alicante), en la operación ‘Konradus’. Sobre el detenido pesaban dos órdenes europeas por varios delitos, entre ellos uno de tráfico de drogas por el envío de un cargamento de 16o kilos. Por otro lado, en las operaciones ‘Karkab’ y ‘Yassine’ se ha detenido a dos ciudadanos marroquíes reclamados por su país de origen también por tráfico de drogas. En la operación ‘Ronny’ se ha detenido al belga R.L., buscado desde octubre de 2015, miembro de una organización dedicada a introducir grandes cantidades de cocaína oculta en contenedores a través del puerto de Amberes. En las operaciones ‘Tairova’ y ‘Kovalenko’ se ha detenido a dos ciudadanos rusos reclamados por su país por distintos delitos económicos y financieros. Y por último, en la operación ‘Andina’ fue detenida en Madrid J.F.F., acusada de volar desde el aeropuerto de Lima hacia España, llevando ocultas entre sus pertenencias varios kilos de cocaína.
Todos los detenidos han sido puestos a disposición de la Audiencia Nacional para que inicien los trámites de extradición.
Entre los contenidos que difundían se ha encontrado abundante material a favor del ISIS, los talibán y otros grupos pakistaníes, en los que justificaban las ejecuciones realizadas por estos terroristas, así como vídeos con alabanzas a las figuras del martirio, llamadas a la aplicación estricta de la “sharia” y comentarios en contra de la comunidad chií.
Los detenidos, de 25, 29 y 31 años, gestionaban diferentes cuentas en varias redes sociales a través de las cuales realizaban propaganda yihaidista e incluso ensalzaban actividades de grupos terroristas. La operación de la Jefatura de Información de la Guardia Civil junto con unidades del Grupo de Información de la Comandancia de Lleida se ha realizado bajo la dirección del Juzgado de Instrucción nº1 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Los arrestados habían logrado que se involucrara un número cada vez mayor de personas de su entorno en las actividades de ensalzamiento de grupos terroristas y la justificación de acciones violentas, contribuyendo de esta forma a propagar la ideología yihadista en España.