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«Para ser claro, no se trata de una prohibición que apunte a los musulmanes, como los medios informan falsamente», escribió Trump. «Esto no tiene nada que ver con la religión, se trata de terrorismo y de la seguridad de nuestro país». Explicaciones que no han impedido que sea objeto de críticas tanto de ciudadanos como de políticos dentro y fuera del país. «¡Los refugiados son bienvenidos!», corearon el domingo unas 10.000 personas en un parque neoyorquino con vistas a la Estatua de la Libertad, símbolo de la llegada de inmigrantes al país desde 1886, en una de las manifestaciones más multitudinarias. El senador demócrata Charles Schumer, de Nueva York, dijo a los asistentes que la orden de Trump era «antiamericana» y que iba en contra de los principales valores del país.»De lo que estamos hablando aquí es de la vida y de la muerte de muchas personas», dijo. «No descansaré hasta que esta horrible orden sea revocada».

Otras miles de personas – unas 8.000, según la policía – marcharon en Washington hacia la Casa Blanca al grito de «No al odio, no al miedo, los refugiados son bienvenidos» y «vergüenza, vergüenza, vergüenza». Las protestas se sucedieron también en la terminal Dulles de Washington y en aeropuertos de Nueva York, Los Ángeles, Orlando y Sacramento, entre otros, a lo largo del domingo, donde familiares y amigos esperaban angustiados noticias de ciudadanos de nacionalidades «vetadas» por el decreto, que viajaban a Estados Unidos. Las explicaciones de Trump alegando motivos de seguridad para evitar otro 11S no convencen porque, entre otras cosas, ninguno de los países de los que eran originarios los terroristas que atentaron contra las Torres Gemelas en 2001 -de Egipto, Líbano, Arabia Saudí y Emiratos Arabes Unidos- está incluido en el decreto, dado que todos ellos son aliados de Washington.

El decreto, que entró en vigor el viernes, prohíbe la entrada en EEUU de refugiados durante los próximos 120 días, sea cual sea su origen, y durante 90 días a ciudadanos de siete países musulmanes: Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, aún cuando éstos hayan recibido el visto bueno de las autoridades estadounidenses para viajar al país y tengan la visa en regla. La medida ha creado el caos en los aeropuertos y mucha confusión. Al menos 109 personas fueron detenidas desde el viernes a su llegada a Estados Unidos, aunque tuvieran una visa válida. No está claro cuántos de ellos permanecen retenidos desde entonces.

Tras las primeras aplicaciones del polémico decreto, los fiscales generales de 16 estados, todos demócratas, calificaron el domingo el texto de «inconstitucional» y prometieron recurrir a «todas las herramientas» a su alcance «para luchar contra esta orden inconstitucional, preservar la seguridad nacional y los valores fundamentales de nuestra nación». En última instancia, aseguraron, los tribunales echarán abajo el decreto. «Esto acabará probablemente ante el Tribunal Supremo», dijo Anthony Romero, director de la poderosa Unión estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), a la cadena CNN.

El gobierno tendrá que defenderse también de acusaciones de discriminación religiosa y, por tanto, de violar la Constitución. Tras el periodo de 120 días establecido, el decreto añade que las autoridades darán prioridad a los refugiados perseguidos a causa de su religión, una frase que apunta implícitamente a proteger a los cristianos de Siria y de Irak. «Los cristianos de Oriente Medio han sido ejecutados en masa. ¡No podemos permitir que ese horror se perpetúe!», tuiteó el presidente Trump.