Venezuela pide detener a la nueva presidenta de la Asamblea opositora, exiliada en España
El parlamento Nacional de 2015 ha prorrogado recientemente por tercer año su mandato ante lo que consideran elecciones ilegítimas impulsadas por Maduro
Un mural del presidente venezolano, Nicolás Maduro. | Europa Press
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha anunciado este martes que han solicitado a Interpol la emisión de una alerta roja de arresto contra la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional venezolana elegida en 2015 y controlada desde entonces por la oposición.
En concreto menciona a Dinorah Jaxilda Figuera Tovar –Primero Justicia–, elegida presidenta de la cámara, así como a Auristela del Valle de Castillo –Acción Democrática– y a Marianela Fernández Alvarado –Un Nuevo Tiempo– en calidad de vicepresidentas, según recoge el portal de noticias venezolano Últimas Noticias. Figuera y Del Castillo viven en España, mientras que Fernández vive en Estados Unidos.
Saab ha explicado que se busca a estas tres personas por el «robo de activos» venezolanos, usurpación de funciones, asociación para delinquir y traición a la patria y ha destacado que la orden de detención incluye «medida de incautación y aseguramiento de los bienes, bloqueo e inmovilización de cuentas y prohibición de enajenar y gravar».
Además ha revelado que igualmente se han emitido órdenes de detención contra el nuevo secretario de la asamblea opositora, José Figueredo Márquez, y contra el subsecretario Luis Alberto Bustos.
La Asamblea Nacional de 2015 ha prorrogado recientemente por tercer año consecutivo su mandato ante lo que consideran elecciones ilegítimas impulsadas por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Saab ha argumentado que «según nuestra legislación, un parlamentario electo en 2015 culmina su período en 2020». «¿Cómo es posible que en 2023 unos sujetos al margen de la ley se autoproclamaron como comisión parlamentaria para supuestamente vigilar los activos del país en el exterior?», ha planteado.
Saab ha vinculado directamente la existencia de este poder legislativo paralelo con las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados. «En activos y recursos bloqueados, retenidos o confiscados fuera del país; se calcula que a Venezuela se le ha causado un daño patrimonial que puede ubicarse por encima de 30.000 millones de dólares», ha resaltado el fiscal.
«Gracias al accionar criminal de este grupo de malandros que se hacen llamar gobierno interino. Le han dado un balazo a la ética en la política. Un mal ejemplo para las futuras generaciones (…). (Son) «la peor banda política organizada (…) que utiliza la política para saquear los activos de Venezuela en el exterior», ha denunciado.
«Se han aprovechado de circunstancias políticas extremas, como la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos para hacer una fantasmagórico gobierno ficticio e intentos de golpe de Estado», ha remachado.
En concreto se ha referido a transacciones como la reciente entrega de 2.700 millones de dólares por parte de Estados Unidos «a este grupo delictivo denominado ‘gobierno interino’» de la que informó el propio Departamento de Estado norteamericano. «No se trata de dinero donado, se trata de dinero de todos los venezolanos que ha sido robado por este grupo de delincuentes. ¿Dónde está ese dinero? Imagino que en la compra de activos fuera del país y en paraísos fiscales», ha planteado Saab.
El domingo ya se conoció la emisión de órdenes de captura contra Figuera, Del Valle y Fernández por parte del Tribunal 49 de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a las que la asamblea de 2015 reaccionó criticando «la arremetida feroz del régimen de Nicolás Maduro que forma parte de su sistemática represión a las fuerzas democráticas».
También la Plataforma Unitaria que agrupa a partidos opositores ha subrayado que «la Asamblea Nacional de 2015 es la institución legítima que goza del reconocimiento internacional de importantes países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá, entre otros».
Figuera declaró recientemente que la oposición decidió que la nueva junta directiva estuviera fuera del país «para garantizar la seguridad de la junta directiva ante las posibles arremetidas del régimen», según recoge el portal de noticias Efecto Cocuyo, afín a la oposición.
