La deforestación del Amazonas es impulsada por redes criminales, según un informe

La deforestación en la Amazonía brasileña es un negocio lucrativo impulsado en gran medida por redes criminales que amenazan y atacan a funcionarios gubernamentales, defensores forestales y pueblos indígenas que intentan detenerlos, según un nuevo informe de Human Rights Watch.

Rainforest Mafias, publicado una semana antes de la Cumbre de Acción Climática de la ONU,  concluye que el fracaso de Brasil en vigilar a estas pandillas amenaza su capacidad para cumplir con sus compromisos bajo el acuerdo climático de París, como eliminar la deforestación ilegal para 2030. 

La deforestación de la Amazonía brasileña prácticamente se ha duplicado entre enero y agosto, totalizando 6.404,4 km2, frente a 3.336,7 km2 en el mismo periodo de 2018 (+91,9%), según datos oficiales provisionales divulgados en plena polémica internacional sobre la preservación del mayor bosque tropical del planeta. Tan solo en agosto, 1.700,8 km2 fueron desmatados, menos que en julio (cuando se habían cuadruplicado), pero más del triple que en agosto de 2018 (526,5 km2), de acuerdo con el sistema DETER de alertas satelitales del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE).

Los expertos evalúan que este año podría llegar por primera vez desde 2008 a los 10.000 km2.

Ricardo Salles, ministro de Medio Ambiente de Brasil en el gobierno del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, ha argumentado, según informa The Guardian, que la pobreza impulsa la degradación y que el desarrollo de la Amazonía ayudará a detener la deforestación. Sin embargo, el autor del informe, César Muñoz Acebes, argumenta que el Amazonas necesita una mejor vigilancia. «Mientras haya este nivel de violencia, ilegalidad e impunidad por estos grupos criminales, será imposible para Brasil frenar la deforestación», dijo. «Estas redes criminales atacarán a cualquiera que se interponga en su camino».

El informe documenta 28 asesinatos en los que encontró evidencia de que «los responsables estaban involucrados en la deforestación ilegal y veían a sus víctimas como obstáculos«.

Las víctimas incluyeron pueblos indígenas, residentes de bosques y agentes ambientales, y solo dos casos fueron a juicio. Por su parte, la Comisión de Tierras Pastorales, un grupo sin fines de lucro conectado a la iglesia católica, contó más de 300 asesinatos durante la última década en el Amazonas, de los cuales solo 14 fueron a juicio.

Bolsonaro ha prometido «tolerancia cero» a los delitos ambientales. Sin embargo, él y su Gobierno calificaron la preocupación internacional sobre el Amazonas como un ataque a la soberanía brasileña.

El viernes, el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acordaron promover el desarrollo del sector privado en la Amazonía y anunciaron un fondo de conservación de la biodiversidad de 100 millones de dólares dirigido por el sector privado.