Lamela ordena detener a Puigdemont y a los cuatro exconsellers que están en Bruselas

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha ordenado la busca y captura nacional e internacional y ha emitido una orden detención e ingreso en prisión sin fianza contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los cuatro exconsellers de la Generalitat de Cataluña que actualmente se encuentran en Bruselas, Antoni Comín (Salud), Clara Ponsati (Educación), Meritxell Serret (Agricultura, Pesca, Ganadería y Alimentación) y Lluís Puig (Cultura), informa AFP. Lamela ha redactado 10 autos, dos por investigado. En uno tramita la eurooorden de detención ante la Fiscalía General de Bélgica; en otro, envía una orden nacional e internacional de busca, captura y entrada en prisión a través de Policía y Guardia Civil por si se les ocurre salir del país.

Lamela ha aceptado, así, la petición del fiscal de emitir una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) contra los cinco miembros del gobierno cesados el pasado 27 de octubre. Todos están acusados de presuntos delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia. También están siendo investigados la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco miembros de la Mesa del hemiciclo catalán, cuya declaración ante el Tribunal Supremo fue aplazada el jueves hasta el día 9 de noviembre.

Ni Puigdemont ni los cuatro exconsellers acudieron a declarar el jueves a la Audiencia. La juez Lamela los había citado después de admitir a trámite la querella de la fiscalía presentada contra los miembros del govern cesados por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al amparo del artículo 155, activado después de que el Parlament aprobara la declaración unilateral de independencia de Cataluña el 27 de octubre. El expresident, en Bruselas desde hace días, ha asegurado desde la capital belga que no volverá a España hasta tener «garantías» de un juicio justo.

La noticia se conoce un día después de que la propia Lamela decretara prisión sin fianza para el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, y otros siete exconsellers: Meritxell Borrás (Gobernación), Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Josep Rull (Territorio), Carles Mundó (Justicia),  Joaquim Forn (Interior), y Dolors Bassa (Trabajo). Estos sí acudieron a la Audiencia Nacional, pero se acogieron a su derecho a no declarar ante la juez y solo respondieron a las preguntas de sus abogados.

Situación distinta es a la que se enfrenta Santi Vila (exconseller de Empresa), para el que la juez decretó prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros, que ha depositado el viernes. Vila, que respondió a las preguntas de todas las partes, fue el único que dimitió antes de la declaración unilateral de independencia. Su salida del cargo se produjo en medio de una fuga masiva de empresas catalanas a otros puntos de España. Entre las más de 2.000 entidades trasladadas hay bancos como CaixaBank y Sabadell o la energética Gas Natural Fenosa.

La fiscalía belga «estudiará» la orden

La Fiscalía federal belga ha recibido ya las órdenes europeas de detención y entrega contra Puigdemont y los cuatro exconsellers, ha confirmado a Efe Eric van der Sijpt, portavoz de la Fiscalía. «Confirmo que las hemos recibido. Estamos esperando su traducción y a continuación las estudiaremos», ha añadido el portavoz.

Van Der Sijpt ha explicado que las órdenes tienen que ser traducidas a uno de los idiomas oficiales en Bélgica (neerlandés, francés y alemán) y que después la Fiscalía las estudiará y las transferirá a un juez de instrucción. Esos trámites podrían ser completados «mañana o más adelante», según el Van der Sijpt.

Paul Bekaert, el abogado belga del Puigdemont -que este mismo viernes ha asegurado que está dispuesto a presentarse a las elecciones del 21 de diciembre– ha advertido de que, tras la emisión de la orden, una eventual extradición «llevará su tiempo», ya que requiere de una serie de formalidades. «Eso llevará un tiempo, porque la orden de arresto tiene que ser traducida, y luego tramitada por la Policía federal, en la Fiscalía federal en nuestro país. Entonces, el señor Puigdemont la debe recoger y llevarla al tribunal de instrucción», ha afirmado en una entrevista a la televisión neerlandesa HLN.

En cuanto a qué puede hacer un juez de instrucción belga en este caso, Bekaert ha dicho que «tiene diferentes posibilidades. Puede detenerlo y ponerle las esposas. Pero el juez de instrucción no tiene por qué detenerlo, también puede dejar al señor Puigdemont en libertad, bajo ciertas condiciones. Yo mismo trataré de ir por caminos alternativos«. Si Puigdemont y sus exconsellers cesados aceptasen su entrega a España, esta se haría sin más complicaciones, pero si no, la decisión correspondería a la Cámara del Consejo (tribunal de instrucción) de Bruselas, que dispondría de un plazo de quince días para decidir.

La decisión es recurrible en apelación (con lo que se abriría un nuevo plazo de quince días) y en último caso ante la Corte de Casación, que dispondría del mismo tiempo para resolver. Pero además, el juez instructor podría considerar que la información contenida en la orden de detención no es suficiente y requerir a la Justicia española el envío de información complementaria. La ley belga establece una serie de motivos por los que la orden puede ser rechazada, como por ejemplo la existencia de razones para creer que su ejecución tendría como efecto una vulneración de los derechos fundamentales de la persona reclamada recogidos en el Tratado de la Unión Europea (UE).

En cualquier caso, si las personas afectadas aceptan la entrega, esta debe realizarse en los 10 días siguientes; si no la aceptan, la decisión debe tomarse en un plazo de 60 días a partir de la detención. La regulación europea reduce los motivos de denegación de la extradición y suprime el principio de doble incriminación en determinadas circunstancias, concretamente en una lista de delitos en la que no está la rebelión y la sedición, pero sí algunos de corrupción, por lo que cabría la posibilidad de que se le aplicara a Puigdemont y sus exconsejeros, imputados también por malversación en este proceso. En caso contrario, los delitos que se atribuyen al expresidente regional catalán deben estar tipificados en el ordenamiento jurídico belga para que se pueda proceder a la orden de detención y entrega.

Reacciones

Poco después de que se conociera la orden de Lamela, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho que los investigados «se indignan porque les imputa un juez, pero mientras eran cargos públicos coleccionaban notificaciones judiciales por incumplir la ley».

Se indignan porque les imputa un juez, pero mientras eran cargos públicos coleccionaban notificaciones judiciales por incumplir la ley. pic.twitter.com/Td98U2qVSE

— Albert Rivera (@Albert_Rivera) 3 de noviembre de 2017

Además, minutos antes de conocerse la decisión de Lamela, el Teatre Nacional de Catalunya ha emitido en su página web un comunicado en el que pide «soluciones políticas» para la crisis. «Encarcelar a agentes fundamentales de este diálogo político nunca será la solución». El manifiesto está firmado por 63 personas y entidades. Entre ellas están La Fura dels Baus, la Fundació Joan Miró o el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA).

El @teatrenacional i altres equipaments culturals de Catalunya comparteixen el següent manifest https://t.co/XpO2f42HWN pic.twitter.com/PvEG9SPgZc

— TNC (@teatrenacional) 3 de noviembre de 2017