La Guardia Civil investiga una empresa perteneciente a un holding internacional americano, con sede europea en Londres, por una mala gestión de residuos sanitarios de la COVID-19, en una operación que se ha saldado con la detención e investigación de 20 personas.
Lo más importante: según informa este sábado la Dirección General de la Guardia Civil, la empresa investigada reducía costes en envases, manipulación y equipos de protección, con el incremento del riesgo de dispersión del virus que ello supone. La operación, llamada Ribio, se ha centrado en las sedes en Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Madrid de esa empresa, pero también en las sedes de Portugal.
Las vigilancias llevadas a cabo por el SEPRONA han revelado que los residuos infecciosos eran almacenados en la calle y sin los envases adecuados, utilizando otro tipo de embalaje más económico. El ahorro en envases provocaba que gran parte de los mismos -al contener sustancias líquidas- se deteriorara y el contenido de las bolsas acabara disperso por la vía pública. Además, la mayoría de los operarios solo disponía de guantes como equipos de protección individual.
El modus operandi de la multinacional le permitía incrementar los beneficios obtenidos, que se estiman en un 300%. La empresa investigada asumía un volumen y tipo de residuos muy por encima de la previsión realizada en base a su capacidad, lo que ha desembocado en posibles tratamientos incorrecto que no conseguían neutralizar la carga vírica y el riesgo de infección.
Se trata de actuaciones negligentes que han podido generar situaciones de contagio, subraya la Guardia Civil, que destaca que los investigados utilizaban naves no autorizadas para el almacenamiento clandestino de estos residuos provocados por la pandemia del coronavirus[contexto id=»460724″]. De hecho, la empresa incrementó su gestión en tres toneladas en tan solo unos meses, sin capacidad para ello.
Entre las irregularidades detectadas, el instituto armado explica que la empresa gestora usaba cajas de cartón como envase para guardar las bolsas infecciosas, contraviniendo las normas de seguridad mínimas aceptadas y marcadas por la legislación vigente. Todo ello generaba un riesgo para los trabajadores que lo manipulaban y lo transportaban, especialmente en empresas subcontratadas no habilitadas para este tipo de residuos y donde los transportistas no contaban ni con cualificación, ni con protocolos de actuación.
A los responsables de la empresa se les atribuye varios delitos relacionados con la gestión irregular de residuos, delitos contra los derechos de los trabajadores y contra la salud pública. La mala gestión de estos residuos puede acarrear directamente la aplicación de sanciones penales con condenas de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.
