Envían a juicio a una ex alto cargo de Esperanza Aguirre por malversación en un hospital público
La Fiscalía pide cuatro años y siete meses de prisión para una exdirectora general tras fracasar en su intento de imputar a la expresidenta madrileña
Fachada del Hospital Universitario Puerta de Hierro, en Majadahonda (Madrid). | Europa Press
El Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid ha dado por concluida la investigación por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, tras el fracasado intento de Anticorrupción por imputar a Esperanza Aguirre en el caso y a pesar de existir un recurso pendiente de resolución en la Audiencia Provincial. La juez ha acordado la apertura de juicio oral contra una exalto cargo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en un procedimiento donde la empresa que gestiona el hospital también tendrá que responder en concepto de partícipe a título lucrativo por un presunto perjuicio al erario público de unos 10 millones de euros.
En un auto fechado el 5 de octubre, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el juzgado acuerda sentar en el banquillo a E.M., ex directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios entre 2008 y 2011, por presuntos delitos de prevaricación y malversación en la drástica reducción de 135 camas en el Hospital Universitario Puerta de Hierro. La juez ha tomado la decisión después de casi dos años de instrucción y a petición de la Fiscalía, que solicita una pena de cuatro años y siete meses de prisión e inhabilitación absoluta para ocupar un cargo público durante un periodo de 12 años. Será en la Audiencia Provincial de Madrid, que tiene aún pendiente de resolver un recurso de la acusada, donde se desarrolle el juicio.
En su escrito de acusación, además, el Ministerio Público solicita que la encausada indemnice a la Comunidad de Madrid en la cantidad que se determine en la sentencia «como consecuencia de los daños y perjuicios de los hechos denunciados, respondiendo directa y solidariamente el Hospital Majadahonda S.A., en concepto de partícipe a título lucrativo». Un caso en el que no hay acusación particular y por el que Anticorrupción ya intentó encausar a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y al que fuese su consejero de Sanidad, Juan José Güemes.
Esperanza Aguirre, exonerada
Aguirre y Güemes quedaron exonerados al considerar la juez que el mero hecho de que fuesen los máximos responsables de la Comunidad de Madrid y de la Consejería de Sanidad, respectivamente, no justificaba su imputación. Y porque, además, de la declaración en sede judicial de la única acusada, que niega los hechos que le imputa la Fiscalía, no se desprendía que la presidencia autonómica hubiese dado la orden para reducir a la mitad las camas en el hospital durante el año 2008.
Tras el portazo de la Audiencia Provincial a investigar a Aguirre y Güemes, el Ministerio Público remitió en marzo un escrito a la juez instructora interesando continuar la causa por el trámite de procedimiento abreviado la causa. A la exdirectora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitario se le acusa de haber modificado de facto el contrato de explotación del hospital, «a sabiendas de su ilegalidad y omitiendo de forma absoluta» el procedimiento contemplado en la legislación vigente, para convertir en individuales las 135 habitaciones equipadas como dobles en el centro médico.
Aunque la Fiscalía admitía entonces que la orden de cambio tuvo «un coste para la administración de 84.500,55 euros», el Ministerio Público también cifraba en más de 10 millones de euros el presunto coste para las arcas públicas. «En la oferta del sector público efectuada por la concesionaria se recogía de forma expresa que el hospital contaría con 794 camas hospitalarias. La reducción de las 135 camas ha tenido un impacto directo en la retribución a la empresa concesionaria, teniendo presente que las mismas siguen siendo objeto de pago por parte de la Administración», indicaba el fiscal.
Diez millones de euros
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó en 2020 un recurso contencioso-administrativo promovido por el Servicio Madrileño de Salud contra una sentencia que condenaba a la Administración autonómica a devolver a la empresa adjudicataria, Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda S.A. (conformada por Dragados, Bovis Lend Lease y Sufi S.A.), todas las cantidades pagadas por el contratista desde la adjudicación del contrato, en 2004, como consecuencia de la reducción de camas en el centro médico. Un total de 10.033.194 euros.
Tras el fallo que obligaba a la Comunidad de Madrid a compensar al contratista, en diciembre de 2020, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra E.M., la que fuera directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitario entre abril de 2008 y julio de 2011, por presuntas irregularidades en las obras de adjudicaciones del Hospital Puerta de Hierro.
Según el escrito de la Fiscalía, las diligencias revelaron la existencia de indicios de «que prescindiendo del más mínimo procedimiento administrativo de modificación de contratos previsto en la legislación vigente y en el pliego de cláusulas administrativas, se modificó de facto el contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción y explotación del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda adjudicado por el consejero de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid mediante Orden de 18 de marzo de 2005, a la agrupación de empresas formada por Dragados S. A., Bovis Lend Lease, S.A. y SUFI, S. A., que constituyeron la mercantil Hospital Majadahonda, S.A.».
Impacto en los caudales públicos
Dicha modificación, según Anticorrupción, dio cumplimiento y ejecutividad, a la Orden de Cambio 44 del 28 de mayo de 2008, en virtud de la cual 135 habitaciones del citado hospital de Majadahonda pasaron de ser dobles a individuales. Como sustento habilitante justificativo de dicho acuerdo, según la Fiscalía, se invocó la resolución de 5 de mayo de 2008 de idéntica Dirección General dictada a requerimiento de «la presidenta de la Comunidad de Madrid en la fecha de los hechos, resolución que, tal y como se ha comprobado a través de los oportunos requerimientos efectuados por el Ministerio Fiscal a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, no existió».
Según el fiscal, sin perjuicio de la ilegalidad radical de la reducción de las 135 camas hospitalarias llevada a efecto eludiendo cualquier procedimiento administrativo, «se debió de haber restablecido el equilibrio económico del contrato de concesión a favor de la Administración a través del oportuno modificado, con el objeto de evitar el impacto negativo en los caudales públicos». Durante la instrucción, también fue llamado a declarar como investigado el exdirector general de Compras de Productos Sanitarios y Farmacéuticos de la Comunidad de Madrid, Jesús Vidart. Las actuaciones contra él fueron archivadas poco después, al no existir indicios suficientes de que hubiese cometido ningún ilícito penal.
