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Desimputan a un ex alto cargo de Esperanza Aguirre en el caso del Hospital Puerta de Hierro

La juez mantiene abierta la investigación contra otra exfuncionaria por un presunto delito de prevaricación en la modificación de un contrato

Desimputan a un ex alto cargo de Esperanza Aguirre en el caso del Hospital Puerta de Hierro

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid | Europa Press

El Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid ha archivado las actuaciones contra uno de los dos ex altos cargos de la Comunidad de Madrid imputados en la causa en la que se investiga si la drástica reducción de camas llevada a cabo en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid) en 2008, durante el gobierno de Esperanza Aguirre, pudo suponer un quebranto de más de 10 millones de euros a las arcas públicas autonómicas.

En un auto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la juez que instruye el caso ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo parcial de las actuaciones respecto al que fuese director general de Gestión Económica y de Compra de Productos Sanitarios y Farmacéuticos de la Consejería de Sanidad, Jesús Vidart. La magistrada Mónica Aguirre entiende que no existen «indicios suficientes de que los hechos que se imputan revistan caracteres de infracción penal».

Sin embargo, y a petición de la Fiscalía Anticorrupción, la titular del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid mantiene abierta la investigación por un presunto delito de prevaricación contra Elena de Mingo, ex directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios. En un escrito interpuesto el pasado 17 de marzo, después de que la Audiencia Provincial diese carpetazo definitivo al último intento de Anticorrupción para imputar por esta causa a Esperanza Aguirre, el Ministerio Público pidió a la juez que transformase en procedimiento abreviado las diligencias contra De Mingo.

La juez apremia a la Fiscalía a presentar su acusación

La Fiscalía, según el auto de la juez, considera que la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid y de la juez de rechazar la imputación de Esperanza Aguirre supone un «cierre prematuro» de la fase de instrucción «al haberse cercenado la posibilidad de dirigir la investigación contra los sujetos con poder decisivo» en la modificación del contrato que dio lugar a la apertura del caso.

En su escrito, la magistrada insta al Ministerio Público a que formule en el plazo de diez días un escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral contra De Mingo o, por el contrario, el sobreseimiento de la causa. Lo anterior, añade la magistrada, sin perjuicio de que la Fiscalía pueda solicitar «excepcionalmente» la práctica de las diligencias complementarias que se consideren imprescindibles para formular la acusación.

La titular del juzgado rechazó en noviembre la petición del Ministerio Público de citar como investigados por presuntos delitos de prevaricación y malversación a la expresidenta madrileña y al que fuera su consejero de Sanidad, Juan José Güemes. La magistrada entendía que el hecho de que fueran «los máximos responsables de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad y del Órgano de Contratación en mayo de 2008 no justifica la atribución de la condición de investigados». Una decisión ratificada por la Audiencia Provincial al rechazar el recurso de apelación presentado posteriormente por la Fiscalía.

Reducción de camas en el Hospital Puerta de Hierro

La juez ha decidido ahora archivar las actuaciones contra Vidart tras tomarle declaración el pasado 20 de diciembre. El que fuese director general de Gestión Económica y de Compras de Productos de la Comunidad de Madrid fue sometido a un extenso interrogatorio en el que admitió ser «el encargado de regularizar las convalidaciones y modificados» de los contratos del hospital entre 2012 y 2015. En su declaración, según la Audiencia Provincial, Vidart «explicó su actuación asumiendo su gestión, sin haber actuado por orden de la presidenta de la Comunidad de Madrid y sin derivar responsabilidades a terceras personas».

En un escrito fechado el pasado 10 de noviembre, en el que pedía la imputación de Aguirre y Güemes, el Ministerio Público había señalado que la reducción de camas llevada a cabo en 2008 en el Hospital Puerta de Hierro, convirtiendo en individuales 135 habitaciones dobles, se habría realizado sin cumplir con los procedimientos administrativos necesarios y causó un quebranto económico al erario público superior a los diez millones de euros.

Un año antes, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra Elena De Mingo, quien fuera directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios de la Consejería de Sanidad, entre abril de 2008 y julio de 2011, por presuntas irregularidades en la modificación del contrato que dio lugar a la adjudicación de las obras del Hospital Puerta de Hierro. De Mingo es la persona que firmó en mayo de 2008 la orden por la que se modificó de facto el contrato y se procedió a la retirada de 135 camas en ese hospital de Majadahonda. Lo hizo, según la versión de la Fiscalía, «a sabiendas de su ilegalidad y omitiendo de forma absoluta el más mínimo procedimiento de modificación de contratos previsto en la legislación vigente».

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