Feijóo: "Estamos revisando las leyes 'trans' de las comunidades para ajustarlas a la realidad"

PREGUNTA.- Usted ha criticado mucho la ‘ley trans’, pero ya están en vigor leyes parecidas en algunas autonomías gobernadas por el PP, por ejemplo Madrid, donde se consagra el principio de la libre autodeterminación del género. ¿Por qué no derogan ustedes esas leyes autonómicas?

RESPUESTA.- El otro día escuché a unas asociaciones feministas decir que las comunidades autónomas habían legislado de buena fe y que ahora se habían encontrado los problemas que había detrás de esa operación. Pero, en todo caso, las comunidades han legislado con la legislación anterior, que establecía un dictamen facultativo, dos años desde la decisión de cambiar de sexo hasta que pueda producirse y un seguimiento de un psicólogo o de un psiquiatra que tiene que autorizarlo. Por tanto, ahora lo que estamos es ante la segunda gran chapuza legal del Gobierno en el mundo de la mujer y en el mundo de los menores de ambos sexos. Y lo que estamos viendo es que estamos en un precipicio. 

P.- Insisto: ¿va a dar usted instrucciones a sus gobiernos autonómicos para que revisen sus leyes ‘trans’ regionales? 

R.- Nosotros en este momento estamos revisando las leyes de las comunidades autónomas para, efectivamente, ajustar esas leyes a la realidad de los países que tienen legislaciones que están dando marcha atrás por los efectos que producen. Pero reitero que esta ‘ley trans’, que es un proyecto loable porque tenemos que tener una regulación para ese colectivo, es otra chapuza hecha en contra de los juristas, en contra de los médicos, en contra de los docentes y en contra del feminismo clásico. Esta ley es otro proyecto ideológico de una minoría del Gobierno, que es Podemos, a los que el señor Sánchez les debe la presidencia. Es de una frivolidad enorme que un menor de 16 años decida hormonarse y que el sistema sanitario tenga ‘ope legis’ que ofrecer esos fármacos y que ese menor a los 17 decida una cirugía irreversible, cuando está formando su opinión, su voluntad y su sexualidad. Esto, insisto, no lo valida ningún facultativo en España. 

P.- Respecto a la ‘ley del solo sí es sí’, el Gobierno ha rectificado y ahora ha recogido el guante de la propuesta que hizo el PP en diciembre, y se está tramitando como proposición de ley en el Congreso. Ustedes se han mostrado partidarios de apoyarla, pero encuentro una pequeña incongruencia: llevan meses criticando a Sánchez por aprobar normas sin consultar a los órganos constitucionales y ahora van camino de reformar la ley sin escuchar al Poder Judicial, al Consejo de Estado… ¿No sería más prudente tomarse algo más de tiempo para no volver a incurrir en errores?

R.- La ‘ley del solo sí es sí’ es un eslogan que queda bien en una pancarta. Y ahora estamos esperando a otro día, que es el 8 de marzo, para continuar con el eslogan. Y en el medio, pues estamos cerca de las 600 rebajas de penas y decenas de excarcelamientos. Y nosotros, comprendiendo y compartiendo todo lo que dice, necesitamos por lo menos hacer un torniquete a esa hemorragia.

P.- Pero el daño ya está hecho, las revisiones de condena se van a seguir produciendo.

R.- Todos los delitos que se estén cometiendo durante todos estos días entran por la ley anterior. Si tardamos tres meses más, serán tres meses más de delitos. Además, nosotros estudiamos este asunto con juristas y presentamos nuestra propuesta el 16 de diciembre. El PSOE ha copiado nuestra propuesta y le ha añadido una línea, y por lo tanto encaja dentro de lo que comúnmente se considera correcto en términos de reposición de penas. Por tanto, estamos dispuestos a apoyar esa propuesta, pero no porque a nosotros nos interese, ni porque nosotros estemos de acuerdo en la formulación y en la elaboración de la ley, sino por una cuestión de emergencia. Y así por lo menos los delitos que se cometan a partir de la entrada en vigor en el BOE de esa reforma volverán otra vez a un reproche penal adecuado.

P.- ¿La volverán a cambiar en el futuro si gobiernan?

R.- Por supuesto. Esa ley no la compartimos y la vamos a modificar, no solamente en lo que se refiere a las penas, sino a otros conceptos de la misma. Pero yo llamo la atención sobre el cinismo sobre el que se actúa cuando se decía que esto era una ley ejemplo de protección a las mujeres. Lo decía el señor Sánchez, ¿lo estaba diciendo cuando ya había tomado la decisión de reformarla? La señora Llop dice que recibió la instrucción en noviembre. Además, el señor Sánchez dijo que nadie había advertido de esos problemas de rebaja de penas, pero nos hemos enterado a través de la exvicepresidenta Calvo que ella y el ministro de Justicia habían advertido de esos riesgos. Y cuando dice que hay que reformar esto de forma urgente, no atiende a la propuesta del Partido Popular de diciembre sino que presenta una propuesta, sus socios no se la tramitan como urgente y vamos a esperar al 8 de marzo para proseguir con la pancarta a ver si la aprobamos. Esto ya forma parte del disparate. Cuando conozcamos con exactitud la memoria del Consejo General del Poder Judicial, cuando veamos cuáles son los efectos en las 4.000 personas de las cárceles, ya sea con condena o presos preventivos, y cómo les afecta eso a la rebaja de sus penas… Vamos a estar un lustro como mínimo viendo excarcelar a personas y viendo rebaja de penas. Esto sí que forma parte de la herencia de Pedro Sánchez para la próxima legislatura. 

P.- Me gustaría preguntarle por el caso de Antonio Cabrales, el consejero que ustedes designaron para el Banco de España y que al final tuvo que renunciar por firmar un manifiesto en apoyo a la prófuga Clara Ponsatí. ¿Cómo llegaron ustedes a la decisión de que fuera Antonio Cabrales el elegido? 

R.- Bueno, yo creo que lo importante es lo que ha hecho el Partido Popular. Cuando tuvimos conocimiento de que el profesor Cabrales había hecho una serie de evaluaciones y una serie de apoyos a procesos ilegales, y a personas que cometieron esos delitos, automáticamente lo comentamos con él, y se dio cuenta, motu propio, de que eso no es compatible con ser consejero de un organismo del Estado como es el Banco de España. Porque hay que subrayar que no es el consejo de una empresa privada, sino un organismo estatal. Por eso en cuestión de horas nos notificó su renuncia al cargo. 

Caso Cabrales: «Faltó una pequeña cata de investigación, pero también es verdad que se reaccionó en horas»

P.- Pero mucha gente se pregunta cómo es posible que el Partido Popular no haya hecho una investigación previa sobre una persona a la que va a nombrar consejero del Banco de España… 

R.- Yo también, yo también. Pero, a veces, pasa esto cuando la propuesta viene avalada, cuando hablamos con el candidato y le preguntamos si hay alguna cosa que debamos saber, y cuando el aval y el candidato nos sugieren credibilidad y respeto. Es verdad que faltó una pequeña cata de investigación, pero también es verdad que se reaccionó en horas. Lo que hemos demostrado con él, porque desde el punto de vista académico entiendo que cumplía los requisitos, y con el actual, Fernando Fernández, es que estamos cumpliendo nuestro código de regeneración democrática. No hemos puesto a altos cargos del PP, no hemos puesto a jefes de gabinete de ministros ni hemos puesto a directores generales del Gobierno anterior. Nosotros cumplimos nuestro compromiso de regeneración. Y sin embargo vemos a la jefe de gabinete de la vicepresidenta económica del Gobierno en el consejo del Banco de España; a dos miembros del Gobierno, uno como ministro y otro como alto cargo, de magistrados del Tribunal Constitucional; a un miembro del Comité Ejecutivo del Partido Socialista utilizar el CIS para una actividad política, desprestigiando a la institución; o el cese de la directora del CNI por cumplir lo que le mandaban el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, por cierto que el CNI es un servicio de inteligencia que está en pleno desmantelamiento. 

P.- ¿A qué se refiere exactamente? 

R.- Me refiero a las órdenes que recibe el CNI: no entrar en los temas independentistas, no estar en los ambientes de organizaciones que están construyendo actividades en contra de la unidad territorial de nuestro país y desconectar del principal y primer compromiso del CNI, que es mantener la integridad de la nación española. Por tanto, estamos viendo cómo las instituciones del Estado son ocupadas y expropiadas por el Gobierno, algo que quizás por el barullo en el que vivimos está pasando desapercibido, pero esta crisis institucional me parece que es una de las cosas más graves que ha vivido España en estos 40 años.

P.- ¿Por qué ha votado el Partido Popular a favor del cupo vasco esta semana en el Congreso?

R.- Por coherencia.

P.- Pero no le parece que por lo menos se debería haber debatido: ustedes lo han aprobado por la vía de urgencia.

R.- Entiendo que nadie puede ir contra sus propios actos y nosotros habíamos aprobado ese cupo vasco en el año 2018. Si no cambian las condiciones ni cambian los contenidos, lo que hemos aprobado en 2018 sobre el mismo objeto, sobre el mismo contenido, pues…

P.- Pero usted sabe que en algún momento, si usted es presidente, Cataluña le puede pedir algo parecido. ¿Cuál va a ser el argumento para negárselo? 

R.- El sistema de financiación de Euskadi está protegido en la Constitución española y el sistema del resto de comunidades autónomas tiene la Lofca. Lo que hay que hacer es la liquidación correcta del concierto vasco. Esa es la discusión, no la metodología, sino la liquidación de esa metodología. Y eso tiene el refrendo constitucional y está en la transición y en los pactos constitucionales, está en los fueros vascos y está en 40 años de democracia española. Lo que hemos de ver es cómo se liquida y cómo se hacen las cuentas. Eso es lo que es importante. 

P.- Algunos partidos han dicho que el cálculo está mal hecho, que estamos validando algo que está mal calculado. 

A mí, desde luego, nadie me ha referido del grupo parlamentario que esto esté mal calculado. Yo he pedido información al respecto y se me ha dicho que se está manteniendo la metodología de 2018. 

P.- Ahora que se habla tanto de sanidad, y puesto que se trata de una competencia transferida a las comunidades autónomas, me gustaría saber si contempla algún tipo de recentralización sanitaria para garantizar que se presten los mismos servicios en todas las comunidades por igual. 

R.- Yo lo que pretendo es que haya una política sanitaria en nuestro país, que no la hay. Llevamos cuatro años y medio de gobierno y en los próximos días tendremos al quinto ministro de Sanidad. Ni uno por año. Llevamos cinco años sin planificación de recursos humanos y sin planificación de prestaciones farmacéuticas.

P. ¿Y eso se puede hacer sin recentralizar ninguna competencia?

R.- Por supuesto. Cómo es posible que llevemos cinco años con un déficit de médicos y sin embargo que nos queden 2.000, 3.000 o 4.000 plazas MIR sin ocupar todos los años, y tengamos 4.000 graduados en medicina sin poder practicar medicina. Y no tenemos médicos en los centros de salud y pediatras. ¿Cómo es posible? Ahí tenemos cuatro o cinco años por unos 3.000 de media, tenemos cinco por tres, vamos, pongámosle 15.000 médicos que podríamos tener y evitar este problema sanitario que tenemos en España, que es el principal problema. Si un médico se coge vacaciones, entra en baja laboral o coge sus días de libre disposición, un consejero de sanidad no pueda ponerle a otro médico porque no lo hay.

P.- Yo creo que hay un problema más grave que ese: según donde vivas tienes más probabilidades de superar, por ejemplo, un cáncer, dependiendo de si tu comunidad tiene los medios adecuados…

R.- Es verdad que siempre ha ocurrido, pero cada día menos. Lo que falta es una cartera de servicios y una auditoría de esa cartera. Lo que falta es un sistema de prestaciones farmacéuticas actualizado. Tenemos medicamentos que no podemos registrar porque no tenemos dinero para financiar y sin embargo tenemos otros financiados con bastante discutibilidad desde el punto de vista de su valor terapéutico. Y tenemos sistemas de información no compatibles y tarjetas sanitarias incompatibles en los territorios de España. Y luego hay una ausencia de política de recursos humanos: estamos sin crear las especialidades que son urgentes. Por ejemplo la especialidad de Urgencias y Emergencias médicas para taponar el problema de los médicos de familia que están en Atención Primaria y que, una vez finalizada la MIR, deciden irse a los servicios de urgencias hospitalarias y quedan esas plazas sin cubrir en el ámbito de la medicina primaria. Yo llevo cinco años proponiendo la especialidad de Urgencias y Emergencias.

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