La Fiscalía denuncia la desigualdad territorial en la protección a las víctimas de violencia de género

La Fiscalía General del Estado ha denunciado la desigualdad territorial de los juzgados a la hora de conceder medidas de protección a las víctimas de violencia machista: la media nacional fue del 70%, pero varía del 52% de Cataluña y el 54% de la Comunidad de Madrid al 87% de la Comunidad Valenciana y el 86% de La Rioja.

Los datos: los juzgados que más medidas de protección cautelares aprobaron fueron los de Salamanca (97,7%), Granada (96,8%) y Burgos (95,2%), mientras que los que concedieron menos fueron los de Sevilla (44,5%), Valladolid (45,6%) y Barcelona (46,7%).

La Memoria de la Fiscalía relativa a 2019 evidencia las diferencias en la actuación judicial contra la violencia de género[contexto id=»381727″] entre las distintas comunidades autónomas y provincias. «Hemos de insistir en que esta diferencia de criterios en los juzgados genera cierta inseguridad jurídica incompatible con las campañas de incentivación de denuncia que desde todos los sectores sociales e institucionales se aconseja», subraya la Fiscalía.

Recuerda la Memoria que en 2019, un total de 59 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas y que casi el 80% de los crímenes se cometieron fuera de capitales de provincia, lo que «pone sobre la mesa la necesidad de un mayor despliegue territorial para que los medios y recursos lleguen a todas las víctimas, con independencia de dónde residan».

Los delitos de violencia de género y familiar supusieron el 10% de los registrados por la Fiscalía, que presentó en 2019 58.232 escritos de acusación en este ámbito, un 11,2% más que el año anterior.

Además de denunciar una creciente brutalidad en los métodos empleados para asesinar a las mujeres, la Fiscalía ha indicado que 54 mujeres fueron atacadas y resultaron heridas graves.

El Ministerio Público ha solicitado «instrumentos y herramientas adecuadas» para afrontar esta violencia y «batallar contra la impunidad que la sociedad percibe en estos delitos». Entre ellos, la dotación de las unidades de valoración forense y de las oficinas de atención a las víctimas, así como la reforma del artículo 16 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite a la víctima acogerse al derecho a no declarar y que «está en el origen de un apreciable porcentaje de sentencias absolutorias».

La Fiscalía ha instado asimismo a «mirar hacia los agresores, los verdaderos culpables, con quienes se debe trabajar para asegurar su efectiva reinserción en la sociedad» y evitar que reincidan en la violencia.

El Ministerio Público alerta de que sigue aumentando el número de menores de edad enjuiciados por delitos de violencia contra la mujer: 312 frente a los 249 de 2018. Sin embargo, se aprecia una disminución considerable de las diligencias preliminares incoadas, que pasaron de 944 a 718.

La Fiscalía asegura además que las nuevas tecnologías han puesto en manos de los agresores de las víctimas de violencia de género «mecanismos muy potentes de manipulación, humillación y control que pueden generar dominación y relaciones desiguales entre hombres y mujeres, capaces de producir efectos lesivos extraordinariamente graves».

Por último, la Fiscalía habla de las denuncias falsas registradas en 2019. En total, se interpusieron 168.057 denuncias por violencia de género, mientras que se incoaron soete causas por denuncia falsa -todas en trámite sin que se haya formulado el escrito de acusación- y otras 17 causas están pendientes de incoación. Destaca la Fiscalía que la proporción entre los procedimientos por denuncia falsa desde 2009 en los que se ha dictado sentencia condenatoria es del 0,0069 %.