Investigan a un matrimonio en Valladolid por ejercer como veterinarios sin serlo
En el centro se realizaban todo tipo de actividades habituales en estos centros: desde citologías u análisis de sangre, hasta cirugías.
Ayuntamiento de Valladolid. | Valladolid.es
El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), de la Guardia Civil de Valladolid se encuentra inmerso en una investigación cuyo foco está puesto sobre un matrimonio que ejercía como veterinarios sin tener el título certificado que les permitiera la práctica del oficio. Así lo han confirmado fuentes de la Benemérita a El Norte de Castilla.
Todo comenzó a finales del pasado mes de marzo de este mismo año, cuando el Colegio de Veterinarios de Valladolid informó a la Guardia Civil sobre una serie de irregularidades que podrían haber estado produciéndose en un centro veterinario de Pucela. De esta manera, se abrió la investigación y se procedió a un registro del local y de los papeles necesarios por parte de los particulares para ejercer como especialistas en la salud de las mascotas.
Así, el matrimonio portaba unos papeles que les verificaban como veterinarios, pero tras varios cotejos se constató que no podían validarse como título académico reconocido en España. Después de ello, y tras la identificación de los mismos, se pueden enfrentar a un delito de intrusismo profesional.
Análisis, cirugías, citologías sin título
Tal y como han informado diversos clientes, en este centro veterinario se llevaba una actividad diaria similar a la de cualquier otro local dedicado a la salud de las mascotas. De esta forma, se realizaban análisis de sangre, se practicaban citologías, e incluso se hacían cirugías a los animales de los clientes.
Ante todo esto, y con la investigación aún abierta, se ha señalado al matrimonio como presuntos autores de un delito de intrusismo profesional, por realizar labores propias de la profesión veterinaria sin tener la titulación necesaria para poder ejercer como tal. Tal y como recoge el código penal, y si todo continúa por este camino, los acusados podrían enfrentarse a una pena de cárcel que variaría entre los 12 y los 24 meses; aunque lo lógico en estos casos suele ser la conmutación de la misma por una multa.
