Un okupa pacta con la Fiscalía y evita la cárcel tras agredir a varias mujeres discapacitadas
El acusado obligó a una de ellas, que sufre disminución mental, a practicarle felaciones de manera forzada
Fiscalía Palma.
Un varón de 73 años ha evitado una condena de 30 años de prisión por agredir sexualmente a dos mujeres discapacitadas en Inca (Mallorca). Ha ocurrido después de llegar a un acuerdo con la Fiscalía, por el que se le ha reducido de 30 a cuatro años la pena, aunque finalmente no ingresará en la cárcel; tal y como ha informado Ultima Hora.
Estos hechos tuvieron lugar cinco años atrás, en el 2018. Por aquel entonces, el hoy procesado vivía como okupa en una finca de un polígono de Inca, en Mallorca. Junto a él, habitaban dos mujeres con discapacidades, de un 76 y 66 por ciento, respectivamente.
Allí, y tal y como ha relatado el Ministerio Fiscal, se aprovechó de la disminución mental de una de las mujeres, para forzarla sexualmente. De esta manera, le obligó en el gallinero de la finca a realizarle felaciones durante varias ocasiones. Además, había un maltrato físico y verbal, propinándole en ocasiones empujones y patadas, y llamándole «retrasada, loca y puta».
Por su parte, una de las dos víctimas, ha sufrido un ataque de epilepsia al ver a su agresor entrar por la Audiencia de Palma, antes de la celebración del juicio. Las asistencias sanitarias han tenido que atenderla y calmarla antes de la vista oral, en la que estaba citada a declarar.
Entramado proceso judicial
Cabe destacar que, esta causa estaba paralizada desde hace dos años, en el 2021. Esto ha resultado de vital importancia para la decisión de la representante del Ministerio Público, que ha tenido en cuenta las circunstancias atenuantes muy cualificadas de reparación del daño y de dilaciones indebidas.
En un primer momento, la Fiscalía reclamaba 30 años de prisión para el acusado, circunstancia que se ha rebajado a cuatro tras un acuerdo con el abogado de la defensa. Sin embargo, la pena ha quedado suspendida.
Esto hace que el resultado sea el pago (previo al juicio celebrado) de 500 euros a cada una de las dos víctimas por parte del agresor, así como una indemnización actual de 2.000 euros a cada una de ellas en concepto de daños morales causados. El varón ha evitado su entrada en prisión, pero tendrá que acudir a programas de educación sexual.
