La Policía Nacional compró 500 botes de gas lacrimógeno tras la primera protesta en Ferraz
Interior gastó de urgencia 13.915 euros en este material después de dispersar a los manifestantes de la sede del PSOE
La Policía a cargo de Marlaska solicitó un refuerzo de 500 botes de gas lacrimógeno. | Europa Press
La Policía Nacional adquirió de urgencia una partida de 500 botes lacrimógenos para los integrantes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) al día siguiente de las cargas del 6 de noviembre en Ferraz, donde cerca de 4.000 personas, según Delegación del Gobierno en Madrid, se concentraron a la puertas de la sede nacional del PSOE clamando contra los pactos de Pedro Sánchez con el independentismo.
Aquel día, sobre las 21.30 horas, la tensión creció y efectivos de la UIP intervinieron lanzando gases lacrimógenos, pelotas de goma y botes de humo, iniciando una carga contra los manifestantes que se extendió por los alrededores de Ferraz. Desde Interior, Fernando Grande-Marlaska defendió la actuación «proporcional» de la Policía en la manifestación y negó que se dieran órdenes políticas a los agentes: «Se actúa siempre en parámetros de proporcionalidad para garantizar la seguridad de todos», dijo al respecto.
La Plataforma de Contratación del Sector Público licitó al día siguiente, concretamente a las 14.42 horas, la solicitud de un mínimo de 2.100 artificios triple fumígenos (ATF), una munición que se dispara y crea nubes de humo, y 500 artificios triple lacrimógenos (ATL), los citados gases lacrimógenos. Para ello, se alegó que necesitaban satisfacer las necesidades de material antidisturbios demandadas por los 52 grupos de UIP y 72 grupos de UPR de la Policía Nacional desplegados por todo el territorio nacional. En total, el suministro de todo ese material supuso un desembolso de 72.358 euros (IVA incluido), de los cuales 13.915 euros fueron para comprar los 500 gases lacrimógenos.
El contrato –cuyo número de expediente es el Z23AR018/X10– se modificó y volvió a aparecer en el Portal de Contratación el 16 de noviembre a las 11.38 horas, pero las cifras de la adquisición del material policial y el dinero desembolsado son las mismas, según ha podido comprobar THE OBJECTIVE.
Dos meses después de los incidentes entre los manifestantes y la Policía, el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid abrió, a iniciativa de la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces, diligencias penales contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y contra los mandos policiales responsables de las cargas policiales y el lanzamiento de gases lacrimógenos.
Según adelantó este diario, la magistrada Josefa Bustos estimó que «los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». Por esto, decidió incoar diligencias previas por el presunto delito de prevaricación administrativa contra los mandos policiales que ejecutaron las órdenes, el delegado del Gobierno, y demás personas que resultasen criminalmente responsables de los hechos. Además, dio traslado del caso al Ministerio Fiscal, que este viernes pidió archivar las diligencias.
El ministro del Interior asumió como propias las órdenes con «criterios operativos» dadas a los agentes de los ‘antidisturbios’ por la cadena de mando durante la protesta del 6 de noviembre en la sede del PSOE en Ferraz. Además, pidió a PP y Vox que condenasen el «acoso» y la «violencia deleznable».
Marlaska defendió la actuación policial en Ferraz y la «profesionalidad» que demuestran «siempre» las Fuerzas de Seguridad del Estado. En este sentido, pidió a las formaciones políticas que no tuviesen discursos «ambivalentes» en esta cuestión: «La coacción es algo ajeno a lo que todos queremos o entendemos como el hábitat natural para nuestros derechos y libertades», añadió.
Además, el ministro negó que se dieran órdenes de carácter político en la actuación de la Unidad de Intervención Policial (UIP) asegurando que obedecían a criterios operativos: «Dicho esto, este ministro, a diferencia de otros ministros, asume todas las órdenes en el ámbito operativo, como si hubieran sido dadas por este ministro», zanjó.
Según la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, la Policía solo puede utilizar el gas lacrimógeno en caso de violencia generalizada cuando sea imposible hacer frente a los individuos violentos por sí solos. Es decir, jamás deben utilizarse para dispersar a manifestantes pacíficos.
