La SEPI alega «ausencia de interés público» para ocultar el dosier del rescate a Vivanta
La entidad pública se niega a entregar los informes en los que Moncloa se basó para dar 40 millones de euros a una firma que registraba pérdidas antes del covid
Una clínica dental de Vivanta. | Europa Press
Portazo de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) a facilitar los informes y documentos en los que el Consejo de Ministros se basó para conceder un rescate de 40 millones de euros al Grupo Vivanta con fondos públicos. En respuesta a una solicitud de información presentada por el Consejo General de Dentistas de España, la entidad pública ha justificado su negativa a entregar el expediente sobre el rescate a la red de clínicas dentales al considerar que esa información carece de interés público y su divulgación podría perjudicar los intereses económicos y comerciales de Vivanta. Así lo han relatado fuentes del sector a THE OBJECTIVE.
En un escrito dirigido a la SEPI a mediados de julio, la principal asociación de odontólogos del España había apelado a la ley de transparencia para solicitar los informes y documentos en los que el Consejo de Ministros se basó para declarar como empresa estratégica a Vivanta y conceder a ese grupo un préstamo participativo de 20,4 millones de euros y otro ordinario de 19,6 millones. A pesar de que se trata de una ayuda pública otorgada con dinero del Fondo de Apoyo a las Empresas Estratégicas (Fasee), la SEPI ha denegado la información solicitada alegando una ausencia de interés público, según denuncian las fuentes consultadas.
El rescate, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 27 de junio, había desatado el malestar en el sector. Los odontólogos no comprenden por qué el Gobierno ha considerado estratégica una empresa que cuenta con apenas 200 de las 23.000 clínicas dentales que hay en España. Por ello interpusieron ante la SEPI un escrito para solicitar el expediente del rescate. Sin embargo, en sus alegaciones a esa solicitud, Vivanta se opuso a que la SEPI entregase esa información.
La asociación nacional de odontólogos también había cuestionado la decisión de otorgar a ese grupo un total de 40 millones de euros de ayudas públicas, mientras el Plan de Salud Bucodental Estatal del Gobierno para el resto de clínicas dentales que atienden a todos los españoles asciende a 44 millones de euros.
La SEPI defiende la confidencialidad
La SEPI ha justificado su decisión de no facilitar al consejo de odontólogos los informes del rescate a Vivanta por tratarse de un expediente protegido por la garantía de confidencialidad recogida en el artículo 2.17 del Real Decreto ley 25/2020 con el que el Gobierno puso en marcha el Fasee, el fondo de ayuda para las empresas «estratégicas» que hubieran sido plenamente viables antes de la pandemia y que hubieran incurrido en dificultades económicas como consecuencia de la covid.
Además, según fuentes del sector, en su respuesta la SEPI señala que los informes que se hayan elaborado sobre el carácter estratégico de Vivanta están protegidos por la necesidad de preservar la confidencialidad. La entidad pública entiende que su divulgación podría perjudicar los intereses económicos y la posición en el mercado de las clínicas Vivanta.
Como adelantó este diario, el rescate al grupo de clínicas dentales -concedido solo tres días antes de que expirara el plazo del Fasee y en el último Consejo de Ministros en el que podía otorgarse- ha desatado también las suspicacias de la oposición en el Congreso de los Diputados. El PP, Vox y Ciudadanos han registrado diversas preguntas y solicitudes de información para exigir al Gobierno y a la SEPI que aclaren por qué consideraron a Vivanta una empresa estratégica. También han cuestionado su idoneidad para recibir los fondos públicos.
PP, Vox y Cs esperan respuesta del Gobierno
El fondo de rescate estaba dirigido a empresas afectadas por el desplome económico generado por el coronavirus y que necesitaran ayudas para equilibrar sus cuentas. Es decir, compañías que tuviesen una situación de viabilidad económica antes de la irrupción de la pandemia de covid-19 y cuyos ingresos cayeron como consecuencia de la coyuntura económica provocada por la emergencia sanitaria. Sin embargo, Vivanta registraba una delicada situación económica mucho antes de la pandemia. Las cuentas de la compañía analizadas por THE OBJECTIVE reflejan que acumuló 74,7 millones de euros en pérdidas en los tres ejercicios anteriores a la pandemia y que en 2019 cerró su balance con un patrimonio neto negativo de 22,8 millones de euros.
Fuentes parlamentarias confirman a este diario que el Ejecutivo aún no ha respondido a las preguntas y solicitudes de información sobre el rescate a Vivanta registradas por PP, Vox y Ciudadanos. Las registraron en julio, pero como ese mes y el de agosto son considerados inhábiles, el plazo del Gobierno para responderlas se extenderá hasta finales de septiembre.
Las fuentes consultadas temen que, como en el caso del Consejo General de Dentistas de España, el Gobierno apele a la confidencialidad del expediente y se niegue a rendir cuentas sobre los 40 millones de euros concedido al grupo de clínicas dentales. Una situación ante la que solo les quedaría explorar la vía judicial, como ya ocurrió en el caso del polémico rescate a la aerolínea Plus Ultra.
Denuncia ante la Fiscalía
Precisamente en vía judicial, a finales de julio, Anticorrupción dio traslado a la Fiscalía de Madrid de una denuncia en la que se pide investigar las presuntas irregularidades cometidas contra los antiguos socios minoritarios de la compañía y contra los expropietarios de las clínicas compradas por el fondo Portobello a partir del año 2017 para conformar el Grupo Vivanta.
Los denunciantes son los algunos de los antiguos socios de la compañía que durante los últimos años han librado una intensa batalla judicial por presuntos delitos de estafa y administración desleal contra Vivanta y Portobello, firma de inversión que controlaba la mayoría de las acciones de la red de clínicas dentales hasta la entrada de los fondos Ares Management y BNP Paribas a finales de 2020. Procedimientos judiciales que en su mayoría han terminado siendo sobreseídos o archivados.
Los exsocios minoritarios que impulsan esta denuncia señalaban una supuesta «actuación prevaricadora» de Enrique Remón y Lorena Álvarez Taboada, los dos fiscales que se han hecho cargo de distintas causas penales contra Grupo Vivanta y Portobello, por presuntos delitos de estafa y administración desleal entre 2020 y 2022. Los denunciantes también hicieron llegar a distintos partidos políticos y organismos públicos (como la SEPI, el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia) un dossier de casi 400 folios con las presuntas irregularidades denunciadas.
