El Gobierno ultima el plácet para que Vauban y CA entren en la filial de fibra rural de Telefónica

El Gobierno prepara la autorización final para que Telefónica pueda dar entrada a los fondos de inversión Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (CA) y Vauban Infrastructure Partners en el capital de Bluevia, la sociedad creada para gestionar el despliegue de fibra en zonas rurales. Según las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, el objetivo es tener el plácet definitivo del Consejo de Ministros antes de que acabe el año.  

Esta autorización se encuentra sujeta al escudo antiopas planteado por el Gobierno desde la pandemia y que deja en el Ejecutivo la última palabra sobre la entrada de empresas europeas en compañías estratégicas españolas -como es el caso de las redes de telecomunicaciones- que quieran tener más del 10% de estas sociedades. Telefónica comunicó en agosto la operación, por lo que las autoridades españolas tienen como plazo final hasta finales de enero para dar una respuesta.

Sin embargo, la reciente autorización de Bruselas ha desbloqueado los movimientos del Gobierno español. En virtud del Reglamento europeo de concentraciones, la Comisión Europea autorizó la adquisición del control conjunto del 45% de Bluevia Fibra de Crédit Agricole y Vauban, ambas con sede en Francia. Desde el punto de vista accionarial, los dos socios extranjeros se quedarán a partes iguales con este 45%, mientras que Telefónica España tomará 30% y Telefónica Infra (la sociedad de infraestructuras de la compañía) con el restante 25%.

Autorización de Bruselas

La Comisión concluyó que la adquisición propuesta no plantea problemas de competencia, ya que la operación no crea ningún solapamiento horizontal o vertical entre las partes de la concentración. La transacción se ha examinado en el marco del procedimiento simplificado de control de las concentraciones. La venta se cerró a finales de julio por 1.021 millones de euros, lo que valora el vehículo de fibra de Telefónica en cerca de 2.500 millones de euros.

En este sentido, en el Gobierno no se considera que la entrada de estos inversores franceses reporte un mayor riesgo y, al contrario, potencia una sociedad que puede ser clave en la puesta en marcha de infraestructuras digitales que vertebren el territorio y reduzcan la brecha digital en el mundo rural. Es, por tanto, una autorización que solo estaba a la espera del pronunciamiento de Bruselas y que ha respetado los tiempos de la Comisión Europea.

La nueva sociedad creada oficialmente en junio de este año incluye 2,5 millones de hogares en zonas rurales que ya tienen fibra óptica (el 8% de la actual red de la operadora compuesta de 27,8 millones de unidades inmobiliarias) y el objetivo es llegar hasta llegar a los cinco millones con la ayuda de estos dos inversores. Los nuevos despliegues de Telefónica solo se realizarán a través de esta nueva filial, ya que el resto del territorio español está totalmente cubierto con fibra óptica.

Despliegue de fibra rural

El último informe del Ministerio de Asuntos Económicos indica que -con datos hasta junio de 2021- el 90% del territorio español tiene despliegue de fibra óptica con una velocidad mínima de 100 Mbps, aunque el 10% restante se centra casi exclusivamente en zonas rurales o lo que se conoce como ‘España vaciada’. De hecho, este mismo informe cifra en 2,4 millones el número de españoles que viven en las zonas rurales y que aún no tienen acceso a internet de alta velocidad.

De esta manera, la nueva FiberCo, que ya se pondrá en marcha a pleno rendimiento en 2023, tras las autorizaciones de Bruselas y del Gobierno español, podrá canalizar de mejor manera los fondos europeos destinados a este fin. En el último año han salido a concurso dos convocatorias del plan Único para llevar fibra a la España rural y Telefónica ha tenido suerte dispar.

En octubre del año pasado recibió 200 millones de euros de este programa de extensión de banda ancha Único. En su primera convocatoria se quedó con el 80% del total de los 250 millones lanzados a concurso y recibió ayudas para el despliegue de 39 de las 52 provincias españolas. Los proyectos contemplaron un presupuesto superior a 400 millones de euros para cubrir más de 980.000 hogares.

Subvenciones a Telefónica

Sin embargo, en la segunda convocatoria de este mismo plan adjudicada definitivamente esta semana, Telefónica se quedó con cerca de 42 millones de los 250 millones adjudicados y servirán para realizar despliegues en 15 provincias. A diferencia de la primera convocatoria, en esta oportunidad el grueso de las ayudas fue a parar a Adamo, que consiguió hacerse con 98 millones en ayudas para extender fibra en 17 provincias y Avatel que con 73 millones se expandirá en otras 14.

Esta adjudicación puso de relieve la dura competencia que deberá enfrentar Telefónica en el mediano plazo para desplegar su fibra rural. Compañías como Adamo, Avatel, Eurona o Asteo quieren monetizar esta España rural con despliegues propios de conexiones de internet de alta velocidad. Y para ello utilizan diferentes modelos como redes neutras, conexiones satelitales y modelos híbridos de comercialización y despliegue simultáneos.

Históricamente, las grandes operadoras como Telefónica no han encontrado rentabilidad en el despliegue de fibra en zonas rurales. De hecho, el coste de llevar fibra a estas zonas multiplica hasta por cuatro el de realizarlo en grandes urbes. Por otro lado, su rentabilidad es escasa, ya que el despliegue en municipios de pocos habitantes y con población mayoritariamente no digitalizada hace que la captación de clientes sea escasa.