Los fondos deberán acelerar la entrada de un inversor español para tomar el control de Celsa
La operación deberá someterse a la autorización del Gobierno, que pedirá la participación de un socio local
Trabajadores de Celsa, en una imagen de archivo. | Agencias
Los fondos de inversión presentes en Celsa deben acelerar la búsqueda de un inversor industrial español para asegurarse la toma de control del grupo siderúrgico. Después de que este lunes el juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona homologase su plan para arrebatar la gestión a la familia Rubiralta, el siguiente paso es buscar el plácet del Gobierno de Pedro Sánchez que puede bloquear la operación a través del escudo antiopas reforzado e institucionalizado antes de las elecciones generales del pasado 23-J.
Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE indican que el plan necesariamente tendrá que pasar por la validación del Ejecutivo al tratarse de una compañía que quedara completamente en manos de extranjeros. Según cuenta Cinco Días, los fondos buscan fórmulas legales para burlar este control, pero según ha podido saber este diario estamos en una cuestión de fondo más que de forma y -se indica desde sectores de la Administración- la Ley de inversión extranjera aprobada por decreto en julio otorga las suficientes herramientas legales para intervenir.
De esta manera, en el Gobierno no ven con malos ojos la operación y se entiende que era la única manera de asegurar la viabilidad de más de 7.000 puestos de trabajo en una compañía que además se le concedió (aunque no se ha materializado) un rescate de 550 millones de euros en junio pasado, a través del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee).
Reestructuración de Celsa
Sin embargo, se exigirá que tenga una representación española en el capital. Los Rubiralta son una empresa tradicional e histórica de Cataluña y que garantizaban tener el control dentro de España de una compañía industrial con fuerte implantación territorial. Ahora con su salida tras la resolución judicial se pedirá un socio que -aunque no necesariamente sea mayoritario- represente los intereses del empresariado español en la compañía.
Entendiendo las urgencias de Celsa y la necesidad de que se aplique de manera inminente el plan de rescate de la empresa, no se pedirá la entrada inmediata de este inversor, pero sí un compromiso en firme de que desembarque lo antes posible que asegurar esta «españolidad». Los fondos llevan varios meses intentando incluir a un socio español en la ecuación, pero hasta ahora sin éxito. En este sentido, ahora deberán retomar estas conversaciones y acelerarlas a la espera de que el Gobierno autorice sus movimientos.
Los tribunales acordaron la homologación del plan de reestructuración propuesto por los acreedores de Celsa. El juez validó el plan de los fondos al considerar que el grupo es insolvente por lo que Deutsche (20%), Attestor (20%), Golden Tree (10%), SVP (10%) y Cross Ocean (10%) pasarán a liderar el capital. No obstante, los fondos deberán antes pedir autorización al Gobierno para canjear unos 2.500 millones de euros de deuda ya impagada por casi el 100% de la compañía catalana.
Capitalización de la deuda
En la resolución, el magistrado acordó su homologación «al entender que este reúne todos los requisitos legales dado que el importe de la deuda es muy superior al valor de la compañía y que, con la propuesta de los acreedores se asegura la viabilidad del Grupo Celsa», informa este lunes en un comunicado. La sentencia reconoce a los acreedores la facultad de implementar el plan y lo considera «la única alternativa viable a medio plazo para la totalidad del Grupo Celsa».
También les advierte de que «deben cumplir estrictamente sus compromisos, preservando e incrementando el valor de la compañía, manteniendo su integridad, conservando los puestos de trabajo, y ello sin alterar los centros estratégicos de decisión que tanta relevancia tienen para la economía en su conjunto».
En una declaración pública los fondos acreedores de Celsa han dicho que la aprobación del plan de reestructuración de la empresa es un «paso crucial» para su viabilidad. En un comunicado este lunes, celebraron que gracias a esta resolución se aprueba el plan propuesto por los acreedores, por lo que pasarán a tener el 100% del capital de la empresa «mediante la capitalización de 1.352 millones de euros de deuda convertible y parte de la deuda jumbo, y la extensión en cinco años de los vencimientos de la deuda restante».
Salida de los Rubiralta
Según ellos, con esta resolución los nuevos propietarios de Celsa «pasarán a ser instituciones financieras de prestigio internacional con acceso a capital, una amplia experiencia de gestión en empresas europeas y un horizonte de inversión a largo plazo«. Han asegurado que su plan «reduce los niveles de endeudamiento por debajo de los propuestos anteriormente por la empresa», lo que permitirá al grupo situarse en una posición solvente, proporcionando seguridad a los empleados de la empresa, en sus palabras.
También han indicado que no necesitarán los 550 millones concedidos por la SEPI y que estaban pendientes precisamente de ese plan de reestructuración. El siguiente paso para los nuevos propietarios será trabajar con todas las partes interesadas «para implementar el plan con la máxima celeridad y asegurar el empleo». Es en este punto donde -las fuentes consultadas indican- deberá intervenir la autorización del Gobierno y ésta no llegaría sin un compromiso en firme de la entrada de un inversor español.
En cualquier caso, los fondos indican que la reestructuración incluirá el nombramiento de un nuevo Consejo de Administración integrado por perfiles «muy respetados y de categoría mundial», lo que implica la salida de los Rubiralta de cualquier gestión de la compañía. Y han añadido que algunas de las prioridades de este Consejo serán mejorar la gestión operativa de Celsa para convertirla «en un líder europeo del sector».
