España ya es el tercer país de la UE que peor aprovecha los fondos comunitarios
El IEE insta a la mejora del modelo competencial para que España recupere el terreno de las infraestructuras
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en un acto de presentación de los fondos Next Generation. | Europa Press
Obras públicas que quedan desiertas. Hoy, España queda a la cola en el esfuerzo de inversiones públicas y ni siquiera las ayudas europeas están llegando a las empresas y están sirviendo para mejorar nuestra competitividad. Esta última es una variable que nos sitúa en los peores escalones. Al mismo tiempo, nuestro modelo concesional -donde nuestras empresas son líderes a nivel mundial– se desploma y sufre un periodo de sequía. De hecho, en los últimos años hubiera sido necesaria la inversión adicional de 6.400 millones de euros anuales para que no se deteriorara la relación entre el stock de capital público y el PIB nominal.
En efecto, en los últimos ocho años apenas se ha licitado por valor de 3.500 millones de euros. Y eso quiere decir que solo se ha licitado una tercera parte de lo que se hacía en 2010, pese a que España ha sido pionera en campos como el uso de la colaboración público-privada para dotar al país de infraestructuras. Ya en 2020, en su informe sobre la inversión pública en España y la situación actual, subrayaba que el gasto total en bienes de capital de las administraciones públicas se había desplomado a raíz de la crisis hasta niveles históricamente bajos y no está remontando suficientemente a pesar de la recuperación económica.
En el Informe Regional Competitiveness 2022 -donde se mide la calidad de nuestras infraestructuras, una variable que sirve para valorar en términos de PIB el desarrollo de nuestra economía-, la Comisión Europea señala que nuestro país se encuentra en las peores posiciones, muy por debajo de los países de nuestro entorno; algo que también se repite con otro indicador, el que que barema el esfuerzo inversor público, en el que solo Irlanda y Portugal superan a España, colocándonos en el puesto 22 de 24.
Este martes, como ha podido seguir THE OBJECTIVE, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) presentaba la II Revista de 2023, esta vez relativa a la Inversión en las infraestructuras: modelo concesional como palanca del crecimiento económico y social.
Un razonamiento y título que apoya Julio Núñez Sánchez, presidente de la Asociación de Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan). Autor también del estudio, Núñez Sánchez mantiene que el volumen de préstamos de la Adenda (66.000 millones de euros, más 20.000 del fondo de resiliencia) podría ser un acicate y significar una oportunidad para alentar la colaboración público-privada. Entre otros motivos, porque eso adelanta los beneficios sociales cuando hay restricciones presupuestarias, y asimismo, supone la creación de nuevo empleo, aporta retorno fiscal y ofrece mayor calidad de servicio a los usuarios durante el periodo contractual, además de los incentivos a la innovación y de la mejora de la eficiencia del gasto público, ahora que estamos a las puertas de la recuperación de las reglas fiscales.
El problema -según indican en este trabajo expertos como José Manuel Vasallo, Ginés de Rus Mendoza, Julio Gómez Pomar, José Ramón Martínez Resano y, Ana Belén Casares Marco– reside en la rigidez y ineficiencia de la legislación en la colaboración público-privada; en la necesidad de una contabilidad adecuada; en empezar a dejar de pensar que los empresarios solo buscan beneficios; en introducir agencias independientes que evalúen los riesgos; en considerar la idea de pago por uso, en la necesidad de gobernanza y, entre otros puntos, en hacer cada vez más, pero con menos fondos.
España, a la cola del ‘stock’ de capital público
Según los últimos datos del FMI Investment and Capital Stock Dataset, España está a 37 puntos de 100 de la media de la Unión Europea respecto a su stock de capital público per cápita, un factor determinante, pues la acumulación de capital está estrechamente vinculada a la transformación estructural de las economías.
El informe del IEE, institución que dirige Gregorio Izquierdo, destaca que los países con mayor dotación de capital per cápita son, también, los que presentan un mayor PIB per cápita. En este sentido, Luxemburgo, Dinamarca y los Países Bajos presentan un alto stock de capital per cápita público y, al mismo tiempo, un elevado PIB per cápita.
El mayor desarrollo de infraestructuras tales como carreteras, puertos, aeropuertos y redes de comunicación, así como la mayor participación en la actividad económica de sectores con una elevada intensidad de utilización de bienes de capital en la producción, en muchos casos relacionados con el sector industrial y con sectores tecnológicos avanzados, explican las diferencia entre unos países y otros.
Lo cierto es que según diferentes estudios, España presenta un stock de capital público per cápita inferior al de la media de la UE en más de un 25%, con una puntuación similar a la obtenida por países del sur, mientras que su renta per cápita se sitúa tan solo un 10% por debajo del promedio comunitario. Ambas magnitudes están aún lejos de las economías más desarrolladas de la UE, y por esto -remarca el IEE en su último estudio-, sería conveniente incrementar el stock de capital público como factor de convergencia de nuestra renta per cápita con nuestros principales socios comerciales.
El envejecimiento de las infraestructuras
El estudio del Instituto de Estudios Económicos constata que hoy, la dotación de capital público en infraestructuras que presenta España es importante, pero ello derivado del proceso de convergencia que se produjo en nuestra economía desde nuestra incorporación a la Unión Europea y de la disponibilidad de recursos financieros adicionales provenientes de los fondos europeos.
Sin embargo -reflexiona el trabajo de los especialistas-, el stock de capital requiere de una inversión mínima anual próxima a 11.700 millones de euros, derivada del consumo de capital fijo por el uso y el envejecimiento de estas infraestructuras.
Dados los niveles de inversión bruta en infraestructuras registrados durante el periodo 2014-2022 -aproximadamente, 93.400 millones de euros-, para que el stock de capital público no se hubiera visto deteriorado por la depreciación del capital, habría sido necesaria una inversión adicional acumulada de 11.200 millones de euros durante este periodo. Esto habría supuesto incrementar el gasto en inversión en infraestructuras, en promedio, por un importe anual de 1.254 millones de euros.
