Solo la inflación ya elevará en 100.000 millones de euros el gasto de las pensiones en 2024
Según el Valor Actual Actuarial, España tendrá que asumir otro coste consolidado a las cuentas de la Seguridad Social
José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social. | Europa Press
Más allá del gasto propio de las pensiones y de una hipotética ruptura de la Caja de la Seguridad Social, solo la media de la inflación de 2023 supondrá un coste añadido de más de 100.000 millones de euros en el gasto de estas prestaciones del próximo año. Un cálculo que ha sido obtenido por el grupo de investigación Pensiones y Protección Social, formado por investigadores de la Universidad de Extremadura y de Valencia, y que, en primer lugar, parte, con un promedio del IPC del 3,8%, de forma que, en 2024, las pensiones se revalorizarán en 6.622 millones de euros, de los que 564 millones corresponden a las pensiones mínimas.
A esto último, añaden también la revalorización de clases pasivas, con 776 millones, y las no contributivas, con 248 millones, ascendiendo así el gasto de la revalorización hasta 7.647 millones de euros.
Pero eso no es todo. Los economistas y profesores universitarios que han participado en el estudio que estima el gasto que conlleva la revalorización de las pensiones para 2024 –E. Devesa, M. Devesa, I. Domínguez, B. Encinas. M.A. García Díaz y R. Meneu- han tenido en cuenta, además, el cálculo en términos de Valor Actual Actuarial (VAA), de tal modo que el verdadero compromiso que asume la Seguridad Social cuando se revalorizan las pensiones generará un coste de 102.589 millones al actualizar actuarialmente todos esos flujos futuros.
Este cálculo concreto sale de una fórmula aplicada de probabilidades de supervivencia, que teniendo en cuenta que los incrementos de IPC se consolidan, prevé este gasto de más, relativo al IPC de cada año, hasta que fallece el último pensionista que recoge esta subida, en concreto, y en este caso, hasta 2024. Es un método de calculo que profundiza en cuánto se habría de pagar hoy a los pensionistas de 2024.
Mayor número de pensiones
A este mayor gasto derivado de la actualización del stock de pensiones, también se debe sumar -señala a THE OBJECTIVE Enrique Devesa, titular de Economía Financiera y Actuarial (Universitat de València) y, a su vez, actuario de Seguros por la Universidad Complutense de Madrid- el gasto adicional generado por el mayor número de pensiones que entran al sistema y el efecto sustitución (entendido como la diferencia entre la cuantía media de las nuevas pensiones y las que causan baja), que también incrementa el gasto debido a que las primeras son más elevadas que las segundas.
porcentual. Valor Actual Actuarial (VAA) de las medidas. Fuente: eSTADISS (http://www.seg-social.es) y elaboración propia
Por otra parte, este mayor gasto debería compararse con los mayores ingresos esperados por cotizaciones sociales gracias a la evolución de los salarios nominales (en parte influidos por la inflación), del número de afiliados y de las medidas para fortalecer ingresos del Real Decreto-ley 2/20233, para valorar la evolución al alza o a la baja del déficit del sistema contributivo de pensiones.
El grupo de investigación Pensiones y Protección Social ha partido para su estudio del dato obtenido para la revalorización de las pensiones del 3,8% bajo el supuesto de que el IPC interanual de noviembre de 2023 se sitúe entre el 3% y el 4,1%.
Asimismo, ha considerado que para las pensiones mínimas y no contributivas no se puede utilizar este criterio, sino que se basa en alcanzar un determinado porcentaje del umbral de la pobreza, lo que, con los datos disponibles a 7 de noviembre de 2023, se ha estimado para las pensiones mínimas una revalorización del 8%, mientras que para las no contributivas el resultado es del 7,9%.
Las claves del gasto público
En este mismo sentido se ha pronunciado estos días el Consejo General de Economistas, recalando también en las claves del informe de gasto público en pensiones, abordando así la sostenibilidad de este derecho. Salvador Marín, director del Servicio de Estudios del CGE que preside Valentín Pich, parte en su análisis de la evolución esperada del número de trabajadores y pensionistas, del importe de las pensiones y de los salarios del futuro o la esperanza de vida en las próximas décadas.
Con estas premisas, Marín sostiene que la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social es un problema presente y futuro de notoria importancia para las administraciones públicas del Estado, y la preocupación principal -insiste- nace de la estructura poblacional española, ya que «la generación del baby-boom comienza a llegar a la edad de jubilación, y esto va a suponer un crecimiento significativo de la tasa de dependencia en los próximos años».
Marín observa en su estudio que, en términos de población, nos encontramos con un crecimiento en los últimos 10 años especialmente marcado entre mediados de 2017 y 2020, y desde finales de 2021 hasta la actualidad, tras la ralentización a causa del covid. Sin embargo -aprecia-, «si desgranamos esta información, observamos que el número de personas nacidas en España ha disminuido, y es la población extranjera la que está sustituyendo esta falta de natalidad».
Población extranjera
Los datos constatan que, desde enero de 2013 hasta julio de este año, la población nacida en España ha disminuido desde los 40.547.015 hasta 39.887.337, mientras que los residentes en España nacidos en el extranjero han aumentado de 6.165.635 a 8.457.886 en el mismo periodo de tiempo, acercándose cada vez más a llegar a suponer el 20% de la población total.
Este aumento de la población extranjera -explica el director del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas- es consecuencia –aparte de la globalización de la economía y sus factores productivos– «de la ejecución de diferentes políticas en los últimos años que fomentan o favorecen la inmigración, y que, como podemos apreciar, por diferentes motivos, no ha venido acompañado este incremento por una reducción del déficit, presente todos los años posteriores a 2011».
Punto mollar en el que también coincide el grupo de investigación Pensiones y Protección Social, al colegir que si nos guiamos por el Presupuesto General del Estado para 2023, observamos una previsión de déficit nominal de 7.199 millones de euros, que se financiará con un nuevo préstamo del Estado. Pero, además, «si a este déficit le añadimos las numerosas transferencias del Estado realizadas por distintos conceptos de política social o económica que no concuerdan con la naturaleza contributiva del sistema de Seguridad Social, como por ejemplo la prestación de nacimiento, observamos que al menos el déficit contributivo total para el Estado es de 25.470,6 millones de euros, lo que supone el 1,85% del PIB español».
En este punto, y en comparación con los países del entorno europeo -señala Marín a este medio-, aunque España se encuentra en la media en cuanto a gasto en pensiones como porcentaje del PIB -este es, además, inferior al del resto de países del sur de Europa, que ocupan los puestos más altos de la métrica-, sin embargo, numerosos informes afirman que la situación española va a alejarse progresivamente de la media europea, y va acercarse a los datos de aquellos que más gasto dedican a las pensiones».
