El Gobierno comprará de 10% en Telefónica y se convertirá en su primer accionista
El actual precio de la acción de la operadora implica una inversión del Estado de 2.054 millones de euros
Fachada de Telefónica. | Agencias.
El Consejo de Ministros ha acordado ordenar este martes a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que lleve a cabo la adquisición de hasta un 10% del capital social de Telefónica, según ha informado el holding público a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes. Cuando se complete esta adquisición el Estado pasará a ser el principal accionista de la operadora de telecomunicaciones 26 años después de que abandonara su capital.
Según los actuales precios de la acción de Telefónica, entrar con un 10% en Telefónica significa un gasto para las arcas públicas de 2.054 millones de euros, el doble de lo que inicialmente se estimaba que invertiría el Estado en la compañía de telecomunicaciones española, lo que además demuestra que su interés va bastante más allá que una mera supervisión de la operadora o de su protección ante intereses extranjeros.
De hecho, como ya ha explicado THE OBJECTIVE, la apuesta del Gobierno es firme y pone sobre la mesa una nueva estrategia de entrar en empresas cotizadas para influir en su gestión, con Telefónica como punta de lanza. Este puede ser el comienzo de una nueva estrategia de renacionalizaciones y de entradas en el capital de grandes compañías cotizadas del Ibex en las que también están en el punto de mira los gigantes energéticos.
«Estabilidad accionarial»
Tener un 10% de Telefónica garantiza que el Estado (a través de la SEPI) tenga uno o dos consejeros afines en la compañía, lo que abre la puerta a que gestione alianzas y pueda amoldar sus intereses a los de la operadora. El Gobierno defiende el interés estratégico, pero para preservar el «interés general» entrará en su Consejo de Administración con gran presencia y el riesgo de ejercer fuertes presiones políticas. La privatización de Telefónica terminó en 1997 con la venta del 20,9% por 3.786,38 millones de euros, donde el Estado llegó a tener el 31,86%.
Del mismo modo, la irrupción del Estado se produce en momentos en los que Saudi Telecom está ultimando su solicitud para subir hasta el 9,9% de Telefónica, por lo que busca anular el efecto de la irrupción de STC y su eventual interés de influir en la gestión de la compañía. A la espera de que pida esta autorización, STC ya tiene el 4,9% de la operadora.
«Telefónica es una compañía líder en el ámbito de las telecomunicaciones, tanto en España como en el plano internacional. Desarrolla un conjunto de actividades que resultan de crucial relevancia para la economía, el tejido productivo, la investigación, la seguridad, la defensa y, en definitiva, el bienestar de los ciudadanos», añade el texto enviado a la CNMC.
El caso de Indra
«Con una vocación de permanencia, la participación de SEPI permitirá proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para que la compañía alcance sus objetivos y, por ende, contribuirá a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas. SEPI procederá a llevar a cabo los trámites y actuaciones que permitan poner en marcha el proceso para, minimizando el impacto en la cotización, completar la adquisición del volumen de acciones necesario», agrega.
Con su entrada en el Gobierno a través de la SEPI en Telefónica se abre una nueva etapa en la operadora de Telecomunicaciones a la espera de la entrada de STC en el Consejo de Administración y con el fantasma de Indra como la última compañía cotizada en la que el Estado influyó para amoldar sus intereses a los de la compañía.
Accionistas de Telefónica
Los paralelismos entre Indra y Telefónica son muchos. El Gobierno aprobó en 2022 subir hasta el 28% del capital de la tecnológica y posteriormente dio un golpe a la gobernanza destituyendo a los consejeros rebeldes que se oponían a la hoja de ruta del Ejecutivo. De hecho, es habitual que en todas las empresas públicas, y en las participadas minoritariamente por el Estado, la SEPI termine imponiendo a su candidato para presidir la compañía casi siempre con criterios políticos más que técnicos.
Finalmente, la entrada del Estado se ha producido en solitario como ya adelantó THE OBJECTIVE ya que no logró el apoyo de ninguna empresa española que se sumara al núcleo duro de la operadora. Cuando se complete la entrada del Estado será el primer accionista con un 10%, seguido de Caixa, BBVA, Blackrock y STC con un 5%. Si los saudíes obtienen la autorización del Gobierno podrían subir, pero solo hasta el 9,9%.
