La cesión de inmuebles vacíos de la Seguridad Social choca con la burocracia: 219 en 30 años
Los compromisos para deshacerse de inmuebles infrautilizados van lentos. Algunas cesiones son solo temporales
La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz. | Ilustración: Alejandra Svriz
La Seguridad Social dispone de cerca de mil inmuebles vacíos que generan todos los meses importes gastos de mantenimiento y seguridad. Su desaprovechamiento tampoco facilita una buena imagen sobre la gestión de este importante patrimonio inmobiliario. Esta situación se justifica en que deshacerse de ellos a través de la venta directa o subasta no resulta fácil. En parte, la causa tiene que ver con la normativa que impide las enajenaciones por debajo del precio de tasación. Un buen número de subastas quedan desiertas.
Tampoco lo es ceder estos edificios a otras administraciones que los demandan. Detrás de esta situación está la burocracia. Procedimientos largos, numerosos textos normativos y excesivos trámite complican las cesiones. Los registros de inmuebles vacíos son muy deficientes, lo que complica aún más las cesiones y ventas. Según el último informe del Tribunal de Cuentas, algunos edificios ya construidos nunca se llegaron a utilizar. En total son 39 y su coste supera los 125 millones de euros.
Si bien el departamento que ahora dirige Elma Saiz no aportó datos a THE OBJECTIVE sobre la ubicación de los inmuebles de desocupados, sí lo ha hecho y con todo detalle de los que ha cedido a otras administraciones. Estos edificios, solares, viviendas y locales apenas suponen 219 en los últimos 30 años. Los datos facilitados –ver gráfico– muestran que los primeros acuerdos de cesión tuvieron lugar en 1994.
Inmuebles de la Seguridad Social en Madrid
Estos afectaron al edificio del Instituto Social de la Marina ubicado en Noia (Coruña) y a un inmueble ubicado en la zona industrial de Macael (Almería) que ahora gestiona el ayuntamiento. Los últimos dos edificios ubicados en Madrid y Salamanca. El primero es un inmueble de 1.500 metros ubicado en el distrito madrileño de Tetuán que facilitaba numerosos servicios al ciudadano relacionados con la Seguridad Social. Ahora será en un almacén que gestionará el Ministerio de Justicia.
Mientras, el edificio de la Seguridad Social en Salamanca pasará Política Territorial de forma temporal. El espacio, de más de 700 metros, acogerá la Oficina de Extranjería y la atención al ciudadano mientras duren las obras en la Subdelegación. Estas nuevas adscripciones se suman a las ya realizadas en ciudades como Valencia, Pamplona, Alicante o Coruña. Según la Seguridad Social, están vinculadas a la reforma del Real Decreto 1221/92 sobre el patrimonio de la Seguridad Social aprobada el pasado mes de enero.
Con esta nueva norma se pretende simplificar y facilitar la colaboración entre la Seguridad Social y otras administraciones, permitiendo el uso de inmuebles que no estén siendo utilizados para adscribirlos a fines de utilidad pública. Pese a todo, el objetivo se está desarrollando de forma muy lenta. Apenas se han suscrito una docena de acuerdos de cesión en el año que termina. En total, la relación de inmuebles cedidos suma 219 y un total de 400.000 metros cuadrados. Las comunidades protagonistas son Galicia, Cataluña y Andalucía.
Informe del Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas dibujó hace unos meses el deficiente uso que se le ha dado a la red inmobiliaria del ministerio. Prácticamente uno de cada cuatro edificios de la Seguridad Social están infrautilizados. Así, un total de 874 inmuebles que gestiona el ministerio estaban totalmente vacíos en noviembre de 2019 (el 21,24%) y 179 lo estaban de forma parcial (el 4,39%). En total, la Seguridad Social dispone de 4.100 inmuebles.
Además, el organismo fiscalizador detectó hasta 33 inmuebles dependientes del ministerio ocupados de forma ilegal, aunque su análisis se ha centrado en nueve. De estos, siete son ocupaciones consentidas por los organismos de los que dependen los inmueble. Otros son okupaciones «no consentidas ni autorizadas». Destaca que la Tesorería de la Seguridad Social no ha regularizado estas situaciones a pesar del tiempo transcurrido, 34 años en un caso y 12 en el otro.
Los planes del Ministerio
El pasado enero, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, acordó facilitar cesión y enajenación de inmuebles que son propiedad de la Seguridad Social. En el punto de mira, como resulta lógico, están los vacíos y abandonados. El objetivo es promover un uso más eficiente del patrimonio de la Seguridad Social.
La Seguridad Social tiene un patrimonio extenso, heterogéneo, distribuido por toda España y, en ocasiones, infrautilizado, reconocía el ministerio. Según la auditoría interna elaborada por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), 1.028 inmuebles, que comprenden desde edificios hasta solares, pasando por locales, fincas rústicas y naves o garajes, están vacíos.
