El Estado deberá inyectar a Muface 900 millones más al año para evitar su cierre
Para garantizar la continuidad del modelo habría que equiparar la prima por mutualista al gasto sanitario por ciudadano
Edificio de Muface. | EP
El Gobierno aprobó una partida de 3.571 millones de euros para el periodo comprendido entre 2022 y 2025, el mayor contrato de la Administración, para atender las prestaciones sanitarias de Muface. Sin embargo, la mutualidad de los funcionarios necesita una inyección de 900 millones de euros al año para garantizar su continuidad.
Es una de las principales conclusiones obtenidas del informe ‘El mutualismo administrativo: modelo predictivo sobre la elección de los mutualistas y escenarios futuros’, presentado en el marco de la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid, impulsada junto a Alianza de la Sanidad Privada Español (ASPE).
El documento refleja que la prima pondera de Muface se sitúa en 2023 en 1.014 euros anuales por mutualista, mientras que el gasto sanitario público per cápita se estima que será de 1.608 euros (sin incluir gasto farmacéutico, gasto de salud pública, ni el gasto destinado a mutualidades). Esto supone una diferencia de 594 euros por mutualista.
En este sentido, los autores del informe indican que para garantizar la continuidad del modelo Muface habría que equiparar «en menos de dos años» la prima por mutualista al gasto sanitario real por ciudadano. Esto es, la prima tendría que aumentar en 594 euros por persona asegurada. Si la población mutualista de Muface en 2022 (últimos datos facilitados) es de 1.496.276 personas, el organismo público necesitaría una inyección de 900 millones al año para garantizar las prestaciones.
Según el estudio de la Universidad Complutense, en los últimos diez años, el gasto sanitario público se ha incrementado un 54,3%, mientras que la prima de Muface lo ha hecho en un 31,4%, lo que supone una diferencia de 22,9 puntos porcentuales. Así, si en 2014 el gasto sanitario público por persona era de 1.042 euros, este ha ido aumentado año tras año hasta los 1.608 euros.
Por el contrario, en 2014, la prima anual de Muface era de 771 euros por mutualista y, aunque también ha ido aumentando a lo largo de la última década, lo ha hecho a un ritmo más lento, hasta alcanzar los 1.014 euros. «Estas subidas se han revelado insuficientes para cubrir el aumento de los costes de la prestación sanitaria. Se plantea entonces que, o se busca una financiación adecuada que involucre a todos los agentes implicados, o el modelo podría estar destinado a desaparecer», señalan los autores.
Y es que el informe refleja que la siniestralidad de las aseguradoras en relación con los mutualistas ha sido superior al 100% en los últimos años como consecuencia, principalmente, del aumento de la edad media de los mutualistas, que hace que precisen de una mayor asistencia.
Adeslas, Asisa y DKV perdieron 170 millones en 2022
Así las cosas, esta infrafinanciación del modelo Muface ha llevado a las compañías aseguradoras firmantes del concierto con el organismo público (Segur Caixa Adeslas, Asisa y DKV) a sufrir pérdidas de hasta 170 millones de euros en 2022. Como consecuencia, en base al análisis realizado, si la financiación no mejora de forma significativa en el próximo concierto, «es probable que algunas de estas compañías no procedan a la firma del nuevo concierto previsto para 2025».
Todo ello, además, hace también que se generan tensiones importantes en las negociaciones entre las compañías aseguradoras y los prestaciones de servicios de asistencia sanitaria, como ya adelantó THE OBJECTIVE.
No obstante, si el mutualismo administrativo desapareciese las aseguradoras dejarían de facturar 1.700 millones y los hospitales privados 1.000 millones al año, lo que equivale al 8% de su facturación. Además, los mutualistas dejarían desocupadas un total de 2.041 camas (5,7%), lo que podría llevar al cierre de hospitales privados en el 37% de las provincias españolas, afectando directamente a un total de 19 provincias, principalmente, Castilla La Mancha, Castilla y León y Extremadura.
Como consecuencia, la desaparición del modelo supondría un aumento del gasto sanitario público de más de 1.000 millones y, a nivel de infraestructuras, el sistema público precisaría de 3.975 camas adicionales (3,8%). «Esto, que a priori podría parecer un impacto moderado, en algunas provincias sería muy complicado de absorber por el sistema público, especialmente en Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona, Cádiz y Málaga», reza el estudio.
Además, las listas de espera se verían incrementadas considerablemente a nivel nacional, mientras que en consultas externas se incrementaría en un 266%, pasando de una tasa por 1.000 habitantes de 85,4 a una tasa de 227,6; la lista de espera quirúrgica, por su parte, registraría un incremento del 115%, pasando de una tasa de 17,1 por 1.000 habitantes a una tasa de 19,6.
