Montero fabrica un informe para justificar que se salta la ley para aprobar los Presupuestos
El documento defiende validar las cuentas públicas de 2024 sin que ninguna de las cámaras dé el ‘OK’ a la senda fiscal
María Jesús Montero, este pasado jueves en una comparecencia en el Senado. | Europa Press
Al Gobierno de Pedro Sánchez le han entrado las prisas, de repente, y quiere tener aprobadas para el mes de abril las cuentas públicas de este ejercicio. Este miércoles, THE OBJECTIVE se hacía eco precisamente de la urgencia que tiene el Ministerio de Hacienda, razón por la que, de un día para otro, convocó al Comité de Inversiones Públicas, argumentando que el poco margen de tiempo se debía al anuncio de la aprobación «inminente» de los Presupuestos Generales del Estado de 2024.
Unos Presupuestos que se aprobarán sin cumplir al pie de la letra la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012, del 27 de abril, cuya normativa exige la aprobación previa por parte de las dos cámaras parlamentarias de los objetivos de déficit y deuda pública, conocida como senda fiscal.
Así, para sortear la ley –ya que la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado ha tumbado hasta en dos ocasiones los objetivos fiscales–, el ministerio que dirige la vicepresidenta primera del Gobierno ha echado mano de la ayuda de un abogado del Estado que ha logrado aglutinar el razonamiento suficiente para afirmar que se pueden aprobar los presupuestos sin necesidad del respaldo de las dos cámaras.
Al menos, esa ha sido la tesis a la que ha tenido acceso este diario en una respuesta que da la Vicepresidencia –entonces cuarta– del Gobierno, y al mismo tiempo el Ministerio de Hacienda, a una petición de informe sobre la fórmula a proceder para dar cumplimiento en 2024 a la reactivación de las reglas fiscales.
La clave de los tres años
Lo sorprende del documento, de 32 páginas, es que está registrado en clave el 11 de diciembre de 2023, solo unas horas más tarde de que la ministra María Jesús Montero se reuniera con el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que citó a los consejeros de Hacienda, y donde ya ella afirmó que su ministerio tenía un Plan B armado por los abogados del Estado, que permitiría aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2024 en el caso que el PP siguiera vetando en el Senado la senda fiscal, requisito legal, hasta ahora, para poder aprobar el anteproyecto de las cuentas públicas.
Dicho documento incluye detallada información de cómo irrumpe en nuestra normativa la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria en 2012, como consecuencia del cambio que tuvo que hacer José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 para que evitar el rescate financiero al que estaba abocado España. En él, el abogado del Estado expresa que, «en caso de rechazo por algunas de las cámaras del Acuerdo del Consejo de Ministros que contenga los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, ha de recordarse que los objetivos de estabilidad que se aprueben van referidos a los tres ejercicios siguientes a aquel en que se produce la votación».
Con ello, mantiene el abogado del Estado de Hacienda, «para que pueda hablarse de que no existen objetivos de estabilidad aprobados será necesario –rubrica–, que las Cortes (alguna de las cámaras) haya rechazado los objetivos de estabilidad remitidos por el Gobierno durante tres ejercicios consecutivos». Dicho de otro modo, que, en caso contrario, es decir, con objetivos aprobados tres años atrás, se considera que «habrá unos objetivos de estabilidad aprobados, aunque –reconoce– no lo fuera en el ejercicio en el que se presenta el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado».
Cambio de reglas
Con estos mimbres, la respuesta de Hacienda dirigida al Partido Popular es que, planteado así el problema –como plasman la sucesión de consideraciones–, «el rechazo de los objetivos por algunas de las cámaras no afecta al deber del Gobierno de presentar un proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, pues esta obligación ha sido impuesta directamente por la Constitución».
Es una deliberación que, por cierto, no recoge así la Constitución Española, en cuyo artículo 134 se establece el deber de presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior, así como el carácter anual de las cuentas, y no plurianual, en las se incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.
Apelando a la Constitución Española, la construcción del nuevo relato presupuestario de Hacienda también afirma que, de no haberse aprobado los objetivos fiscales –como es el caso–, «el contenido del proyecto de los PGE debería ser acorde con las limitaciones materiales establecidas de forma genérica en la Constitución (artículo 135, apartados 1 y 2, que directamente piden que todas las Administraciones Públicas han de adecuar sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria, al mismo tiempo que el Estado y las comunidades autónomas no pueden incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados miembros».
«Voluntad inequívoca»
En resumen, el Gobierno de Pedro Sánchez ha encontrado la fórmula –de no encontrarse con trabas legales– de seguir caminando en la negociación presupuestaria a la misma velocidad que se tramita la amnistía, señalando que «el horizonte temporal de los objetivos aprobados es de tres años, por lo que ha de entenderse que el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado habrá de cumplir el objetivo de estabilidad fijado en el último acuerdo aprobado».
Lo que no ha indicado el informe del abogado del Estado, pero subyace en la fecha y la hora en la que se dio respuesta (11 de diciembre de 2023, a las 20.55h) es que, desde ese día, María Jesús Montero tenía las herramientas ‘legales’ para empezar los trámites presupuestarios, lo que se ha demorado casi dos meses, coincidiendo con el visto bueno de la Comisión de Justicia a la amnistía ad hoc para los inculpados por el procés catalán.
Este jueves, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se mostró convencido de que habrá un acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) porque hay «voluntad inequívoca» de todos los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno.
