Una Europa más unida, pero más frágil

Como toda realidad política, la Unión Europea se construye en las crisis, y este siglo XXI está siendo generoso: cuando aún coleaba la crisis financiera, llegó la de la covid; y, antes de que esta desapareciera, Putin ha aprovechado para invadir Ucrania.

Este fin de semana se reúne en Versalles una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno para analizar el impacto de la guerra y las sanciones a Rusia. Curiosamente, la cumbre estaba prevista para revivir el Pacto de Estabilidad; pero, por segunda vez en dos años, es probable que lo postergue.

Tarde o temprano, se optará por dar a la actual crisis la misma respuesta de magia keynesiana que a la de la covid: aumentar el gasto público, pero financiándolo con deuda emitida por las instituciones europeas, lo cual disimula el aumento de impuestos necesario para devolverla. Todo ello a la vez que se permitirá a los países insolventes, como España, seguir financiando su déficit crónico a cuenta del BCE.

Es la salida más probable porque esta «mutualización» de deuda no solo aumenta el poder de las instituciones comunitarias, sino que el Gobierno alemán ya emplea el aumento de su gasto en defensa como argumento para saltarse su propio Schuldenbremse constitucional.

La novedad es que esta vez se haría en medio de riesgos adicionales, tanto derivados de la guerra como de una inflación galopante, frente a la cual el BCE no se atreve a subir el tipo de interés y solo promete reducir sus compras de deuda, una timidez que está devaluando el euro. Entramos así en un escenario similar al de los años 1970, de estancamiento con inflación, o «estanflación»; y la Unión Europea lo afronta en peores condiciones que las demás economías desarrolladas, como indica la evolución relativa de bolsas y divisas.

Esta vez, los fondos pretenden usarse para paliar las consecuencias humanitarias y económicas de la guerra, incluyendo la subvención de los precios de la energía; y tal vez para reforzar las capacidades de defensa. Las medidas que se barajan tendrían impactos de muy diverso signo, y para acertar habrían de adaptarse las prioridades y la asignación de recursos. Las necesidades humanitarias son urgentes y obvias, y es justo que lleven la voz cantante. Ante la amenaza de guerra, también urge aumentar las capacidades defensivas, revirtiendo décadas de abandono: entre 1998 y 2016, mientras Rusia elevaba en un 98,5% el peso de su gasto militar en el PIB, los países de la UE lo reducíamos en un 22,9%.

El mérito de las ayudas económicas y energéticas, y de su mutualización, es más dudoso. Como sucede con la covid, las ayudas económicas a empresas y Gobiernos implican más inflación para pagar un gasto público no siempre eficiente. No solo la inflación es el impuesto más oculto y perverso, sino que, a menudo, estas ayudas pretenden tratar como transitorios unos impactos que al final resultan ser permanentes. En esa medida, sólo aplazan cierres, ajustes y recortes imprescindibles, aumentando su coste social. Volvemos a pecar de miopía.

En cuanto a las medidas energéticas, rompen la cadena de responsabilidad. Si Alemania o España sufren porque, en su radicalismo ecologista, optaron por depender del gas natural, no tienen por qué pagar sus errores quienes, como Francia, mantuvieron la sensatez en materia de energía nuclear. Las subvenciones y los precios administrados atenúan daños, pero al hacerlo engañan a la ciudadanía sobre cuáles son los costes reales de la decisiones tomadas, incluida la apuesta por una energía supuestamente más verde. La excusa de que los precios actuales están manipulados por Putin o distorsionados por la guerra es falaz: son esos precios elevados los que nos dicen cuán costosos resultan nuestros errores previos. Anestesiar el dolor de pagarlos solo hace más probable que reincidamos en el error.  

Como mínimo, las subvenciones transitorias para salvaguardar el nivel de vida de los más necesitados no deben dañar la seguridad jurídica; y deben acompañarse de un giro radical hacia una energía en verdad sostenible, no sólo en términos ecológicos, sino estratégicos y económicos. La energía renovable necesita ser complementada con energía fósil o nuclear, y ninguna de ellas puede depender de países, como Rusia, Argelia o China, que estén en posición de chantajearnos. Tampoco vale excusar a las renovables con promesas de innovación que, tras varias décadas monopolizando la investigación energética, no parecen en condiciones de cumplir.

Ese giro acabará produciéndose, pero no será inmediato. Los gastos adicionales sí serán inmediatos y notables, por lo que no podemos soslayar los riesgos que entraña insistir en el endeudamiento sin atajar la inflación. Seguramente sea necesario emitir deuda para financiar parte de la emergencia; pero simultáneamente la Unión Europea debería redefinir sus prioridades y reasignar sus recursos, amén de empezar a exigir a los gobiernos de países insolventes, como España, menos frivolidad en su gasto público.

Las nuevas prioridades pasan por considerar la estrategia como clave de la sostenibilidad, tanto política como energética. Política, porque la democracia peligra cuando pretende apoyarse en un ingenuo buenismo pacifista. Energética, porque debemos abandonar la ceguera ecologista, pues tan sólo contempla un tipo de riesgo y de coste mientras omite todos los demás, incluso aquellos que, gracias a Putin, hoy nos acucian.

La reasignación presupuestaria es ya necesaria para confirmar a los mercados financieros que Europa es políticamente adulta. Esto afecta incluso a la interacción entre las soluciones de ambas crisis, pues las prioridades en que se basaba el fondo Next Generation con que respondimos a la covid han sido desmentidas por la realidad de la guerra y sus consecuencias. Ciertamente, reasignar fondos antiguos es más difícil que repartir fondos nuevos, sobre todo cuando ambos usan criterios diferentes para distribuir sus recursos entre los distintos países. Debemos buscar soluciones que permitan una reasignación parcial, al menos de los recursos que no somos capaces de gastar. Existe un precedente en la decisión sobre la Facilidad Europea para la Paz, que ha permitido dedicar 450 millones de euros para enviar armas a Ucrania. Lo que no cabe es actuar indefinidamente como si la Unión Europea careciera de restricción presupuestaria, máxime cuando mucho de su gasto es tan ineficiente. Urge reasignar esos recursos en línea con las nuevas prioridades.

Nada de lo anterior es políticamente fácil. Los intereses de los Estados son opuestos y, lo más grave, nuestra opinión pública y nuestros líderes padecen inercia ideológica: ante los cambios en la realidad, prefieren racionalizarlos con el fin de confirmar sus creencias, en vez de evaluar en qué medida éstas son incoherentes. El dilema es si empezamos ya a revisarlas y a actuar en consecuencia o, por el contrario, permitimos que una década de estancamiento económico se encargue de demostrarnos nuestro error.