¿Y España se lo va a tragar?

Sánchez proclamó, en el guión calculado de la sesión de control, que hubo un fallo de seguridad en España con Pegasus.

¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué?

Robles aclaró que el CNI no es el responsable.

¿Entonces? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué?

Una alta funcionaria en principio con expediente ejemplar al frente del Centro Nacional de Inteligencia ha sido defenestrada a solicitud de unos delincuentes declarados culpables, aunque, eso sí, indultados en un intercambio de favores.

¿Por qué?

Para ello, España se ha prestado a convertirse a sí misma en un símbolo del espionaje político –léase: el Gobierno de España ha decidido convertir al país en un símbolo del espionaje político– aunque no figura en ningún ranking o investigación anterior significativa.

¿Por qué?

No es fácil realmente dar sentido, a semanas de que se celebre una cumbre de la OTAN, a que España ponga en solfa tan descacharradamente su Inteligencia.

¿Quién lo entiende?

La respuesta en realidad es un navajazo de Occam directo a la tercera intercostal: interesa a los independentistas, aliados necesarios para conservar el poder, y sin duda para aspirar a mantenerlo.

¿A qué precio?

Por supuesto, a cualquier precio. Es demasiado obvio lo sucedido. Aún cuesta creer que el Gobierno no reaccionara desacreditando un trabajo académico en el que hay demasiadas debilidades con una sospechosa carga de intencionalidad para convertir en víctima al independentismo, cuando necesitaba movilización.

¿Por qué no se hizo?

Es posible que en principio les impresionara The New Yorker, aunque las primeras líneas bastan para cuestionar su fact checking, o las citas en The Guardian, aun sin aportación alguna, o El País, pero sorprende que no se planteara una evaluación rigurosa del trabajo publicado en CitizenLab.

¿No es ésa una de las claves?

La investigación, demasiado parcial, centrada en independentistas sin consistencia metodológica, tiene entre sus autores a Elíes Campo, un tipo vinculado al independentismo, que fue asesor de Torra, y que ha ayudado  en la campaña de internacionalización.

¿No es demasiado obvio?

Este informático, propagandista reconocido del procesismo y los presos políticos, es uno de los investigados en la causas que la Audiencia Nacional tiene abiertas al movimiento del Tsunami Democràtic.

¿Y como si nada?

Hay indicios notorios de que esta publicación es una operación orquestada. CatalanGate, denominación más propagandística que académica, tiene cuenta de Twitter desde 2012, y un dominio preparado con antelación, que se vincula a ANC y Omnium. Era fácil cuestionar mucho de lo que hay detrás.

¿Por qué no hacerlo?   

Impedir que se divulgue internacionalmente la idea de que España es un país en el que se cometen sistemáticas violaciones de los derechos civiles parece un buen motivo.

¿O no?

Sobre la violación de los derechos civiles en Cataluña –lo más reciente, el Tribunal Supremo ratifica la discriminación de guardias civiles y policías en la campaña de vacunación; la Justicia reclama que se ejecute la sentencia de la enseñanza en castellano para corregir un derecho vulnerado por sistema durante décadas– el Gobierno sigue sin tener nada que decir.

¿No es muy revelador?

Entretanto la conexión del procés y la Rusia de Putin.

¿Tampoco nada que decir?

Todo esto ha abonado la propuesta de una investigación europea sobre el espionaje en España que tiene detrás la iniciativa habitual de podemismo e independentismo, en definitiva los enemigos del Régimen del 78. Presidirá la comisión un neerlandés y la vicepresidencia será para ERC. Enhorabuena a los premiados.

 ¿Todo en orden también ahí?

España será un bocado suculento una vez que el propio Gobierno la ha convertido en una suerte de hazmerreír, presentándose a sí mismo como espías espiados. El mensaje final es que España tiene unos espías chapuceros a los que vacían sus móviles de gigas.

¿Es un precio razonable?

El Gobierno sostiene que se hace en nombre de la transparencia, comprometidos con la verdad.

¿Y todas las preguntas sin responder?

Una vez más, resulta difícil creer que en lugar de oponer resistencia a todo esto, se publique en El País una entrevista a uno de los líderes del golpe de 2017  con la exigencia de «que no se repita». Otro tanto Aragonés en el Parlament.

¿Tampoco hay respuesta?

El mensaje del Gobierno parece consistir precisamente en asumir dócilmente las instrucciones. La perspectiva es criminalizar la obligación del CNI de investigar las amenazas para el Estado.

¿Do ut des?

Sánchez efectivamente conserva el Gobierno y el independentismo debilita al Estado, que es su objetivo a sabiendas de que, una vez fracasada la vía rápida del procés, se requiere una hoja de ruta larga.