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Guadalupe Sánchez

Censura 'trans'

«La finalidad de esta censura no es evitar los ‘discursos de odio’, sino evitar que la verdad comprometa la ideología, que el relato sucumba ante los datos»

Opinión
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Censura ‘trans’

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Irene Aguiar, compañera de profesión especializada en derecho deportivo, fue invitada hace ya varios meses a intervenir en el tercer congreso estatal sobre Salud y Mujeres en el deporte, que se va a celebrar el próximo mes de diciembre en Gran Canaria. Iba a participar, junto con otras expertas, en una mesa cuyo título era La defensa de las categorías deportivas femeninas: una visión internacional.

Hace unos días, el cabildo de Gran Canaria informó a la organización de que, o anulaban la mesa en la que iba a participar mi compañera, o anularían el congreso. Para sorpresa del Gobierno insular, la organización se negó a aceptar la censura que les pretendían imponer y suspendió el congreso de marras.

El intento de silenciar a Irene y al resto de ponentes que tenían previsto participar en la mesa sobre el deporte femenino partió de la Consejera de Igualdad, Diversidad y Transparencia de Gran Canaria, Sara Ramírez, miembro -miembra o miembre- de Podemos. Adujo la -lo, le- buena señora -señoro o señore- que la censura previa tiene como objeto evitar que se produzcan «situaciones de transfobia». Ella -él o elle- sostiene que la corporación ha actuado en defensa de los derechos de las personas trans, velando para cumplir la ley canaria trans y para evitar la discriminación.

Para rizar el rizo censor, el presidente del cabildo, Antonio Morales, manifestó el pasado viernes que: «el Gobierno insular defiende la libertad y apoya el debate sobre asuntos relacionados con los colectivos LGTBIQ, siempre desde el respeto a la Ley Trans refrendada por el Parlamento de Canarias en 2021». O sea, que según esta lumbrera, la libertad de expresión no ampara la crítica -en este caso potencial, porque aún ni tan siquiera se había producido- a las normas emanadas de los órganos de gobierno insulares. Vista la calidad argumentativa del susodicho, no me cabe duda de que el nivel de degradación institucional y democrática que sufrimos es proporcional al grado de estulticia de quienes nos gobiernan.

«En el deporte no compite sólo el sentimiento, sino primordialmente el físico»

Cualquiera que no conozca a Irene y escuche las palabras de la consejera o del presidente de Gran Canaria, pensaría que es una suerte de provocadora que se dedica a desinformar, a menospreciar y a insultar al colectivo trans. Pero nada más lejos de la realidad: las opiniones de mi compañera son siempre respetuosas, razonables y fundamentadas en el derecho y en los datos. Ella defiende que la autopercepción no altera la biología, porque en lo que al deporte se refiere, no compite sólo el sentimiento, sino primordialmente el físico. 

Sostiene Irene algo tan disparatado, si me permiten la ironía, como que los cuerpos de hombre y mujer son totalmente diferentes. Que decir que somos iguales es, sencillamente, mentira, con fundamento en algo que se denomina dimorfismo sexual, presente en los mamíferos. El macho suele ser de mayor tamaño que la hembra, presenta una mayor masa muscular, una distribución de masa grasa diferente, una estructura ósea distinta… En resumidas cuentas, que las diferencias existentes entre hombres y mujeres son muchas y determinan que los hombres sean, en promedio, entre un 10% y un 15% más rápidos, o entre un 50% y un 60% más fuertes (según si hablamos del tren superior o inferior), o que tengan una capacidad entre un 30% y un 40% mayor de generar potencia. Factores que no pueden soslayarse cuando se trata del deporte. Y así lo demuestran las marcas deportivas, que son irrefutables: en la prueba de maratón, la ganadora del oro femenino hubiera quedado septuagésimo primera, es decir, con 70 hombres delante. En pruebas de atletismo, como los 100 metros o los 800 metros, no hubiera habido mujeres ni siquiera en semifinales. 

Una ley que permite a los hombres que se autoperciben mujeres competir en la misma categoría que ellas, acabará con esas categorías femeninas, pues los respectivos podios serán copados por varones en lo biológico aunque no se conciban así en su fuero interno.

Porque los sentimientos pueden distorsionar el relato o la percepción de la realidad, pero no alterar su esencia. Por supuesto que el Estado no es quien para inmiscuirse en lo que sintamos o dejemos de sentir, ni debe impedirnos vivir nuestra vida y sexualidad como tengamos a bien, pero la igualdad ante la ley sólo puede garantizarse si se construye sobre un sustento objetivo, esto es, sobre circunstancias verificables y contrastables. Por supuesto que los transexuales tienen derecho a participar en competiciones deportivas, pero con arreglo a la categoría que les correspondan en atención a sus circunstancias físicas y no sentimentales. No se puede ni se debe institucionalizar el sentimiento, so pena de acabar con la igualdad sobre la que se cimenta nuestro Estado democrático y de derecho.

Así que no se engañen, no se ha censurado la mesa sobre la defensa de las categorías femeninas porque el discurso de Irene pudiera resultar «tránsfobo», sino por miedo al debate, a la evidencia y a la realidad. La finalidad de este nuevo tipo de censura no consiste en evitar los llamados «discursos de odio» contra los trans, gays o cualquier otro colectivo que se les ocurra, sino en evitar que la verdad comprometa a la ideología. O lo que es lo mismo, que el relato sucumba ante los datos. Porque ellos gobiernan en el plano de la narrativa, que es donde han radicado el debate público, y no en el de la realidad, que es donde lo radican a usted. 

«Tendrán que aprender a vivir con la frustración que les genera la existencia de voces discordantes»

Tanto usted, como mi compañera Irene, tienen la obligación de pagar impuestos, tasas y contribuciones, pero no la libertad para protestar por ello, ni mucho menos la de cuestionar o criticar las decisiones que emanan del poder soberano, auténtico representante de la gente real. Nosotros, la chusma, el lumpen o la gentucilla, no merecemos ni voz ni voto en la esfera pública por más que la Constitución garantice la libertad de expresión de todo ciudadano español. Un reconocimiento formal que no va acompañado de la sustantiva efectividad material gracias a la interpretación extensiva y excluyente de las «expresiones de odio» que han institucionalizado los que habitan en los gobiernos nacionales y autonómicos. Odiar ya equivale a disidir.

La semana pasada, en una comparecencia junto a Pedro Sánchez, Felipe González afirmó que: «En democracia, la verdad es aquello en lo que creen los ciudadanos». Una frase escalofriante, pues además de rezumar relativismo, apesta a totalitarismo. Si aquello en lo que creen los ciudadanos en democracia es la verdad, y los ciudadanos en democracia se expresan en las urnas, quienes resulten elegidos en las mismas estarán legitimados para decidir qué es verdad y qué no lo es. Algunos pensarán que se trata de una interpretación delirante, pero es en lo que estamos: que todo lo que place a los electoralmente escogidos sea un derecho y todo lo que les disguste sea delito o, cuanto menos, merecedor de una cuantiosa sanción administrativa. 

Pero miren, gobernantes, gobernantas, y miembros, miembras y miembres de los colectivos implicados: no vamos a permitir que nos expulsen del debate público, no nos van a callar. Ni a Irene, ni a mí, ni a nadie que muestre desacuerdo con sus decisiones, políticas o leyes. Tendrán que aprender a vivir con la frustración que les genera la existencia de voces discordantes: frente a su intolerancia por el desacuerdo, nuestra libertad para expresarlo. 

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