2028

España se aproxima a un año electoral que puede decidir el diseño de nuestra democracia por un largo periodo de tiempo. Todas las elecciones suponen en alguna medida un cambio de rumbo. Incluso cuando se confirma a la fórmula en el Gobierno, hay correcciones, nuevas caras, nuevos estilos, un cierto reajuste de ideas. Así ha sido durante décadas, también en nuestro país, y eso es lo que ha permitido un periodo tan largo de estabilidad y prosperidad.

Esta vez las circunstancias parecen algo diferentes, no sólo en el plano nacional. El entorno europeo, en el que tan cómodamente se ha asentado la consolidación de nuestro proyecto, ofrece dudas sobre el futuro. Su democracia, antes ejemplar y envidiable, empieza a verse como pieza de museo. Su poder, tanto económico como moral, está en declive, por culpa en parte del derrotismo de sus propias élites. Con ello ha menguado también su autoridad: ya no le es fácil poner orden siquiera entre sus propios miembros. Las potencias en alza, con China a la cabeza, son sistemas autoritarios, un modelo que se abre camino hoy sin pudor ni castigo en América Latina, África y Oriente Medio. Claramente, la alternativa que se va vislumbrado a nuestras democracias no son otras mejoradas o actualizadas, sino democracias iliberales y sistemas mixtos en los que se vota, pero los ciudadanos no gozan de las libertades y garantías de un Estado de derecho.

Los españoles votarán el próximo año en medio de una enorme incertidumbre, no sólo por el entorno descrito y la realidad de la guerra en Ucrania y la sombra de la recesión económica, sino por las propias circunstancias políticas de nuestro país, donde, como es sabido, el viejo bipartidismo no acaba de morir y el nuevo multipartidismo no acaba de nacer. Peor aún: donde los antiguos grandes partidos son hoy débiles y susceptibles al chantaje y los nuevos partidos han acabado siendo movimientos caudillistas e insidiosos, refractarios a los intereses generales de España.

«Un Gobierno en el que Vox tuviera capacidad de influencia podría conducir a un retroceso de nuestros derechos y a un deterioro de nuestra convivencia»

Es difícil vislumbrar un escenario en el que la implicación de esos movimientos, muchos de ellos abiertamente dedicados a la destrucción de la unidad nacional, no sea necesaria. Una mayoría en torno al Partido Popular, seguramente requerirá la participación de Vox, una fuerza fundamentada en la propagación del odio, la división y el enfrentamiento. Un Gobierno en el que Vox tuviera capacidad de influencia podría conducir a un retroceso de nuestros derechos y a un deterioro de nuestra convivencia.

Parece, sin embargo, más ahormado e inminente, el peligro que se vislumbra por el otro lado, la creación de una especie de frente popular con un PSOE exclusivamente representado por su líder y un conjunto de fuerzas nacionalistas en cuya agenda está marcada la fecha de un próximo referéndum de autodeterminación. Ya sabemos cómo se formó la mayoría que permitió la aprobación la pasada semana de unos nuevos Presupuestos: con concesiones tan vergonzosas a ERC y Bildu que sus propios promotores trataron de esconderlas tras una cortina de excusas y mentiras. Es fácil imaginar, por tanto, las retribuciones que tendría que pagar en el futuro a sus socios un Partido Socialista cada vez más difuminado dentro de la amalgama de la izquierda populista y alejado de la centralidad.

La peculiaridad del sistema electoral y político de España hacen factible que fuerzas muy minoritarias en el conjunto del país, pero bien asentadas en sus territorios, donde defienden intereses particulares, puedan pesar de forma desproporcionada en el Gobierno de la nación. Sólo es necesario un aliado en Madrid que lo permita. A lo largo de nuestra historia eso ha ocurrido de forma frecuente, siempre con el resultado de una cesión de poder hacia el nacionalismo.

Ahora la situación ha empeorado, en gran medida porque el equilibrio de fuerzas también es diferente. Ahora el precio a pagar es mucho más alto, como han demostrado las recientes entregas. Ahora el PSOE es electoralmente pobre e ideológicamente amorfo. Ahora, para seguir en el poder, necesita sentar a su alrededor a todo aquel que demuestra animadversión hacia el PP, sin importar si su causa es revolucionaria, reaccionaria o contraria a los intereses de España. Como ha ocurrido con la izquierda en América Latina, todo parece valerle a la izquierda en España para justificar una alianza contra la derecha. No por casualidad, el PSOE ha erigido en los años recientes como gran gurú a José Luis Rodríguez Zapatero, defensor de modelos como los de Argentina, Venezuela o Colombia.

Cinco años son más que suficientes para convertir a la democracia robusta que actualmente es España en un sistema distinto, amoldado a las características de los nuevos tiempos y a las necesidades de esta nueva izquierda. Ya hoy esa democracia es algo más frágil de lo que era hace unos días al haberle arrebatado uno de los instrumentos con los que contaba para enfrentarse a sus enemigos: el delito de sedición. Cercenando rama a rama para satisfacer el apetito voraz del nacionalismo y para acomodar el paisaje a los gustos cambiantes de esta izquierda necia, nuestra democracia puede quedar convertida en 2028 en un tronco seco, incapaz de ofrecer cobijo y protección.

Desmontando la sedición

David Mejía