España impulsa centenares de normas contra la corrupción sin evaluar resultados ni eficacia
La OCDE estima que hasta el 25% de la inversión pública puede perderse por fraude, corrupción y mala gestión
Ilustración de Alejandra Svriz.
España impulsa centenares de normas contra la corrupción sin evaluar si funcionan. El último informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre integridad pública, analizado por THE OBJECTIVE, sitúa el principal fallo de los sistemas anticorrupción no en la falta de regulación, sino en la ausencia de medición. Los gobiernos aprueban leyes, refuerzan controles y amplían obligaciones, pero no comprueban si esas medidas reducen el fraude o mejoran la gestión del dinero público.
El sistema no parte de un vacío normativo, sino de un exceso. España ha construido en las últimas décadas un entramado de centenares de disposiciones sobre transparencia, contratación pública, control financiero o prevención del blanqueo. A ese marco se suma un nuevo impulso legislativo: el plan de integridad pública activado entre 2025 y 2026 prevé modificar al menos 18 leyes e introducir decenas de medidas adicionales.
Ese despliegue regulatorio, sin embargo, no garantiza resultados. La OCDE sitúa la brecha entre la solidez de las normas y su aplicación efectiva en torno a 19 puntos porcentuales. La distancia entre lo que se legisla y lo que realmente se ejecuta se mantiene como el principal déficit del sistema, tanto en España como en la mayoría de economías avanzadas.
Las normas contra la corrupción
La diferencia la marcan los países que han cambiado de enfoque y frente al modelo centrado en normas y procedimientos, algunos gobiernos han pasado a sistemas basados en datos, análisis de riesgos y evaluación continua. En esos casos, la legislación no es el objetivo, sino una herramienta sometida a revisión constante.
España, sin embargo, sigue operando sin ese control, destaca el informe de la OCDE. En el trabajo se advierte de que menos de la mitad de los países utiliza indicadores de resultados para medir el impacto de sus políticas anticorrupción. Y el seguimiento es aún más limitado: solo uno de cada cuatro controla de forma sistemática la ejecución de sus estrategias.
Nuestro país deja sin aplicar una parte relevante de las directrices anticorrupción fijadas por la OCDE. El informe evidencia carencias en la supervisión efectiva de las políticas públicas, especialmente en la evaluación de resultados y en los mecanismos de seguimiento, lo que limita la capacidad real del sistema para prevenir irregularidades y corregir fallos.
La contratación pública en el foco
Este vacío tiene consecuencias directas en el núcleo del sistema: la contratación pública. La OCDE identifica este ámbito como uno de los principales focos de riesgo por el volumen de recursos que moviliza, la complejidad de los procedimientos y la interacción constante entre sector público y privado. Es ahí donde se concentran gran parte de las vulnerabilidades y donde la falta de evaluación tiene mayor impacto.
Sin indicadores ni seguimiento, no es posible detectar patrones de riesgo, ni anticipar irregularidades, ni corregir fallos de diseño. El sistema se limita a verificar el cumplimiento formal de los procedimientos, pero no mide si estos evitan prácticas indebidas o mejoran la eficiencia del gasto.
El impacto económico de esta debilidad es significativo. La OCDE estima que la corrupción, el fraude y la mala gestión pueden absorber entre el 8% y el 25% de la inversión pública. Estas pérdidas no solo afectan a las cuentas públicas, sino que distorsionan la competencia, encarecen los proyectos y reducen la calidad de los servicios.
Los consejos de la OCDE
En España, el modelo ha evolucionado hacia un refuerzo constante del marco legal. Se han ampliado las obligaciones de transparencia, se han endurecido los controles en la contratación y se han desarrollado nuevos instrumentos de supervisión. Sin embargo, ese avance no ha ido acompañado de mecanismos sólidos de evaluación. Mientras, las estrategias anticorrupción rara vez se centran en los sectores de mayor riesgo. La contratación pública, la sanidad y la defensa concentran vulnerabilidades relevantes, pero no siempre son el eje de las políticas.
El informe de la OCDE también señala el retraso en el uso de tecnología y datos. Aunque el análisis masivo de información permite detectar patrones de fraude y anticipar irregularidades, su implantación sigue siendo limitada. La mayoría de los sistemas continúa apoyándose en controles tradicionales, con menor capacidad para gestionar riesgos complejos.
La OCDE plantea un cambio de modelo. Los países con mejores resultados están avanzando hacia sistemas basados en el análisis de riesgos, el uso intensivo de datos y la orientación a resultados. Esto implica priorizar los ámbitos más vulnerables, desarrollar herramientas tecnológicas y evaluar de forma continua el impacto de las medidas adoptadas. No se trata solo de aprobar leyes, sino de garantizar que esas leyes funcionan.