Año de políticas extractivas
«El Gobierno es completamente responsable de unas políticas que pasarán factura porque constituyen un verdadero lastre al crecimiento y a la creación de empleo»
Nadia Calviño.
Hoy me apetecería hablar de fútbol y de esa excelsa Argentina que siendo mucho más que Messi y el eterno peronismo se empeña en negarse a sí misma y se aferra a sus mitos para perpetuar su decadencia. Querría hablar también de esta España en la que el sanchismo copia tácticas y técnicas absolutistas, catalano-bolivarianas, para aferrarse al poder y deshacer las instituciones de una democracia liberal, mientras algunas plumas a sueldo se apuntan al más viejo oficio estalinista de destrozar la credibilidad personal de los que osan oponerse al poder del César. Pero soy un simple plumilla económico y se espera de mí en estas fechas que haga un balance del año que termina.
Un año económico que solo puede calificarse de extractivo, como espero demostrar a continuación. Un año condicionado por dos palabras: inflación y Rusia. La respuesta a esos choques exógenos ha definido la política económica. La respuesta española ha consistido en extraer al máximo recursos del sector privado para dárselos no a los más vulnerables o necesitados sino al Gobierno, que lo ha malgastado en intentar perpetuarse. Ese es el resumen simple de un año del que salimos más vulnerables y con una economía menos competitiva.
Algunos ya estábamos preocupados por la inflación antes de la invasión de Ucrania, pero esa es hoy una discusión políticamente irrelevante, por mucho que técnicamente es la que está determinando el curso de los tipos de interés y la actuación de los bancos centrales. Porque lo cierto es que el Banco Central Europeo en su reunión de diciembre ha dictado sentencia. Habrá política monetaria restrictiva, tipos por encima del 3% durante mucho tiempo y cesará la compra de deuda pública mucho más rápidamente de lo que algunos gobiernos europeos deseaban. El Tesoro tendrá que pagar más caro sus alegrías expansivas. Tiempo habrá para hablar de lo que nos espera, limitémonos hoy a hacer balance.
«La lista de tonterías económicas es tan amplia que pasará factura»
Empezábamos el año pensando en una rápida recuperación impulsada por el consumo reprimido y el ahorro forzoso. Crecimiento que sería mayor en España pues nos beneficiaríamos particularmente de la explosión del turismo y del auge inmobiliario con unos tipos reales negativos que hacían irracional no comprarse una casa. Ambos sectores son además una bendición para cualquier gobierno, pues son muy intensivos en la creación de empleo con lo que la percepción de bienestar se extendía rápidamente por la sociedad española. Como además ambos generan y pagan muchos impuestos, la felicidad gubernamental era total. Tiempo para hacer tonterías y pagar a los compañeros de viaje, porque no se iba a notar mucho.
El problema es que efectivamente las tonterías se hicieron todas, también en economía, y ni los tipos ni el contexto externo se parecen en nada a lo que se esperaba de ellos. La inercia nos ha permitido capear el temporal por ahora, pero la lista de tonterías económicas es tan amplia que pasará factura. Empecemos por el mercado de trabajo, donde la vicepresidenta empezaba el año sacando pecho por la negociación colectiva y pidiéndole a su colega que le explicara lo que eran los ERTEs, para terminarlo riñendo al personal por dudar del cambio estructural en el mercado de trabajo y sustituyendo a la CEOE por Bildu en el diálogo social. En medio, subidas desproporcionadas del salario mínimo, una contrarreforma laboral que encarece la contratación y el despido, devuelve a los sindicatos la exclusividad y el derecho de veto en la negociación colectiva, consagra los convenios sectoriales y regionales hurtando la discusión de la productividad a las empresas, y genera confusión sobre las verdaderas cifras de desempleo al crear una nueva categoría laboral de desempleados subsidiados pero ocupados.
Para seguir en este capítulo, la contrarreforma de la Seguridad Social ha hecho al sistema más deficitario, insolvente e injusto. Más deficitario, al ajustar todas las pensiones con la inflación a pesar de trasladar torticeramente gastos corrientes del sistema a la cuenta general del Estado para ocultar el incremento de gasto. Más insolvente, al acabar con el factor automático de estabilidad y sustituirlo por un difuso e inerte Mecanismo de Equidad Intergeneracional que aún nos dará muchas sorpresas hasta su redacción final. Y más injusto, al pretender sustituir los fondos privados de pensiones por un fondo público de incierto futuro autónomo y convertir así un fondo de capitalización privada en un nuevo fondo público con el que financiar aventuras.
Una política social que como la energética ha sido motivo de fricción constante con Europa y condiciona el destino de los fondos europeos. Una política oportunista y electoral, que en el gas supone además una extracción de renta a los españoles en beneficio de consumidores franceses y portugueses. Y que contribuye a aumentar el consumo del recurso escaso que hay que racionar, pues esconde las señales de precios y las sustituye por soflamas políticas. Una política energética que nadie entiende, pero que se mantiene por cesarismo.
«La recaudación fiscal acabará en máximos históricos, por encima del 44% del PIB»
Pero es en Hacienda donde más se han notado los efectos de una política extractiva. Empezaba el año con la búsqueda desesperada de nuevas bases impositivas, que como todo déspota ilustrado justificaba el Gobierno en evitarnos males mayores. Proliferan así los impuestos por nuestra salud, a las bebidas azucaradas o los plásticos, por el medio ambiente y la salvación del planeta, eso sí, hasta que hay que subsidiar la gasolina porque anda el personal mosqueado y ya hemos visto lo que le pasó a Macron, o por la solidaridad humana y el fin de los explotadores, como el impuesto a los ricos, los bancos o las eléctricas. Lo absurdo del caso, lo que pone de manifiesto la incompetencia o sectarismo gubernamental, es que estos impuestos no rinden nada, véase la exigua recaudación de las tasas Tobin y Google, y no eran necesarios para la barra libre de gasto. Solo con el impuesto inflacionista y la recuperación del consumo y el turismo, la recaudación fiscal acabará este año en máximos históricos, por encima del 44% del PIB. Pero, eso sí, el gasto superará el 48% del PIB, sin incluir los fondos europeos.
Un economista sensible y solidario podría pensar que este aumento silencioso del gasto público es el juego de los estabilizadores automáticos para ayudar a los más vulnerables en un ciclo económico depresivo. Podría pensarlo si viera suficiente televisión y leyera prensa oficial, pero no se compadece en absoluto con la realidad. Ni España está en recesión, el PIB crecerá por encima del 4% este año, ni el gasto se concentra en los más necesitados, siendo la indiciación de todas las pensiones y los subsidios generales al consumo de gas y electricidad las partidas más importantes. Una política fiscal claramente populista y extractiva, que nace de un fundamentalismo ideológico propio o impostado.
En resumen, el Gobierno no es responsable del deterioro de las circunstancias externas, de la subida del precio del gas o la guerra de Ucrania. Sí es parcialmente responsable de la subida de la inflación y de los tipos de interés, pues sus políticas expansivas y distorsionadoras de la competencia aumentan las presiones inflacionistas. Y es completamente responsable de unas políticas extractivas que pasarán factura porque constituyen un verdadero lastre al crecimiento y a la creación de empleo. Unas políticas que explican que siendo España uno de los países menos expuestos al choque externo que sufre ahora la Unión Europea, sea una vez más un país de máxima vulnerabilidad y preocupación inversora, un país que ha sufrido por errores propios un grave deterioro de sus perspectivas futuras y el único gran país europeo que todavía no ha alcanzado el nivel de producción de antes de la covid-19. Un gran balance.
