THE OBJECTIVE
José Carlos Rodríguez

Y ahora, ¿qué?

«El poder es sólo un medio para un objetivo a la altura de la ambición sin horizontes de Pedro Sánchez, que es la de crear su propio régimen»

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Y ahora, ¿qué?

Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional ha paralizado la reforma que quería hacer el Gobierno del propio TC por decreto. España es una democracia a medias, en la que el poder legislativo se confunde con el poder ejecutivo y ambos con el partido político. Son indistinguibles, porque la actuación de cada uno depende del líder de la organización política, si cuenta con suficientes apoyos en el Parlamento. 

El Gobierno ha querido acortar el mandato de dos jueces del Tribunal Constitucional por decreto. La medida tiene las hechuras de un autogolpe de Estado, como el que fracasó recientemente en Perú: se adoptan medidas que atentan contra el sistema político legalmente constituido, con intención de darle una apariencia de legalidad, por medio del uso burdamente inadecuado de algunos instrumentos legales. El instrumento rey de los autogolpes de Estado es el decreto, claro está. Y es a lo que ha recurrido el Gobierno. 

Las normas, esto lo saben hasta los periodistas, responden a una jerarquía. Una ley orgánica tiene un rango superior a una ley ordinaria, y ésta se halla un escalón por encima de un los decretos legislativos y decretos leyes. En esa escalera, las normas de menor rango no pueden derogar las de los peldaños superiores, ni pueden entender sobre las materias de esas otras normas de mayor rango. Todo esto lo saben los miembros del Tribunal Constitucional, todos; ellos lo saben mejor que muchos, y tanto como el que más. 

En Vistalegre I, Juan Carlos Monedero fue elegido para controlar desde Podemos el cambio constitucional. Para alcanzar, decía por esas fechas, el hito que había logrado Hugo Chávez: mantener una democracia sin «la trampa» de la alternancia. Hoy es el ministro de la presidencia, de la presidencia, insisto, quien asume el mismo encargo por parte de su partido. Félix Bolaños es «secretario para la reforma constitucional y nuevos derechos del PSOE».

El líder de la transformación de nuestra democracia-no-tan-liberal en una demagogia populista ya no es Pablo Iglesias, sino Pedro Sánchez. Este proceso ha demostrado que se equivocaban quienes decían que Sánchez es un hombre sin principios, capaz de cualquier cosa, incluso de defender a España de sus enemigos, con tal de mantenerse en el poder. No. El poder es sólo un medio para un objetivo a la altura de la ambición sin horizontes de Pedro Sánchez, que es la de crear su propio régimen. Podemos, ERC, Bildu, no son males necesarios, sino verdaderos socios.

Este sistema no le vale al Partido Socialista porque es el que le ha dado al partido rival las dos últimas mayorías absolutas, en 2011 y 2000. La última mayoría absoluta del PSOE es de 1989; entonces, todavía se mantenía en pie el muro de Berlín. Los perfiles del nuevo régimen sólo los podemos adivinar. Lo que sabemos es que este se le ha quedado pequeño tanto a las ambiciones de Sánchez como a la insaciable sed de poder del PSOE.

Es necesario tener presente cuál es la voluntad de Pedro Sánchez para hacernos una idea de la cuestión más urgente del momento. Y ahora, ¿qué? ¿Qué va a hacer el Gobierno? ¿Cuáles son sus límites, si no acepta los que le impone la Constitución? Y, en tal caso, ¿cuáles son los nuestros como sociedad?

Ánder Gil, presidente del Senado, ha acatado la decisión del Tribunal Constitucional. En caso de rechazarla y seguir adelante con la votación prevista, entraríamos en un terreno desconocido. Lo ha explicado con dosis tóxicas de cinismo el exvicepresidente Pablo Iglesias en Hora 25: «Entramos en un escenario en el que no hay normas del juego». «A partir de aquí, el derecho es un conjunto de instrumentos que se utilizan en una dirección o en otra, en función de los intereses políticos. Ya sólo hay actores políticos que utilizan los instrumentos del derecho… sin mirar a lo que se supone que es el Estado de Derecho».

Es decir, que anima a que se rompa la baraja, y a que el Gobierno utilice todo el poder en su mano para completar el cambio constitucional. Pablo Iglesias lo ha dejado claro: si las instituciones que aún cuelgan del sistema del 78 no aceptan un cambio fundamental del régimen por las malas, lo haremos por las peores. Como ve que la mayoría que se le opone en el TC se mantiene sólida, ha llamado a los miembros «progresistas» a romper el cuórum para anular la institución. Yo no descarto que lo hagan. «¿Quién ha reventado el amado régimen del 78? Los que se han atrincherado en el Tribunal Constitucional», dice Iglesias. La respuesta es lo de menos. Lo relevante es la pregunta: Iglesias da por finiquitado el actual régimen.

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