Las democracias también enferman

Una de las consecuencias de nacer en democracia es pensar que este régimen es el estado natural de las cosas. Y otra, es creer equivocadamente que votar te convierte automáticamente en una democracia. Pero como ya se pudo comprobar en la primera mitad del siglo XX en Europa, y como hemos comprobado en algunos ejemplos recientes en América Latina, las democracias pueden enfermar y morir, aunque tengan urnas. De hecho, algunas naciones han sufrido la devastación social, política y económica a partir de políticos elegidos democráticamente, que aprovechándose de los resortes de libertad que ofrece este modelo, han logrado desmontar paso a paso esas democracias para convertirlas de facto en tiranías, regímenes arbitrarios o autocracias. 

Para medir el estado de salud de una democracia también hay que tener en cuenta otras características fundamentales que permiten tener los controles y contrapesos necesarios para que ningún presidente, ningún gobierno ni ninguna mayoría política puedan degradar o destruir el sistema. El respeto al Estado de derecho y a los procedimientos formales para modificar las reglas de juego constitucionales, la protección de los derechos fundamentales y los derechos de las minorías, la división de poderes que garantice que ningún gobierno vulnere la autonomía y funciones del poder legislativo o del poder judicial, la libertad e independencia de los medios de comunicación, el respeto a la propiedad privada o la objetividad e independencia de los órganos reguladores y del resto de instituciones del Estado, son algunos de los atributos fundamentales que hay que preservar para ser un país democrático.

Hace tan solo uso días hemos visto como en Perú, Pedro Castillo intentó dar un autogolpe de Estado, tratando de disolver el poder legislativo y anunciando un “gobierno de excepción” para evitar así una inminente moción de censura. El presidente andino fue detenido por delito de rebelión.  Pero hay que recordar que Castillo fue elegido por la mayoría del pueblo peruano hace tan solo 18 meses, y muchos de sus correligionarios están organizando disturbios estos días en favor del golpe de estado que pretendía dar el dirigente populista. 

Y no hace falta detenerse en exceso en el caso venezolano porque por todos es conocido el desmontaje paulatino de la democracia que se ha producido en el país, todo ello iniciado y perpetrado por Hugo Chávez, un presidente elegido por la mayoría de los ciudadanos en el año 1998, que después de más de 20 años en el poder, él y su sucesor, Nicolás Maduro , han convertido lo que era uno de los países más ricos y avanzados del continente en el país con mayor pobreza extrema de Sudamérica, y en un lugar donde se violan a diario los derechos humanos y en el que millones de venezolanos tienen que abandonar su patria para no morir de hambre o perseguidos y encarcelados por la tiranía del régimen bolivariano.

Cuando uno vive en la Unión Europea puede tener la tentación de pensar que en un país europeo nunca se producirá una involución de esa naturaleza ni se traspasaran ciertas líneas rojas

Cuando uno vive en la Unión Europea puede tener la tentación de pensar que en un país europeo nunca se producirá una involución de esa naturaleza ni se traspasaran ciertas líneas rojas. Probablemente en parte sea cierto, pero sin darnos cuenta y de manera progresiva si que podemos sufrir una pérdida de calidad democrática. Es el caso de Polonia o Hungría, pero también empieza a ser el caso lamentablemente de España.

Vistas las últimas semanas de la política nacional y especialmente la  semana negra en el Congreso y el Senado, podemos decir que en nuestro país se está intentando poner a todos los poderes del estado al servicio de un proyecto político, erosionando para ello parte del andamiaje sobre el que descansa nuestro régimen democrático. 

Por un lado se ha rebajado el Código Penal con carácter de urgencia y tratando de evitar en fraude de ley todos los dictámenes preceptivos, y se ha hecho contra el interés general y al servicio de políticos condenados por delitos graves como sedición o malversación de fondos públicos. Redactar el Código Penal al dictado y a medida de políticos delincuentes nunca es bueno para un país, tampoco para España.

Y por otro lado, de manera exprés, se ha intentado tomar el control del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional sin el consenso reforzado que prevé la Constitución y sin respetar los mecanismos ordinarios previstos para ambas reformas de ley orgánica. Estos hechos nos llevan obligatoriamente a preguntarnos ¿qué pretenden que haga o deje de hacer el TC en un futuro para hacerlo de manera tan burda? 

No hay que tener una bola de cristal para imaginar lo que sucederá cuando la mayoría Frankenstein – definición de Alfredo Pérez Rubalcaba- coloque a ex políticos de su cuerda en la institución: las leyes autonómicas, estatutos o consultas separatistas que puedan salir del Parlamento de Cataluña o del Parlamento Vasco, o las futuras leyes aprobadas en las Cortes Generales de dudosa constitucionalidad podrán ser validadas por el órgano constitucional. En definitiva, con esta reforma exprés de la justicia ordinaria y constitucional se busca asaltar el TC como ya se ha hecho con la Fiscalía, el CIS, RTVE, o el INE. Pero con el agravante que el Tribunal Constitucional es el único dique de contención que tiene el Estado para defenderse de leyes inconstitucionales que limiten o prohíban derechos fundamentales o pongan en jaque la unidad nacional o la igualdad entre todos los españoles.

Estos días hemos tenido que escuchar a portavoces parlamentarios afirmar sin sonrojo que el Tribunal Constitucional no puede evaluar las actuaciones del poder legislativo y de sus señorías porque a ellos les ha elegido el pueblo. Afortunadamente, en una democracia constitucional, sí puede, y debe. Es la Constitución y el Tribunal Constitucional, el órgano que la protege e interpreta, y no el poder legislativo quien establece los límites competenciales elementales de los tres poderes del Estado. De hecho, aunque muchos portavoces lo ignoran o lo obvian, en la teoría de Kelsen el Tribunal Constitucional es considerado legislador negativo. Es decir, no puede hacer leyes, pero sí dictaminar que leyes o procedimientos violan el marco constitucional y cuáles deben ser anuladas. Afortunadamente en una democracia constitucional no es suficiente con tener mayoría parlamentaria o controlar el consejo de ministros, hay que respetar la Constitución y los procedimientos que garantizan los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. 

La democracia por definición es el gobierno del pueblo. Como decía Churchill, es un sistema imperfecto, pero es el menos malo de todos los sistemas de gobierno. Por eso, para que la democracia no acabe aniquilada, necesitamos una ciudadanía critica, responsable, informada, formada y libre. Sinceramente, no creo que España pueda acabar como Venezuela porque estamos en la Unión Europea y hay ciertos límites que serían difíciles de asumir para las instituciones comunitarias. Pero sí creo que estos últimos años se está produciendo un proceso de degradación paulatina con tintes populistas que está conllevando una crisis institucional permanente y nos está conduciendo a una argentinización: Si no cambiamos de rumbo, en unos años podríamos acabar siendo otro gran país convertido en nación decadente y poco confiable para ciudadanos y empresas.

Pese a todo, los ciudadanos seguimos teniendo el poder y la responsabilidad indelegable de elegir quién nos representa y por ende quién nos gobierna. Lo que nos jugamos en el futuro no es tan solo si nos gobiernan políticos más de izquierdas o más de derechas. Sobre todo nos jugamos acertar para que nos gobiernen ciudadanos, que más allá de su ideología, respeten los fundamentos básicos de la democracia. Que incluso tengan la honradez de restaurar los controles, balances  y garantías de independencia que hayan sido condicionados o suprimidos en estos últimos años cuando lleguen el poder. Antes que a socialistas, ecologistas, liberales o conservadores hay que elegir a demócratas comprometidos. 

Decía el filósofo Aldous Huxley que la gran lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia. En muchas naciones del mundo vamos a comprobar si Huxley tenía razón o si por el contrario, estamos tomando nota y aprendemos de la historia. Es importante cuidar el planeta que les dejamos a nuestros hijos, pero igual o más importante es cuidar o curar nuestras democracias para que puedan vivir en paz y en libertad.