El precio de un despropósito
«El nacionalismo no puede pagarse con el dinero de los demás. El interés general debe estar por encima de los intereses personales de un candidato»
Carles Puigdemont, Emiliano García-Page y Oriol Junqueras | Montaje (Europapress)
Por pedir que no quede. Sobre todo, conociendo la ausencia de escrúpulos y la constatada generosidad de quien necesita comprar, al precio que sea, los apoyos para su nueva investidura. Los independentistas de Junqueras (ERC) y de Puigdemont (JxCat) están como en una nube. Felices y contentos.
Han aparcado durante un tiempo sus diferencias para formar un frente común, a la hora de exigir a Sánchez las contraprestaciones necesarias para alcanzar lo antes posible sus principales objetivos. Sin importarles, en absoluto, que esas reivindicaciones vulneren el ordenamiento jurídico de nuestro actual sistema democrático.
Para ellos no existen líneas rojas, por mucho que insistan desde la dirección del Partido Socialista en la idea de que los posibles pactos y acuerdos con los futuros socios sólo tendrán cabida dentro del marco constitucional. Está muy claro que la Constitución Española no contempla el derecho de autodeterminación, pero eso tampoco importa demasiado. Siempre se podrán encontrar alternativas que permitan sortear estos obstáculos. Además, para los independentistas catalanes, al igual que para sus compañeros de Bildu, la Constitución está para incumplirla. Hace tiempo que dejó de ser un impedimento, una barrera, para seguir avanzando en su hoja de ruta por la senda de las reivindicaciones soberanistas.
Desde que se abrió la ventanilla de atención a los partidos minoritarios que decidirán la gobernabilidad o no de España, sobrevuelan por encima de nuestras cabezas reclamaciones que atentan contra el principio de solidaridad interterritorial, como la petición de condonación de la deuda contraída por los últimos gobiernos de Cataluña. La Constitución insiste en varios de sus artículos –aunque ellos no se den por enterados– sobre el principio de solidaridad interterritorial. Expresamente, se dice en el artículo 138 que no pueden existir, «en ningún caso, privilegios económicos y sociales».
«Los ciudadanos del resto de España no podemos ser paganos de una investidura que puede salirnos por un ojo de la cara»
Este tipo de demandas – por no citar las de una amnistía para todos los encausados por el procés o la exigencia de usar el catalán en la tribuna del Congreso de los Diputados – demuestran que no puede ni debe alcanzarse el Gobierno de España a cualquier precio. Porque los ciudadanos de Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía o Madrid estamos hartos de ser los paganos de las investiduras de Sánchez, como lo estaríamos de Feijóo, si decidiera entrar alguna vez en ese mismo trapicheo.
Emiliano García-Page declaró hace unos días que el Partido Socialista no gobernará «a cualquier precio», pero más parece un deseo que la constatación de una realidad que ya tiene claros antecedentes. Page, como en su momento hiciera Guillermo Fernández Vara, tiene que alzar la voz y denunciar los privilegios que exigen los posibles socios de investidura de Sánchez.
Los ciudadanos del resto de España no podemos ser paganos de una investidura que puede salirnos por un ojo de la cara. El problema es que el presidente castellano-manchego, mucho más sensato que Sánchez, ha quedado demasiado solo y aislado en esta España de las autonomías, tras los pactos autonómicos del PP en territorios que anteriormente fueron gobernados por el Partido Socialista.
Sin embargo, Page sabe que millones de ciudadanos de diferentes sensibilidades políticas le apoyan en su defensa de una España más solidaria y más justa. El nacionalismo no puede pagarse con el dinero de los demás. Los intereses generales de nuestro país también tienen que estar por encima de los intereses personales de un candidato que – no lo olvidemos – perdió las elecciones del 23-J, por mucho que siga sin querer aceptarlo.
No he hablado en esta columna del PNV, ni de Coalición Canaria, porque ya no es novedad que pongan el cazo y vuelvan a extender la mano para intentar mejorar las prestaciones de la anterior legislatura.
