THE OBJECTIVE
Javier del Castillo

El golpista fugado

«El problema ahora ya no es si Puigdemont será detenido y juzgado en cuanto cruce los Pirineos, sino cómo atender cuanto antes sus exigencias»

Opinión
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El golpista fugado

Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Catalunya. | Europa Press

Hace tiempo que las comparecencias de la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, para dar cuenta de lo tratado en el Consejo de Ministros, se han convertido en otra cosa. Ni acuerdos adoptados ni asuntos debatidos. Para eso ya está el BOE. Lo más importante y prioritario para la voz del Gobierno es cantarle las cuarenta a la oposición y acusar a sus dirigentes de deslealtad y falta de empatía.

¿Cómo es posible que el PP apoye movilizaciones contra la amnistía para los golpistas catalanes y contra el derecho de autodeterminación? ¿Acaso no escucha el clamor de una gran mayoría de ciudadanos españoles que se solidariza con las reivindicaciones de Puigdemont y Junqueras? ¿No se dan cuenta estos fachas –empezando por el expresidente Aznar– de que nuestro país necesita un gobierno progresista en el que una minoría, empeñada en acabar con nuestro actual sistema democrático, decida el futuro de España?

El problema ahora ya no es si Puigdemont será detenido y juzgado en cuanto cruce los Pirineos, sino cómo atender cuanto antes sus exigencias, a cambio de que los cinco diputados de Junts per Cat den su voto a Sánchez en la investidura. Eso o la incertidumbre de unas nuevas elecciones. Mientras tanto, para distraer al personal, hay que dar mucha caña. Y hacerlo con la virulencia y desprecio que merecen quienes recuerdan que la amnistía es inconstitucional y se atreven a pronuncian dos palabras malditas: «Basta ya». 

«Las palabras de Isabel Rodríguez nos retrotraen a tiempos afortunadamente superados. Su lenguaje belicista pone en evidencia el concepto que tiene esta señora de la libertad de expresión y de manifestación, que tanto ha costado conseguir»

Para el Gobierno en funciones, José María Aznar es un golpista. Un golpista que reclama movilizaciones pacíficas –como si movilizarse civilizadamente fuera un delito– y que avisa de los peligros que corre en estos momentos la unidad de España. La portavoz gubernamental ha llegado a preguntarse si el siguiente paso insinuado por Aznar no será un «alzamiento». Las palabras de Isabel Rodríguez nos retrotraen a tiempos afortunadamente superados. Su lenguaje belicista pone en evidencia el concepto que tiene esta señora de la libertad de expresión y de manifestación, que tanto ha costado conseguir. 

Cuando los golpistas de Cataluña han sido indultados y suprimidas o reformadas las leyes que podían seguir acarreándoles serios problemas, y cuando el prófugo de Waterloo está a punto de conseguir que Sánchez le organice un homenaje, nos enteramos de que Aznar está a punto de echarse a la calle y encabezar una insurrección. Un golpe de Estado. Como si pedir a la ciudadanía que se movilice, que defienda la Constitución, la igualdad de todos los españoles ante la ley o que intente defender lo que considera justo y defendible fuera equiparable a un golpe de Estado como el que dieron Puigdemont y compañía.

Si no fuera porque esas expresiones de golpista son algo muy serio y van dirigidas a un expresidente del Gobierno –a Felipe González también se lo podrían haber dicho, pero no deja de ser, en opinión de algunos, una «momia»-, tendríamos que tomárnoslas como el desahogo de alguien que está acorralado y en peligro. 

A ver si en la próxima comparecencia de Isabel Rodríguez, tras la reunión del Consejo de Ministros, nos explica cómo encaja en nuestro sistema democrático la amnistía de un golpista huido de la justicia en un maletero. 

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