Nuestro mesías tropical

Es una mala noticia para la democracia. Estos días hemos sabido que el Tribunal Constitucional trabaja para Sánchez. Primero, que Conde-Pumpido está revisando la ley de amnistía para que cuele dicha norma cuando la oposición presente un recurso de inconstitucionalidad. Segundo, que el TC piensa anular la sentencia de los ERE y poner en la calle a los corruptos del PSOE de Andalucía.

Todo es inquietante. Por un lado, la lucha interna dentro del TC debe ser a cara de perro. Es lógico pensar que las filtraciones son de aquellos magistrados que se oponen al rodillo autoritario de Sánchez y al desprestigio de las instituciones. Esos magistrados deben creer que alertando a la opinión pública van a parar la maniobra, o al menos reducir sus efectos. Es posible. Por estas cosas decía Jefferson que si tuviera que decidir entre un gobierno sin periódicos o periódicos sin un gobierno, «no vacilaría ni un instante en preferir esto segundo». 

La batalla de la opinión pública es tan evidente que el sanchismo puso desde el primer día en funcionamiento al equipo nacional de opinión sincronizada para apoyar la amnistía hoy, y mañana el referéndum. El caso es contrarrestar una opinión con otra para que parezca que todo es interpretable.

«Las izquierdas y los nacionalistas creen que el Legislativo puede actuar como un dictador frente a los otros poderes»

Lo segundo que inquieta es la degradación de las instituciones; en este caso, del Tribunal Constitucional. No es que existiera mucha devoción hacia dicho órgano, pero sí constituía una esperanza para los constitucionalistas. El asunto es que dicho órgano resultaba un obstáculo para el sanchismo. Los independentistas temían que el TC funcionara como cuando echó abajo el Estatuto que salió del Parlamento de Cataluña. 

La mentalidad subyacente asusta. Las izquierdas y los nacionalistas creen que el Legislativo puede actuar como un dictador frente a los otros poderes, que deben callar y tragar. Es la teoría del poder constituyente de Antonio Negri, un comunista convertido en santo laico del populismo: toda asamblea salida de las urnas «populares» tiene la legitimidad para cambiar un régimen. No importa si ese Parlamento tiene tal mandato o si la ley no encaja con el orden jurídico o si los órganos fiscalizadores se oponen. Es la dictadura popular ejercida por una asamblea, y que tanto conviene hoy a Sánchez, Podemos y a sus independentistas.

No es exagerado decir que nos alejamos a pasos agigantados de la letra y espíritu de una democracia liberal. Cuenta Ernesto Krauze en El pueblo soy yo (2018) que un líder resulta peligroso para la democracia cuando concentra los poderes en su gobierno personal, polariza a la sociedad y coloniza el Estado. A ese tipo de políticos los llama «mesías tropical». Llegados a ese punto no hace falta saber que se vive en una dictadura, o al menos en una democracia iliberal. Sánchez encaja muy bien con esa definición del escritor mexicano.

«El sanchismo solo puede prosperar sobre la inseguridad jurídica, donde el Gobierno quiebra las leyes y las sentencias»

A la serie de catastróficas consecuencias del sanchismo añadimos la pérdida de la seguridad jurídica.  No es poca cosa. Es la base de cualquier sistema democrático porque suma certeza, confianza, jerarquía legal y publicidad. Solo así se impide la arbitrariedad. Huelga decir que la primera y principal preocupación de los liberales desde el siglo XVII fue evitar que los gobiernos fueran arbitrarios, y que su poder les permitiera pisotear a las personas y sus derechos. De ahí el Estado de Derecho, con la ley para todos, el procedimiento jurídico y los contrapesos políticos. Todo tiene un por qué, incluida la destrucción sistemática de los elementos que componen la democracia. 

El sanchismo solo puede prosperar sobre la inseguridad jurídica, donde el Gobierno quiebra las leyes y las sentencias a demanda de los socios a los que necesita. Pasó con los falsos estados de alarma, el indulto, la malversación y la sedición. Ocurrió con la humillación al Tribunal Supremo. Siguió con su obsesión con controlar al Tribunal Constitucional tras apropiarse de la Fiscalía General y de la Abogacía del Estado. Menos mal que aún no le ha hincado el diente al CGPJ. 

En España, hoy, nada es seguro y todo es posible, ya sea una amnistía, un referéndum de autodeterminación o cualquier otra ocurrencia del sanchismo para congraciarse con los grupúsculos cuyos votos requiere. La situación muestra así que es algo más que un discurso autoritario y agresivo, que una polarización social peligrosa y una colonización del Estado. El problema es una degradación de los principios jurídicos más elementales con la única y exclusiva finalidad de que Sánchez siga en la Moncloa. Tenemos en el poder a un «mesías tropical», usuario compulsivo del populismo, dispuesto a lo que sea antes o después.