La peor casta política

Podemos, ahora inserta en el paraguas de Sumar, junto al resto de formaciones de extrema izquierda que han alcanzado las mieles del poder en los últimos años, ascendieron electoralmente blandiendo un claro discurso contra la denominada «casta política», identificada con el bipartidismo, que, sin embargo, a la vista del devenir de los acontecimientos, es evidente que ha resultado ser un gran trampantojo. Los que, en teoría, venían a derribar a la «casta» se han terminado convirtiendo en la peor «casta».

Y buena prueba de ello es una de las medidas estrella que han acordado con el PSOE para renovar el Gobierno de coalición en caso de que, finalmente, Pedro Sánchez logre el apoyo necesario para su investidura. El polémico anuncio de eliminar vuelos domésticos con la excusa de reducir la contaminación ejemplifica a la perfección la mediocridad de la política española y, con ella, el grave deterioro institucional que sufre el país.

Por varios motivos. En primer lugar, por la profunda ineptitud del emisor. Lo menos que se espera de un político, al margen del conocimiento mayor o menor de su materia, es cierto control del lenguaje y, sobre todo, destreza en la comunicación del mensaje que se quiera transmitir. No en vano, la política es, en gran medida, el arte de la persuasión. Pues bien, si algo ha demostrado Yolanda Díaz es su plena nulidad en ambas disciplinas. 

«El error de Yolanda Díaz fue tal que que la cotización de Aena se hundió en bolsa»

En lugar de anunciar la supresión de vuelos cortos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración inferior a 2,5 horas, la vicepresidenta y, a la postre, también ministra dijo, literalmente, que «han de acabarse los vuelos cortos inferiores a dos horas y media cuando no haya alternativa al tren». En este caso, el orden de los factores sí altera el producto, puesto que el anuncio inicial de Sumar supondría la prohibición de viajar en avión en la práctica totalidad del territorio peninsular.

El error en cuestión fue de tal magnitud que la cotización de Aena, el operador semipúblico de los aeropuertos españoles, se hundió en bolsa, hasta el punto de perder más de 600 millones de euros en pocas horas. No es una simple anécdota. Semejante desatino ya debería ser razón suficiente para dimitir del cargo. Especialmente, si se tiene en cuenta que resulta altamente improbable que los asesores de la ministra -que para eso están- se equivocaran a la hora de plasmar en el papel dicha propuesta, lo cual evidencia una preocupante falta de comprensión conceptual o, al menos, lectora.

En segundo lugar, por el manifiesto engaño que supone la medida en cuestión, ya que, en realidad, se trata de un brindis al sol. Reducir o eliminar dichos vuelos, exceptuando, además, las conexiones con aeropuertos hub que enlacen con destinos internacionales, es como anunciar prácticamente nada. Salvo sorpresa de última hora, y a la espera de conocer los detalles, todo apunta a que las rutas afectadas se limitarán a Madrid con Valencia y Alicante. Así pues, el elefante parió un ratón. Pero como la prioridad del Gobierno es el relato, poco o nada importan los actos y aún menos sus efectos.

«Los vuelos suprimidos son responsables del 0,1% de las emisiones de CO2 que produce España anualmente»

El tercer punto es la ineficacia. El argumento que esgrime Sumar para decretar semejante prohibición es la necesidad de reducir la contaminación que genera el tráfico aéreo con el fin de combatir el calentamiento global. Hasta aquí, el anuncio, veamos ahora la realidad. Puesto que los vuelos suprimidos son responsables del 0,1% de las emisiones de CO2 que produce España anualmente y la economía nacional, a su vez, apenas emite el 0,6% de los gases contaminantes que causa el hombre a nivel global, la potencial reducción sería, como máximo, del 0,0006%. Y eso sin contar que la contribución humana tan sólo representa el 3,6% del carbono total presente en la atmósfera. Así pues, la eliminación de vuelos, ya sean pocos o muchos, tampoco serviría de nada.

En cuarto lugar, cabe señalar la profunda hipocresía que subyace en esta particular restricción, teniendo en cuenta que tanto Yolanda Díaz como Pedro Sánchez y el resto de ministros se mueven habitualmente en vuelos pagados por todos los contribuyentes. Que el presidente que más ha abusado del uso del Falcon, incluso para actividades privadas que nada tienen que ver con el desempeño de su cargo, prohíba viajar en avión al resto de españoles es, simple y llanamente, un insulto de muy mal gusto.

Pero si a ello se añade, por último, el clasismo que rezuma la izquierda, el resultado no puede ser más triste y decepcionante. No en vano, preguntados por si la restricción afectaría a Díaz, los portavoces de Sumar se apresuraron a justificar que los vuelos oficiales son una «excepción» porque los miembros del Ejecutivo trabajan mucho, denigrando así al resto de la población a una especie de categoría inferior. Que los políticos, cuya obligación es servir a los españoles, se sitúen por encima de las normas que ellos mismos promulgan y aplican, valiéndose de privilegios y prebendas exclusivas de carácter estamental, los convierte en la peor de las castas posibles.