¡Fuego!

En ocasiones, hay países que deciden suicidarse. No es la primera vez ni será la última. Ejemplos hay muchos y muy variados a lo largo de la historia, empezando por España, cuya trágica deriva democrática e institucional acabó desembocando en una cruenta guerra civil a finales de los años 30 y una larga dictadura posterior hasta finales de los 70. 

Asimismo, el auge del totalitarismo en Europa durante la primera mitad del pasado siglo XX o la implantación y extensión del populismo en buena parte de Hispanoamérica tras la II Guerra Mundial son, igualmente, pruebas inequívocas de que la democracia, la libertad, el bienestar económico o la paz son logros que no están ni mucho menos garantizados, sino que hay que cuidar de forma constante para que perduren en el tiempo.

España vive un momento de inflexión y lo que está en juego no es baladí. La concesión de la amnistía a los condenados por el proceso separatista catalán va mucho más allá del debate moral o la tradicional negociación política donde los diferentes partidos en liza se intercambian favores y prebendas para permanecer más tiempo en el poder. No, España se juega la democracia en esta particular partida, al menos tal y como la hemos conocido en estos últimos 40 años.

«España avanza hacia un nuevo régimen, se quiera creer o no»

La aprobación de la amnistía supone la negación del orden constitucional, el fin del Estado de Derecho y, por tanto, la derogación del actual modelo democrático. España avanza, pues, hacia un nuevo régimen, se quiera creer o no. Son numerosos los juristas que están dando la voz de alerta, entre ellos una amplia mayoría del Consejo General del Poder Judicial, cuya reciente declaración sobre la amenaza no deja lugar a dudas:

• «El Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España».
• «Utilizar la promulgación de una ley singular para invadir competencias propias del Poder Judicial como medio de negociación política constituye una perversión del régimen constitucional, porque nada impediría que mayorías coyunturales en la composición de las Cortes impongan su criterio por encima de las exigencias constitucionales».
• «Confundir el interés de España con el interés del presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política».

Estado de Derecho, separación de poderes y democracia. Éste y no otro es el verdadero precio que está dispuesto a pagar Pedro Sánchez, con el apoyo del PSOE, para seguir ocupando la Moncloa. El problema no es la amnistía, sino la caída del orden constitucional, puesto que, a partir de ahora, una vez enterrada la Carta Magna, ya no hay límites ni contrapesos al poder político. El imperio de la ley brillará por su ausencia y será sustituido por la pura y simple arbitrariedad del Ejecutivo. Tan triste y crudo como esto.

La mayoría de la gente no es consciente de que las democracias estables y consolidadas no son la regla, sino la excepción, ya que apenas una veintena de países goza de un sistema democrático pleno, entre los que se sitúa España. Lo que abunda, por el contrario, son las democracias defectuosas y, sobre todo, los regímenes autoritarios. Y la degradación democrática, en muchas ocasiones, no es abrupta, sino gradual.

«Algo similar a lo que sufre hoy España es lo que experimentó Cataluña tras la deriva secesionista iniciada en 2012»

Es lo que se conoce como deterioro institucional, y éste ha sido muy intenso bajo el mandato de Sánchez. Desde 2018, España ha bajado del puesto 19 al 22 en el Democracy Index que elabora The Economist, donde se mide la calidad democrática de los diferentes países; del 26 al 36 en el Global Competitiveness Report del Foro Económico Mundial, que evalúa la capacidad para proveer altos niveles de prosperidad; al tiempo que ha perdido posiciones en el Worldwide Governance Indicators del Banco Mundial, donde se analizan aspectos tan importantes como la seguridad jurídica, la estabilidad política, la calidad regulatoria, el buen gobierno, la transparencia o la corrupción.

Algo similar a lo que sufre hoy España es lo que experimentó Cataluña tras la deriva secesionista iniciada en 2012, cuya culminación tuvo lugar con la celebración del referéndum independentista en octubre de 2017. Cinco años de desbocada huida hacia el precipicio que terminó con la implantación de una medida excepcional, como la intervención de la autonomía, el procesamiento y condena de sus autores y una masiva destrucción de riqueza, tras la fuga de miles de empresas, la huida de capitales y un importante frenazo económico.

España experimenta ahora su particular procés en manos de un Pedro Sánchez que en poco o nada se diferencia de Carles Puigdemont. Y hoy, como entonces, hubo un punto crítico, una espita final que hizo estallar la crisis. En Cataluña fue el referéndum del 1 de octubre y en España es la ley de amnistía. En 2017, fue el Rey, con su histórico discurso, quien activó la alarma para frenar el golpe. Eso es lo que desencadenó, en última instancia, la aplicación del artículo 155 y la masiva movilización social en Cataluña en favor del orden constitucional, traduciéndose finalmente en la histórica victoria electoral de Ciudadanos. Todavía no está claro quién o qué encenderá la luz roja para evitar este nuevo autogolpe, si es que se logra evitar, pero lo que está claro es que ha llegado el momento de gritar fuego ante la llegada inminente del incendio… ¡Fuego!