Un Gobierno contra la ley

Tenemos un Gobierno al que le estorba la ley. Ha dado pruebas sobradas de ello y parece dispuesto a dar muchas más. Caídas ya todas las caretas, curada de espantos la sociedad, que obedece de momento la sugerencia del poder de cobrar la pensión y no meterse en política, el Gobierno está decidido a dirigir el país por encima de las leyes, convirtiendo en mera fachada el orden constitucional.

El Gobierno ha entendido que, con una buena ingeniería legislativa, la ocupación de las instituciones y la complicidad de algunos medios de comunicación, todo cabe en la Constitución, que es tanto como decir que la Constitución no vale para nada.

Casi sin darnos cuenta, nos han cambiado el sujeto de la soberanía, que ahora reside, según proclaman a diario los ministros, en el Parlamento y no en el pueblo español. Con mayoría parlamentaria se puede hacer todo, según los exégetas del nuevo régimen. Cada ley que se interponga en los deseos del Ejecutivo, se suprime o adapta a las nuevas necesidades, aunque esa modificación transgreda la Constitución, los convenios europeos o la opinión de los españoles. Por lo visto, los españoles hablan únicamente cuando votan a sus representantes en el Congreso; el resto del tiempo callan y acatan.

De esta forma, se ha violentado el Código Penal para adaptar dos delitos fundamentales -el de sedición y el de malversación del dinero público- al gusto de los delincuentes del 1 de Octubre y a los intereses de sus actuales valedores, el Gobierno de la nación. Se ha quebrantado la decisión expresa de la asamblea constituyente de que la posibilidad de una amnistía no estuviera recogida en nuestra Carta Magna. Y ahora, cuando algunas piezas del Estado de derecho reaccionan para protegerlo, el Gobierno busca nuevas vías para que la justicia y la ley no se interpongan en sus propósitos.

No sé cómo se denomina un sistema político de esta naturaleza, pero desde luego no es una democracia. O, al menos, no es una democracia como la que conocimos, fundamentada en el imperio de la ley.

El Gobierno ha dado motivos de sobra para obligarnos a sospechar que, antes del final de la legislatura, procederá a un reajuste de nuestro modelo territorial, sin respetar las exigencias constitucionales al respecto. Encontrará, con seguridad, los recursos legislativos para hacerlo, la mayoría parlamentaria para aprobarlo y el respaldo mediático para justificarlo. Es de temer, igualmente, que cuando esta legislatura concluya el deterioro institucional sea tan grave que pueda estar en riesgo la opción efectiva de una alternancia en el poder. Peor aún, aún produciéndose un relevo en el Ejecutivo, el próximo Gobierno tendría que ser muy generoso para renunciar al esquema de poder absoluto que el Gobierno actual dejará a su disposición.

«Es de temer que cuando esta legislatura concluya el deterioro institucional sea tan grave que pueda estar en riesgo la opción efectiva de una alternancia en el poder»

España está en riesgo cierto de convertirse en una democracia fallida. No tiene porqué parecerse a ninguno de los modelos autoritarios que tengamos en mente, pero sí puede dejar de ser el sistema que garantiza los derechos ciudadanos, el equilibrio entre los poderes y la igualdad ante la ley. Incluso la libertad de expresión se ve limitada por el clima de intimidación impuesto contra cualquier opinión que pueda identificarse con la fachosfera. En ausencia de esas garantías, los abusos que ya sufrimos, serán mayores y más difíciles de combatir. 

Ignoro en qué puede desembocar el camino emprendido por este Gobierno. Algunos creen que el Estado de derecho goza aún en España de recursos suficientes para poner freno a esta deriva. Otros confían en que las instituciones europeas pondrán orden, en última instancia. Pensando en los precedentes de Hungría y Polonia, tengo mis dudas. Pero lo que es indiscutible es que el Gobierno ha puesto el destino de España en manos de aliados que no creen en nuestra democracia y ven ahora una oportunidad única de acabar con ella.