El freno económico de la sobrerregulación y la polarización
«El clima político actual puede frenar el impulso económico que España necesita y que tiene una buena oportunidad de aprovechar»
Ilustración de Alejandra Svriz.
En momentos como el presente, donde el enfrentamiento político domina, y contamina la conversación, hay que echar mano de documentos como el In-Depth Review 2024 – Spain de la Comisión Europea, que ofrece un análisis profundo de los logros del Gobierno en materias muy relevantes, al tiempo que refleja la necesidad de acciones continuas y coordinadas para mitigar las vulnerabilidades macroeconómicas en España, apuntando hacia reformas estructurales y políticas enfocadas en la sostenibilidad a largo plazo y la estabilidad financiera.
La Comisión Europea admite la existencia de avances por «las fuertes reducciones de las vulnerabilidades asociadas a los elevados niveles de deuda privada y externa de España, y la deuda pública, que también ha retrocedido en los últimos años». Pero a continuación afirma que espera que esta mejoría continúe «en el futuro próximo, respaldado por los continuos superávits en cuenta corriente gracias a la creciente contribución positiva del turismo y las exportaciones de servicios no turísticos, así como a las transferencias netas de capital». No obstante, lanza una advertencia: «Se necesitan más esfuerzos para reducir la elevada deuda pública», problema para el que Europa ha recomendado a España quitar tipos reducidos del IVA, subir impuestos verdes y retirar beneficios fiscales.
Europa cumple con su papel de poner el acento en los puntos oscuros de la recuperación económica española, pero la Comisión también debiera de revisar su excesiva política regulatoria en tanto que puede representar un riesgo significativo para el dinamismo económico. No hay que olvidar que la Unión se compone de 27 países miembros, que no siempre trasponen con agilidad la normativa comunitaria.
La imposición de normativas excesivamente estrictas puede frenar la innovación, incrementar los costos para las empresas y reducir la competitividad en los mercados globales. Además, la complejidad y la carga administrativa pueden desalentar a los emprendedores y obstaculizar el crecimiento de pequeñas y medianas empresas, esenciales para la economía. Este entorno regulatorio puede limitar la capacidad de adaptación y respuesta rápida de las economías de la UE ante cambios y desafíos globales, afectando su crecimiento y sostenibilidad a largo plazo.
El informe destaca tanto las medidas pasadas como las actuales sobre el mercado laboral, porque «han demostrado y están demostrando ser eficaces para reducir el número de empleados temporales y la dualidad del mercado laboral. También tienen el potencial de impulsar la productividad laboral», afirma.
«La Comisión Europea pide a España mejoras que faciliten la contratación y el despido»
No obstante, pide mejoras que faciliten -por ejemplo- la contratación y despido, reduciendo así la dualidad entre contratos temporales y permanentes que caracteriza al mercado laboral español. También promover programas de formación y recalificación para los trabajadores y la promoción de la movilidad laboral.
El documento de la Comisión Europea recuerda lo importante que es fomentar la innovación, a través de más colaboración pública-privada y el apoyo a startups y emprendedores. Los economistas de la Comisión Europea recuerdan que la inversión privada en investigación y desarrollo en España, «se mantiene como una de las más bajas de la Unión» (0,8% del PIB, frente al 1,5% de media en la UE).
Además, pide medidas para la mejora de la competitividad, como la reducción de costes de producción: los laborales unitarios a través de mayor eficiencia y productividad, así como los energéticos y de materias primas.
No se olvida Bruselas de reclamar una mejora de las infraestructuras, la logística y la simplificación de la regulación y los procedimientos administrativos para la creación y operación de empresas, mejorando así el entorno de negocios y atrayendo inversión extranjera directa.
«Sectores como las renovables han destacado los problemas que surgen por la legislación autonómica»
La Comisión recuerda las herramientas creadas para aminorar uno de los problemas endémicos de la España autonómica, la fragmentación del mercado. Se destaca la operatividad del observatorio de buenas prácticas regulatorias y la conferencia sectorial sobre la mejora del entorno empresarial. No obstante, Bruselas pide que se vaya más lejos con iniciativas políticas que reduzcan el tiempo necesario para resolver casos civiles y comerciales que contribuirían aún más a evitar las distorsiones económicas existentes que obstaculizan la creación y el crecimiento empresarial, dificultando el emprendimiento, afectando negativamente las tasas de inversión y al crecimiento de la productividad.
Este punto es uno de los que suscita, desde hace años, más reclamación empresarial: la simplificación administrativa de los procesos. Sectores como las renovables han destacado los problemas que surgen por la legislación autonómica, sobre todo en territorios gobernados por fuerzas nacionalistas, así como por la creación de organismos autonómicos dedicados a la supervisión regulatoria o de competencia, que fungen un cierto papel intimidatorio.
En cuanto a las mejoras en calidad legislativa y eficiencia judicial (algunos de ellas tras figurar como condición para recibir los Fondos Next Gen), apuntan que queda espacio de mejora. Otro de los temas que alaba es la aprobación y puesta en marcha de la nueva ley concursal con un marco de reestructuraciones alineado con las prácticas del resto de Europa.
A lo largo del documento se destaca que la implementación efectiva de estas medidas requerirá un esfuerzo coordinado entre el Gobierno, el sector privado y otros actores relevantes. Por desgracia, esta circunstancia hoy no parece factible, una prueba de que el clima político puede frenar el impulso económico que España necesita y que tiene una buena oportunidad de aprovechar.
