El Gobierno responde a Torra: no declarará el estado de alarma por el brote de Lleida

El Gobierno descarta decretar el estado de alarma parcial para controlar el brote de casos de coronavirus desatado en Lleida porque sostiene que las comunidades autónomas disponen de las herramientas necesarias para actuar en este tipo de casos. Fuentes del Ejecutivo han explicado que tras el veto judicial al endurecimiento del confinamiento en la comarca leridana del Segrià habrá que valorar ahora las decisiones a tomar, pero en todo caso son las autonomías las que tienen el papel «preponderante» en el control de la transmisión.

Por qué es importante: el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado este lunes que «no acepta» la decisión judicial de la magistrada, que interpreta el confinamiento como una medida «indiscriminada» y «desproporcionada». También ha indicado que asumirá las «consecuencias que se deriven de no poner en peligro la salud de las personas».

En este contexto, el Ministerio de Sanidad está para «ayudar» en todo lo que pida esta y cualquier comunidad para atajar los focos, aunque las fuentes reconocen que el auto judicial de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lleida –que es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)– es un «handicap» que hay que solventar. La Generalitat y Sanidad mantienen un diálogo constante de intercambio de información sobre este brote, y esta misma tarde se reunirán para evaluar las medidas puestas en marcha, aunque ya el presidente catalán, Quim Torra, ha avanzado que no acepta el fallo de la magistrada y tomará decisiones mediante decreto.

De momento, insisten desde el Gobierno, las comunidades disponen de instrumentos para actuar, como ya ha ocurrido en la propia Lleida o en los brotes de A Mariña (Lugo) y Ordizia (Gupúzkoa) sin tanta carga legal como el confinamiento individual. A la espera de lo que estimen los equipos jurídicos y la decisión final, existen otras alternativas menos duras que el confinamiento individual como el cierre o apertura de locales o la restricción de aforos en lugares públicos y comercios, aunque las fuentes consultadas reconocen que quizá no sean tan eficaces.