La misión de la UE sobre ETA cuestiona los beneficios a presos etarras: «Ninguno colabora»
Recomiendan que los beneficios a los presos etarras «estén sujetos a su cooperación en la resolución de todos los atentados»
La eurodiputada Agnès Evren, jefa de la delegación del Parlamento Europeo | Europa Press
Conceder beneficios penitenciarios a los presos de ETA solamente si colaboran con la Justicia para ayudar a esclarecer los más de 370 asesinatos sin resolver. Es una de las recomendaciones incluidas en el primer borrador de informe elaborado por la delegación del Parlamento Europeo que visitó España en noviembre para analizar por qué el 44% de los atentados perpetrados por la banda terrorista siguen impunes. Una encomienda que choca con la política penitenciaria del Gobierno de Pedro Sánchez y avala la postura mantenida hasta el momento por la Fiscalía y los jueces de la Audiencia Nacional para frenar la concesión del tercer grado a los presos etarras.
Entre las conclusiones de su visita de tres días a España -donde se reunieron con políticos, policías, autoridades judiciales y asociaciones de víctimas- los eurodiputados destacan que «ningún exmiembro de ETA ha colaborado hasta la fecha en la resolución de los casos no resueltos». Así consta en el primer borrador del informe, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
El documento, que tiene carácter preliminar y será elevado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo el 14 de marzo, incluye entre sus recomendaciones a España la de «instar a las instituciones competentes a que garanticen que los privilegios penitenciarios que puedan otorgarse a los condenados por terrorismo estén sujetos a su cooperación en la resolución de todos los atentados de los que tengan conocimiento, como muestra adicional de su verdadero arrepentimiento».
Tercer grado a presos etarras
Pese a las críticas de asociaciones de víctimas y de los partidos de la oposición, el Ministerio del Interior ha defendido el cambio en la política penitenciaria desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa. Todos los presos etarras han sido trasladados a cárceles del norte de España y 80 a prisiones ubicadas en el País Vasco. Al menos 24 de ellos han conseguido el tercer grado o régimen de semilibertad y otros 136 han pasado de régimen cerrado a segundo grado entre mayo de 2019 y diciembre de 2021, según datos del Gobierno.
La puesta en libertad de los etarras a través de los terceros grados constituye una de las principales demandas de partidos abertzales como EH Bildu y de los grupos de apoyo a los presos etarras Sare y Etxerat. Especialmente desde el traspaso de las competencias penitenciarias en el País Vasco al Gobierno regional. Sin embargo, sus pretensiones se han topado hasta el momento con la firme respuesta de la Fiscalía y los jueces de la Audiencia Nacional, que tienen la última palabra.
El Ministerio Público se ha opuesto a varias solicitudes de tercer grado, pese a contar con el aval de la Administración vasca o del Ministerio del Interior, al dudar de la veracidad del perdón de los presos etarras o por falta de colaboración con la Justicia para esclarecer atentados sin resolver. La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, deberá decidir en marzo si mantiene como jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional a Jesús Alonso por un periodo de otros cinco años o si lo releva en el cargo.
‘Ongi etorri’ y lesa humanidad
La visita de la delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo se produjo entre el 3 y el 5 de noviembre pasados. Encabezada por la eurodiputada francesa Agnès Evren, la misión estuvo conformada también por Alex Agius Saliba (Malta), Vlad Gheorge (Rumanía) y Kosma Zlotowski (Polonia). Se reunieron con policías, jueces, fiscales y víctimas y estuvieron acompañados por los eurodiputados españoles Dolors Montserrat (PP), Cristina Maestre Martín De Almagro (PSOE), Maite Pagazaurtundua (Cs) y Jorge Buxadé (Vox).
En su informe preliminar, adelantado por el diario El Mundo y sujeto a modificaciones y enmiendas posteriores, los eurodiputados abren la puerta a la «posibilidad de considerar los crímenes terroristas de ETA como delitos de lesa humanidad». Incluso los perpetrados con anterioridad a 2004, «considerándolos imprescriptibles y no amnistiables».
También avalan la vía que ha permitido a la Audiencia Nacional imputar a varios líderes de ETA bajo la figura de la «autoría mediata por dominio», contemplada en el artículo 28 del Código Penal, como responsables de varios atentados aún no prescritos. Entre otros, el que acabó con la vida del exmagistrado del Tribunal Supremo José Antonio de Querol, el del concejal del PP Gregorio Ordóñez o el perpetrado en la T-4 del aeropuerto de Barajas en el año 2006.
Asimismo, los eurodiputados urgen a promover medidas con las que evitar los homenajes a presos etarras al salir de prisión por «el dolor y la humillación» que conlleva para las víctimas del terrorismo. En concreto, sugieren una futura reforma legislativa que permita «tipificar como delito» penal la celebración de los ongi etorri. A su vez, piden «a las instituciones pertinentes que proporcionen las salvaguardias necesarias para evitar que se produzca una victimización adicional derivada de humillaciones y ataques a la imagen de las víctimas por parte de sectores sociales relacionados con el agresor».
