El 'caso Valdemoro' cerca ya a Marlaska por mantener en el cargo al director de la prisión
Los principales sindicatos de funcionarios de prisiones han protestado este martes ante el Ministerio del Interior para exigir el cese del responsable de la cárcel de Valdemoro
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. | EFE/ Wifredo García
Los funcionarios de prisiones elevan la presión sobre Fernando Grande-Marlaska por el caso Valdemoro, destapado por THE OBJECTIVE. Este martes decenas de trabajadores penitenciarios han protestado a las puertas de la sede del Ministerio donde tiene su despacho el titular de Interior, en pleno Paseo de la Castellana. Una manifestación convocada de forma unánime por los cuatro principales sindicatos de la Agrupación de Cuerpos de Administración Penitenciaria. Su objetivo, exigir a Marlaska el cese inmediato del director del Centro Penitenciario Madrid III (Valdemoro), Antonio Luis de la Iglesia, por haber sancionado y acusado de graves delitos a funcionarios de esa cárcel que pasaron más de cuatro meses en prisión preventiva y finalmente quedaron absueltos en los juzgados por falta de pruebas.
Bajo el eslogan ‘Contra la criminalización de los trabajadores y la antidemocracia en las prisiones‘, los sindicatos ACAIP-UGT, APFP, CCOO y CSIF se han concentrado a las puertas del Ministerio desde las 11:00 horas y han coreado consignas como «¡somos profesionales, no somos criminales!» o «¡director, dimisión; director, dimisión!». «Es una manifestación en apoyo a unos compañeros que han sido criminalizados de forma injusta y a los que se va a dejar una mancha en su expediente difícil de borrar», señala Rafael Panizo, portavoz nacional de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP). «Hasta ahora el ministro Marlaska ha hecho oídos sordos de las reivindicaciones que desde años venimos presentando, pero pensamos que este caso ya es insostenible. No es posible que el director de la prisión, cuyo nombramiento es político, siga en el cargo después de todo lo que ha salido a la luz», añade Paniza en declaraciones a este diario.
El Ministerio del Interior y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias mantienen en el cargo a Antonio Luis De la Iglesia, director del Centro Penitenciario de Valdemoro desde el año 2009, a pesar del varapalo judicial al intento de incriminar sin pruebas a esos cuatro funcionarios por presuntos delitos de banda organizada, tráfico de drogas, cohecho, prevaricación y omisión del deber. Un caso archivado por la Justicia el pasado mes de marzo, como reveló este diario, al que hay que añadir que bajo la dirección de De la Iglesia se han fugado al menos tres reos de la misma prisión durante el último año y medio.
Tres fugas en Valdemoro desde finales de 2020
La primera fue la mediática huida de ‘El Piojo’ y su hermano, en diciembre de 2020, recapturados meses después de su fuga. La segunda fuga de un preso de Valdemoro se produjo hace poco menos de un mes, a finales de abril, cuando un preso condenado por delitos de robo con violencia -al que le quedaban al menos cuatro años de condena- se dio a la fuga durante una visita terapéutica organizada por una ONG al museo Thyssen-Bornemisza. A este último reo, que sigue en busca y captura, se le permitió participar en la excursión a pesar de que la propia dirección de la prisión le había vetado los permisos ordinarios de salida un mes antes por dar valores altos de creatina en un análisis antidroga.
La dirección de la prisión implicó en la primera fuga a uno de los funcionarios, al que el Juzgado de Instrucción Número 7 de Valdemoro absolvió por falta de pruebas. Después, en el marco de la Operación Orión, implicó al mismo funcionario y a otros del Centro Penitenciario Madrid III por presuntos delitos contra la salud pública. Tres de los funcionarios pasaron cuatro meses y medio encarcelados. Sin embargo, los cuatro quedaron absueltos el pasado 22 de marzo después de que la Guardia Civil, la Fiscalía y el juzgados de Instrucción número 4 de Valdemoro concluyeran que no había pruebas que acreditasen los delitos que la dirección que la cárcel les imputaba.
La juez declara firme el archivo de la causa
En un auto fechado el pasado 12 de mayo, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el juzgado ha declarado firme el archivo de la causa contra los cuatro funcionarios acusados. Doce días después, la Fiscalía remitió un nuevo escrito al juzgado en el que descarta solicitar nuevas diligencias en este caso y en el que además apoya la devolución de los objetos intervenidos al primero de los funcionarios detenidos, a quien aún no se han devuelto los ordenadores y las llaves del coche que le fueron incautadas por la Guardia Civil cuando fue detenido a finales de mayo de 2021.
«La dirección del centro penitenciario, lejos de asumir la responsabilidad que conlleva confiar en su plantilla, se dedica de la forma más torticera y maquiavélica posible, a inventar tramas delictivas en las que de forma absolutamente artificiosa crean situaciones que dan la apariencia de que los funcionarios del centro incurren en conductas tipificadas como delitos en sus relaciones con los internos», señala la convocatoria de la manifestación que se celebra este martes frente al Ministerio del Interior, secundada por las secciones sindicales de ACAIP-UGT, APFP, CCOO y CSIF.
Los manifestantes han solicitado una reunión con la subsecretaria de Estado del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea, para entregarle una carta en la que solicitan a Marlaska el cese inmediato de José Antonio Luis de la Iglesia. En la carta, de alto contenido político se señala que «lo que está en juego son los valores democráticos», informa Jerónimo Martín, delegado de ACAIP-UGT en el centro penitenciario de Valdemoro. «No podemos tener en instituciones así a dirigentes que fomentan prácticas antidemocráticas como acusar sin pruebas a trabajadores públicos. Es el hecho más grave que ha pasado en prisiones desde el 11-M», añade Martín.
Los vídeos destapados por THE OBJECTIVE
Las declaraciones en sede judicial de los testigos aportados por la dirección de la prisión, a las que tuvo acceso THE OBJECTIVE, desmontan prácticamente por completo la investigación que había llevado a cabo la Guardia Civil y por la que la magistrada los había mantenido en prisión provisional. Los testigos, en su mayoría presos, afirmaron «no haber presenciado nada», «haber escuchado de oídas» e incluso que los investigadores «habían puesto en su boca palabras que no habían dicho». Ante estos testimonios, la perplejidad de los letrados y la jueza es tal que incluso esta última, según puede apreciarse en las grabaciones, llega a decir: «¿Pero dónde está la cámara oculta?».
«Estos vídeos muestran la indignación, el enfado e incluso el sonrojo que esta presunta trama absolutamente engañosa y sin contenido algo, producían en la Jueza y en el Ministerio Fiscal», se lee en el comunicado de convocatoria de la manifestación, en el que se también se denuncia una «huida» de trabajadores de la prisión de Valdemoro debido a que «nadie quiere trabajar bajo dirección de la persona que ostenta este cargo». «Trabajar en Valdemoro es indeseable para el colectivo de los empleados de prisiones. Lo único que este colectivo tiene en la cabeza es: ¿qué será lo siguiente? ¿a quién le tocará?», concluyen en un comunicado los cuatro sindicatos que convocan la protesta de este martes contra Marlaska.
El propio director de la cárcel de Valdemoro admitió ante la juez errores en la identificación de los funcionarios que fueron implicados en la presunta trama de tráfico de drogas por la que fueron enviados a prisión, según consta en el sumario del caso, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Como adelantó este diario a principios de mayo, más de un mes y medio después del archivo de la causa en los juzgados, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha levantado la suspensión de empleo y sueldo a los cuatro funcionarios del centro penitenciario de Valdemoro.
No obstante, el director de la prisión sigue en el cargo, a pesar de que los exteriores del centro penitenciario de Valdemoro se encuentran repletos de pancartas exigiendo su dimisión y acusándole de haber destrozado la carrera y la vida familiar de los funcionarios a los que acusó sin pruebas que acreditasen sus acusaciones.
